Versus Sistema Contra el Sistema
Tras el último artículo sobre la inflación y las izquierdas domesticadas, seguimos dando continuidad a problemas que afectan a Canarias y por extensión a toda España, pero tienen su causa y origen en decisiones que toman otros a los que ningún español ha votado. Se trata en esta ocasión de la eliminación de cultivos y recursos ganaderos que parece estar imponiendo la Unión Europea, preocupante asunto auspiciado por un supuesto Pacto Verde Europeo para luchar contra el cambio climático y el deterioro del medio ambiente. Me preocupa porque observo cierta unanimidad entre el sector primario español, que se muestra mayoritariamente contrario a las medidas que vienen de Europa, y como no es posible que se hayan vuelto de repente todos negacionistas o antieuropeos, está claro que algo o mucho tiene que haber de sensato en esta revuelta subversiva de ganaderos y agricultores, teniendo en cuenta que los españoles no destacan por ser demasiado revolucionarios, nada que ver con los chalecos amarillos franceses y otras luchas sociales del país vecino.
Y nos vamos a la web oficial de la Comisión Europea para ver de qué va esto del Pacto Verde. Al parecer es un plan a largo plazo con el que se dice que se “aumentará el bienestar y mejorará la salud de los actuales ciudadanos y de las generaciones futuras proponiendo: aire fresco, agua limpia, suelo sano y biodiversidad. Edificios renovados y eficientes desde el punto de vista energético”. Todo muy bonito sobre el papel, a priori, nadie podría negarse a tan hermoso plan.
De las directrices de este Pacto Verde Europeo sale la ley española de bienestar animal que entrará en vigor en septiembre, y así se leía en el digital agroinformación.com de marzo el siguiente titular: La mayor parte del sector avícola, abocado a desaparecer al exigir Europa que el número de aves en las granjas se reduzca un 72%. Por lo visto es una imposición de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), a propósito de las condiciones de enjaulamiento y relacionados, dicha normativa afectará también al resto de animales estabulados. Insisto, a priori está muy bien, animales en granjas saludables, con menos hacinamiento y menos químicos. Está muy bien, pero hay que verlo en el contexto, contando también con sus efectos.
También sale del Pacto Verde Europeo la Ley de Restauración de la Naturaleza, una ley de pronta aplicación en Europa que va pasando trámites parlamentarios, y que, entre otras medidas, propone la eliminación de embalses y barreras fluviales para que muchos miles de kilómetros de ríos europeos sean de caudal libre (imaginen cómo va a agravar este asunto la sequía persistente que azota a media España) y que se abandonen multitud de cultivos y explotaciones ganaderas o piscícolas por considerarlos ecosistemas dañados, todo ello para un muy loable fin de recuperar la biodiversidad de nuestra naturaleza, y que vuelvan así las mariposas, las aves, los bosques, los peces y el aire más limpio. De nuevo bien hasta aquí, estamos de acuerdo en que agricultura y ganadería intensivas restan biodiversidad y riqueza a nuestros ecosistemas, y es de suponer que algo se podrá hacer. Dos preguntas nos asaltan: ¿son estas las mejores medidas?, y, ¿todos los países sacrifican y apuestan por igual? Veamos lo que nos dicen los datos.
De entrada, sorprende que en los propios informes de impacto de la Comisión Europea se hable de enormes pérdidas para el sector primario europeo. Se entiende que mayores serán las pérdidas cuanto mayor sea la importancia del sector, y en España el sector primario supone el 9,7% del PIB, que no es poco. Dice la Unión Europea que las pérdidas y los muchos puestos de trabajo que desaparecerán los van a cubrir con los fondos de la Política Agraria Común (PAC), unos fondos que ya están siendo usados para otras ayudas por sequía y encarecimiento de costes, de dónde no parece que haya mucho más que sacar, cuestión que denuncian los agricultores afectados, cuando estas supuestas ayudas sólo van a estar activas para este fin por cinco años, insuficiente a todas luces. Afirman desde la asociación ASAJA que aproximadamente el 40% de la superficie de España se declarará improductiva por no permitir la actividad agrícola, aún cuando ya hay legislaciones proteccionistas anteriores que establecían límites, las Zonas Especiales de Conservación (ZEC) o las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), además de leyes fitosanitarias y legislación laboral. Para que nos hagamos una idea aún mayor de cómo puede afectar esta ley al campo español, según datos de octubre de 2022, el sector agrario ocupa en España a unas 740.000 personas, ¿cuántos quedarán dentro de unos años?
Otro peligro añadido a esta reducción alarmante de recursos alimenticios, según denuncian también las propias asociaciones del primer sector, es que se pone en serio riesgo la seguridad alimentaria del continente europeo. Pero está claro, en la Europa de los lobbies deben tener algún plan, y el plan es el mismo que han seguido las grandes corporaciones en otros sectores estratégicos, esto es: deslocalizar mercados para eludir normativas restrictivas, abaratar costes y maximizar beneficios a costa de la calidad, y utilizar luego su enorme poder de influencia para crear opinión pública que apoye sus planes, diciéndole a la gente lo que tienen que comer y lo que no, lo que es ético y lo que no, lo que es verde y lo que no. Como muestra un nuevo ejemplo, lo que leemos en el digital atalayar.com de fecha 22 de mayo de 2023: Desde la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Marruecos, las importaciones de frutas y hortalizas en España procedentes de ese país se han cuadruplicado y en la Unión Europea duplicado.
