Una madre embarazada va a su Ayuntamiento a pedir una ayuda social y acaba sin ayuda ninguna y con los de la Dirección General acechándola en el Hospital al dar a luz para quitarle a su hija. Unos padres pierden la custodia de su hijo al nacer porque trabajan en algo que les obliga a viajar mucho. Una familia está a punto de perder la tutela de sus dos hijas porque un vecino dice que van mal vestidas. Una madre se tira de una décima planta y se mata el día que la llaman por teléfono desde una oficina de la Administración para decirle que tiene que entregar a sus hijos. Otra madre es obligada a abortar contra su voluntad por los Servicios Sociales de su Ayuntamiento, porque éstos aducen que no podrá cuidar a su futuro hijo. Otra familia vive huyendo permanentemente de su Ayuntamiento porque están de ocupas en una casa con sus hijos y saben que no pueden ir a pedir ayuda porque les abrirán expedientes a sus hijos.
Estos, son sólo algunos casos reales que se han dado en estos años en Canarias con familias humildes y no tan humildes. Sólo algunos, a los que he tenido acceso. No quiero ni pensar cuantos más no habrá parecidos que yo no sepa. Entonces uno se pregunta: ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué, si las leyes dicen que el interés superior del menor es lo primero y entre ese interés superior siempre está permanecer con sus padres o familia biológica, salvo excepciones muy claras como malos tratos, drogas, delincuencia, abusos y otras conductas reiteradas igualmente graves? ¿Por qué, cuando la misma ley establece medidas de ayuda a las familias que tengan algún problema económico o de otro tipo que afecte al buen cuidado de sus hijos, con el único fin de que la familia siga unida? Respuestas no hay una, son muchas.
Para empezar en este país y en Canarias también, tenemos la fea costumbre de criminalizar al pobre por el simple hecho de ser pobre. Los prejuicios se amontonan cuando miramos a una familia precaria con unos cuantos hijos. ¿Quién va a poner en duda lo que dice una Administración Pública sobre una familia humilde?, y, ¿quién los defiende cuando se ven inmersos en un expediente con sus hijos? La justicia es cara, los abogados también, y los de oficio tardan una eternidad y en la mayoría de los casos ni se molestan. Alguien dirá en este punto: los trabajadores sociales y los técnicos son justos y cumplen la ley. Y yo les digo: las leyes están llenas de trampas, vicios y subterfugios legales, aún más cuando a la parte más débil, totalmente indefensa, se le montan expedientes en base a incidentes puntuales que se engordan y exageran según conveniencia, y por obra y gracia de la Ley de Protección de Datos la familia no ve ni un sólo papel escrito donde le expliquen mínimamente lo que está pasando durante el proceso, hasta que vienen con el furgón y el carrito a casa a por el niño para llevárselo.
¿Sabían ustedes que en Canarias los Ayuntamientos reciben una asignación económica supeditada al número de expedientes sobre menores que sean capaces de tramitar? ¿Qué pasaría si en lugar de abrir expedientes a cada poco se limitaran a escuchar a la familia y darle la ayuda social que necesitan? No habría niños en desamparo, o habría muchos menos. Entonces, ¿qué haría todo el entramado funcionarial que hay montado en torno a los menores en nuestras Administraciones para tramitar expedientes de riesgo, acogimientos, desamparos, tutelas, amparos, adopciones y demás figuras legales? Muchos se quedarían sin trabajo, y claro, eso no puede ser.
¿Y saben ustedes que el Gobierno de Canarias deriva a los Cabildos más de 200 euros al día por cada niño tutelado por la Administración? De esos más de 200 euros, ciento y pocos euros es lo que acostumbra a pagar el Cabildo a las ONG que gestionan el recurso por cada niño y día. No me pregunten dónde va la diferencia porque no lo sé, lo que sí sé es que a los trabajadores de base de muchas de esas ONG les pagan muy poquito, cuando no son voluntarios. Y no quiero extender esta reflexión a todo el entramado de las ONG porque no acabaríamos nunca de nombrar organizaciones que viven de recurrir al remordimiento y la compasión de la gente frente a la pobreza, argumentos infalibles. ¿Acaso no sabemos ya dónde está la solución a la pobreza? ¿No será que aquí nadie quiere que la pobreza se acabe? De repente me vienen algunos datos, y me entero de que en Francia el mercado de las ONG mueve en torno a 3.000 millones de euros anuales en donaciones, y desde hace 10 años las cantidades aumentan una media de un 5% al año. En España, en Canarias, no debemos andar muy a la zaga en este mercado de la caridad, que además desgrava a Hacienda. Y la pregunta primera es: ¿cuánto de ese dinero repercute directamente en los niños y cuánto se va en otras cosas?
Por cierto, me han dicho que las adopciones en Rusia y en China, y en otros países, cada día están más complicadas. En fin, seguiremos investigando y denunciando, mientras me dejen, y tal vez pronto consigamos cambiar algo. Aunque, no sé, si lo pienso bien, siendo realista, creo que es más probable que acaben silenciando esta voz crítica más pronto que tarde, y es que el miedo y la putrefacción lo inundan casi todo a este lado del Atlántico.
Eloy Cuadra