Versus Sistema Contra el Sistema
1. Empezamos con treinta años de retraso
Tras la Segunda Guerra Mundial, en la mayoría de la Europa Occidental se asienta la democracia, con los estados del bienestar socialdemócratas keynesianos funcionando a pleno rendimiento, en una etapa que duró hasta que la entente ultraliberal Thatcher-Reagan impuso su credo. En España llegamos tarde. Después de 40 años de aislamiento franquista, sin estado del bienestar y casi sin derechos sociales efectivos, la democracia nace con notables déficits estructurales. No heredamos un parque público consolidado ni una cultura de alquiler social fuerte. Esta realidad nos ha lastrado desde entonces y aún hoy sigue afectando.
2. En los 80: propietarios y vivienda pública que termina privatizada
Tras la dictadura, el sistema mantuvo la inercia de priorizar la propiedad frente al alquiler, a diferencia de lo que ocurría en buena parte de Europa. La aprobación de la Ley del Mercado Hipotecario en 1981 facilitó el acceso al crédito y permitió que muchas familias compraran vivienda mediante hipotecas cada vez más accesibles. A la par, se mantuvo un volumen relevante de vivienda pública, pero con un diseño estructural defectuoso, pues la mayoría de estas viviendas protegidas acababan descalificadas y pasadas a propiedad privada. Dicho de otra manera, no se construyó un parque público permanente de alquiler, con un mensaje político muy claro: ser propietario era el objetivo natural del ciudadano.
3. En los 90: bonanza y liberalización del suelo
En los 90, España orienta su política hacia la liberalización masiva del suelo y la reducción de la intervención pública directa. A lo que contribuye enormemente la aprobación de la nueva Ley del Suelo en 1998, que establecía en la práctica que todo suelo no protegido podía ser urbanizable. La expansión urbanística se convirtió en política económica central de muchas administraciones, con una premisa clara: había que abandonar la promoción directa de vivienda pública y apostar por VPO de promoción privada. Aquello fue el caldo de cultivo perfecto para pelotazos urbanísticos, recalificaciones masivas y corrupción política. Es en esta década cuando la vivienda dejó de ser un derecho social para convertirse en motor financiero y herramienta especulativa.
4. La década prodigiosa, el estallido y la crisis
En la primera década del milenio la bonanza económica del país alcanza su cénit, con el sector inmobiliario y el ladrillo como motores. Se construye masivamente vivienda privada, y también se compra masivamente, con las familias hipotecadas sin garantías. El precio de la vivienda sube exponencialmente. Así las cosas, a mediados de la década España se convierte en anomalía europea, con una mayoría aplastante de propietarios endeudados, frente al modelo dominante en Europa con mucho peso del alquiler. En 2008 estalla la burbuja. La clase política, mediocre y complaciente con el modelo especulativo, fue incapaz de prever o mitigar el desastre. La vivienda, convertida en activo financiero, arrastra consigo a millones de familias.
5. Se rescata a los bancos, no a las familias
Tras la crisis, millones de familias pierden sus casas. Pero el Estado opta por salvar al sistema financiero, inyectando decenas de miles de millones de euros públicos para rescatar bancos. A día de hoy, se estima que unos 60.000 millones no han sido devueltos, ni lo serán. A la par, se produce una fuerte concentración bancaria y llegan los años del austericidio. Los españoles, con un Estado del Bienestar poco desarrollado y sueldos bajos, enfrentan una década de depresión social y aumento brusco del desempleo y la desigualdad. Se estima que desde 2008 se han ejecutado más de un millón de desahucios en España. La prioridad quedó clara: estabilidad financiera antes que derecho constitucional a la vivienda (artículo 47 de la Constitución).
6. La respuesta social, sin respuesta estructural
La indignación social cristaliza en el 15-M y en colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ponen en el centro del debate la dación en pago, la paralización de desahucios, una banca pública, la necesidad de vivienda social o la urgencia de frenar la especulación. Pese a la fuerte movilización social, la irrupción de Podemos y su entrada en el Gobierno, básicamente nada se ha hecho. Estructuralmente, el modelo no se alteró. No se construyó un parque público masivo, ni se intervino el mercado de forma sostenida, ni se alteró el carácter financiero de la vivienda.
7. Fondos buitre y financiarización
Tras la crisis, la banca acumulaba miles de viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias. Muchas de ellas fueron vendidas con grandes descuentos -casi regalos- a fondos de inversión internacionales. En 2012 se crea la SAREB, el llamado “banco malo”, que facilitó la salida de activos tóxicos del sistema financiero y muchas nuevas viviendas, asumiendo la deuda finalmente el Estado. Lamentablemente, no se hizo público ese gran parque de vivienda, continuó engrosando la cartera especulativa de los fondos buitre. Con posterioridad, para hacer aún más fácil el acaparamiento lucrativo de la vivienda, se aprueban beneficios fiscales (SOCIMIs) y reformas legales que facilitaron la entrada de capital especulativo. La financiarización generalizada de la vivienda provocó muchos miles de desahucios nuevos y una subida considerable de los alquileres, muy por encima del crecimiento salarial.
8. El auge del alquiler vacacional
A partir de 2013-2014, con la recuperación económica y la expansión de plataformas como Airbnb, el alquiler vacacional dejó de ser complementario o “economía colaborativa” -como defendieron bisoñamente hasta partidos alternativos- para convertirse en industria. El efecto inmediato y progresivo fue la retirada de miles de viviendas del mercado residencial para destinarse al uso turístico. En ciudades y territorios turísticos -Canarias entre ellos- el fenómeno fue especialmente intenso, con reducción alarmante de oferta de alquiler estable, incremento inaccesible de precios y expulsión progresiva de residentes. A día de hoy, la regulación ni siquiera termina de llegar, y donde lo hace resulta tibia o ineficaz. Entre tanto, la rentabilidad del alquiler turístico no ha parado de crecer, convertido el modelo en un auténtico lobby ahora ya muy difícil de contrarrestar.