Es curioso cómo a la UE, tan preocupada por la biodiversidad, la sanidad alimentaria y otras cuestiones éticas, no le preocupan los pesticidas que se usan en Marruecos, ni los ecosistemas que se dañan, ni las condiciones laborales poco garantes de los derechos de los trabajadores que se aplican allí. Este mismo cuestionamiento vale para muchos alimentos que se importan a Europa desde Sudamérica o Asia (frutas tropicales, carne, arroz), comerciando con países a los que no se les exige ni la mitad de los requisitos medioambientales, sanitarios o laborales. Un dato más sobre Marruecos y la Unión Europea, para que entiendan hacia dónde van las políticas agrarias comunitarias: desde hace aproximadamente un año funciona en Agadir (Marruecos) la mayor desaladora del mundo, dedicada a suministrar agua de riego a toda la vega alauí, fabricada por cierto por una empresa española (Abengoa), con el beneplácito y el apoyo de la Unión Europea. En Andalucía en cambio, los agricultores llevan tiempo reclamando a las administraciones una desaladora que socorra al campo de la sequía, hasta la fecha nadie los ha escuchado.
Hasta aquí hemos volcado argumentos de sentido común, mostrando el despropósito que supone dejar el suministro de alimentos para la población europea en manos de mercados externos, algunos muy alejados de Europa, con el subsiguiente riesgo de desabastecimiento ante nuevas crisis pandémicas, energéticas, guerras y otras luchas de la geopolítica global. Sorprende además cómo se contradicen ellos mismos, pues están promoviendo la deslocalización de mercados alimentarios en países lejanos, algo que va claramente contra los objetivos 2 y 12 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 que ellos mismos promueven. El objetivo número 2 es el del Hambre Cero, basta echar un vistazo a páginas oficiales para comprobar cómo insisten en promover a los pequeños y medianos agricultores locales, o cómo ellos mismos lo dicen textualmente, pretenden: “Mantener en funcionamiento los engranajes de las cadenas de suministro nacionales”, y “Apoyar la capacidad de los pequeños productores para aumentar la producción de alimentos”. El objetivo número 12 es el del Consumo Sostenible, entre sus postulados recomienda consumir productos locales de kilómetro cero con los que reducir la contaminación por el transporte, entre otros beneficios. También la ONU, desde la FAO, lleva mucho tiempo hablando de la importancia del autoabastecimiento, esto es, que los países puedan producir hasta el 50% de lo que consumen, para evitar posibles crisis de suministro. Pues bien, todo esto parece que se les ha olvidado, y han decidido cargarse todo el sector primario de los países tristes del sur de Europa. Lo último que vi en porcentaje de autoabastecimiento para Canarias por cierto, apenas llega al 20%.
Pero hay más, porque a poco que sigamos investigando nos daremos cuenta que esta supuesta urgencia verde europea movida por el riesgo climático, no es más que hipocresía, greenwashing, una pantomima que se aplica cuando la medida no molesta demasiado o afecta a países menos importantes, como es España, dándoles igual que nuestro sector agroalimentario aporte casi el 10 % del PIB de la economía, o que seamos (según la European Statistics Handbook 2022) el país de la UE que más frutas y verduras produce, con unos 13,5 millones de toneladas producidas de fruta y unos 10,1 millones de toneladas de verduras (datos de 2020), líderes también en aceite de oliva y vinos. Resulta pues bastante arriesgado y muy suicida sacrificar a este sector, en lugar de ayudarlo, sabiendo como sabemos que España apenas tiene industria, no es una potencia en nuevas tecnologías, tampoco tiene grandes conglomerados financieros que tributen aquí, ni compañías energéticas públicas, ni aerolíneas públicas, ni bancos públicos, con un sector público que apenas ocupa el 1,5 % del PIB, esto es, lo hemos vendido todo, con unos índices de pobreza y precariedad laboral superiores a la media europea, y una Deuda Pública del 113%. Pues bien, con este panorama de partida -y aquí viene lo más sangrante-, la Unión Europea nos pide que nos suicidemos económica y alimentariamente por un supuesto bien para las generaciones futuras, pero resulta que aquí casi ningún país sacrifica ni la mitad que España, cuando de tocar sectores estratégicos se trata. Y es que el sector primario en Europa apenas llega al 6% del PIB total, a Alemania solo le supone el 0,7%, a Francia el 1,7%, con una cuenta parecida para la mayoría de países ricos de la eurozona. Qué distinto resulta, por ejemplo, cuando la medida verde afecta a sectores estratégicos de otros países más potentes. Y así leemos en el diario Público de hace unos meses el siguiente titular: Francia y Alemania ponen en jaque el Pacto Verde Europeo al defender la energía nuclear y los motores de combustión. Ah, claro, que la energía nuclear no interesa tocarla porque Francia es una potencia mundial, y el gas natural tampoco porque lo necesita media Europa, entonces los declaramos energías verdes a la altura de las renovables, aunque sabemos todos que de verdes no tienen nada, y como Alemania es una potencia mundial en la fabricación de coches de combustión y en Europa manda Alemania, tampoco lo incluimos en el Pacto Verde, ni le decimos nada para que reduzca el consumo de combustibles fósiles (está entre los 10 países más contaminantes del mundo), especialmente el carbón de las centrales eléctricas, en aumento claro en 2022. La barra libre de Alemania la veremos mejor en un dato comparativo. El porcentaje del total del mix eléctrico que Alemania produjo con la quema de carbón en 2022 ascendió al 32% del total, en España en cambio ese porcentaje se quedó en el 2,8% del total. Está claro pues: eso del Pacto Verde es sólo para los gilipollas de los españoles y algunos bobos más.
Y así vamos llegando al quid de la cuestión, el Pacto Verde Europeo y otras tantas medidas con apariencia de sostenibles no son más que una campaña de marketing bien montada, una farsa lavaconciencias, greenwashing puro y duro. Dicho de otra manera, hablar de crecimiento económico y añadirle la etiqueta de sostenible es un oxímoron, son palabras con significados opuestos hoy día. Es sencillo: el límite al que la avaricia, la ceguera y la capacidad autodestructiva del ser humano han llevado a nuestro planeta, no permite hablar de crecimiento económico y de sostenibilidad en la misma frase. ¿Por qué ningún partido político de los importantes en España está defendiendo de verdad a nuestro sector primario, como sí hacen franceses, alemanes y otros europeos cuando de sus intereses se trata? Para esto no tengo la respuesta, no sé si es por ineptitud, por comodidad, por cobardía, por adoctrinamiento o porque todos están comprados, y acabarán convenientemente colocados como directivos de alguna multinacional estratégica cuando se vayan de la política.
Para terminar, como siempre me gusta concluir con alguna propuesta en positivo que nos saque de este callejón sin salida al que parecemos estar abocados, recomiendo a los lectores que investiguen sobre el Decrecimiento, una corriente económica ya relativamente antigua que viene defendiendo desde hace décadas, que solo es sostenible la economía que apueste decididamente por una disminución importante del consumo, de los transportes a larga distancia, del flujo especulativo continuo de capitales y del consumo de combustibles fósiles. En otras palabras, hay que deconstruir el capitalismo como lo entendemos hoy y pensar en otra cosa, en otras formas de convivencia más justas, menos destructivas. Y no sólo lo digo yo, lo piensan y lo dicen otros muchos, entre ellos uno de los referentes del Decrecimiento en España, Miguel Pajares, Licenciado en Ciencias Biológicas, Doctor en Antropología Social y autor de un reciente libro titulado “Bla-bla-bla. El mito del capitalismo ecológico“. El libro entero está dedicado a desmontar este greenwashing europeo que para nada sirve. Acabo el artículo con un párrafo suyo muy ilustrativo, de una entrevista que le hicieron hace un par de meses en el digital catalunyaplural.cat:
“Lo que digo en el libro es que esta gran transformación ecosocial que necesitamos pasa por desarrollar una economía diferente, una economía más solidaria, más social, basada en cooperativas, basada en redes de consumo de proximidad, basada en movilidad compartida, basada en construcciones de viviendas diferentes donde haya servicios comunes, basada en una agricultura campesina, agroecológica, que necesite menos combustibles fósiles, menos fertilizantes y todas estas cosas. Esto es lo único que nos llevaría a reducir el consumo energético, a reducir el consumo en general y, por supuesto, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Este tipo de sociedad es una sociedad más igualitaria, más justa. Por eso ahora se habla de justicia climática. No se habla sólo de lucha contra el cambio climático, sino de justicia climática, de vincular la lucha climática con la lucha social, con las políticas de igualdad, con combatir las desigualdades, con combatir esa concentración tan brutal de la riqueza que se está haciendo a manos de las élites corporativas y financieras. Todo ese conjunto de acciones que nos puede llevar a una sociedad de menos consumo energético es lo que nos lleva a una sociedad más igualitaria. Y ahí está la idea final esa de que si salimos más o menos indemnes de la crisis climática, estaremos viviendo en una sociedad más justa, porque sólo así podremos salir.”
Hasta aquí lo que se daba sobre este tema. ¿Indignado?, ¿indignada? Yo sí lo estoy viendo lo que nos viene. A este paso pronto sólo habrá lugar para ser funcionario, policía o asalariado de una multinacional, el resto, los sobrantes, a malvivir con un triste subsidio, a ver si puedes. Si no te gusta, solo queda resistirse.
Eloy Cuadra, escritor y activista social.