9. La venta masiva a extranjeros: mercado global, salarios locales
Tras la crisis, España se convirtió en destino privilegiado de inversión inmobiliaria internacional. En determinadas provincias y archipiélagos, el porcentaje de compraventas por parte de extranjeros ha alcanzado cifras muy elevadas, fruto del alto poder adquisitivo del europeo medio frente a la población local, y la alfombra roja que desde las administraciones han puesto (golden visa, teletrabajo tecnológico). El precio de la vivienda se fija según la capacidad adquisitiva de economías más fuertes, y el trabajador local queda fuera de cualquier opción, porque compite en un mercado global, en un mercado salvaje. En regiones con sueldos bajos y dependencia turística -como Canarias-, el efecto es devastador.
10. Siete años de promesas: el Gobierno de Pedro Sánchez
Con la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez, se abre la expectativa de un giro estructural en política de vivienda, y el discurso parece cambiar. Pero los años pasan y de la retórica no se pasa, hasta 2023, año de aprobación de la primera ley estatal de vivienda de la democracia. La ley, muy tibia y descompensada, introduce algunas herramientas como la declaración de zonas tensionadas y límites a la actualización de rentas, pero todo queda sobre las espaldas de los propietarios y la aplicación -o no- de las comunidades autónomas, y la norma se convierte en papel mojado. Entre tanto, el parque público sigue siendo uno de los más bajos de Europa, no se ha buscado una movilización masiva de vivienda social, ni la SAREB se ha transformado en el instrumento estructural que muchos esperaban.
11. La criminalización de la ocupación: el gran desvío
Mientras los gobiernos y administraciones seguían a otra cosa en materia de vivienda, el debate público se fue centrando cada día más en el fenómeno de la ocupación. Y aunque los datos siempre han mostrado que se trata de un fenómeno estadísticamente minoritario en comparación con el volumen total del parque inmobiliario, el asunto se ha convertido en eje central del discurso político, a lo que han contribuído enormemente la polarización social anti Pedro Sánchez, el auge de la ultraderecha y la hegemonía de medios conservadores defensores de la propiedad privada. Esta realidad social ha derivado en una continua y asentada sensación de alarma, en un incremento de la aporofobia (criminalización de los pobres) y en la imposibilidad de avanzar grandes acuerdos o consensos por el derecho a la vivienda.
12. El fracaso histórico del parque público
Un factor capital en este deterioro progresivo del derecho a la vivienda lo pone el hecho de que España tenga uno de los parques de vivienda social más reducidos de Europa occidental. Y ello porque durante décadas la vivienda protegida se ha vendido, no se ha consolidado el alquiler público permanente, y en muchos casos aún peor, con grandes promociones públicas vendidas sin escrúpulos a fondos de inversión, como ocurrió en Madrid durante el mandato de Ana Botella. Y así, sin parque público suficiente, y sin otros mecanismos reales de presión, el Estado carece de herramientas efectivas para influir en precios y garantizar el acceso a la vivienda.
12. Reformas que aumentaron la inseguridad
Por si no bastaba con todo lo que hemos contado, la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos en 2013 redujo la duración obligatoria de los contratos, aumentando la vulnerabilidad del inquilino y facilitando subidas rápidas de rentas. La fiscalidad, históricamente favorable a la propiedad frente al alquiler, reforzó el sesgo estructural. Y las competencias fragmentadas entre Estado, comunidades y ayuntamientos facilitaron la inacción.
13. El nuevo ciclo: empleo precario en un mercado global
Revertir la situación de la vivienda en España, tras décadas de decisiones orientadas a vaciar de contenido el derecho constitucional, no es sencillo -por no decir imposible- en el contexto actual. No lo es si tenemos en cuenta que la recuperación económica tan vendida por Sánchez es altamente engañosa, porque los salarios siguen bajos y perdiendo poder adquisitivo, el empleo es mayoritariamente precario y de bajo valor añadido y los alquileres se han disparado muy por encima del crecimiento de las rentas. A ello se suma un factor estructural difícil de neutralizar: el hecho de que España se haya consolidado como uno de los destinos más atractivos del mundo tanto para invertir como para vivir. En una economía europea abierta, con libre circulación de capitales y personas, resulta inviable restringir de forma significativa la llegada de compradores e inversores internacionales con mayor poder adquisitivo. Así, el mercado inmobiliario español compite ya en una liga global, mientras los salarios siguen siendo locales.
En conclusión…
La combinación de fondos y rentistas dominando amplias bolsas del mercado -que nada quieren saber de la vivienda como un derecho-, con millones de viviendas desviadas al uso turístico, la entrada constante de capital extranjero, un parque público insuficiente, unos sueldos muy bajos, la polarización fanática de la sociedad y una clase política nefasta y enfrentada, nos han traído la tormenta perfecta que hace que hoy, en buena parte de España, tener trabajo no garantice poder vivir en condiciones dignas, y no se vislumbren soluciones fáciles.
Dicho con otras palabras: el derecho a la vivienda en España no se lo han cargado de un día para otro, no es cosa solo de Pedro Sánchez, han trabajado duramente todos durante muchas décadas, por ideología, por especulación, por omisión política y por cobardía.
En este punto no puedo evitar recordar la escena final de El planeta de los simios, cuando el personaje interpretado por Charlton Heston descubre que el planeta arrasado era la Tierra y grita desesperado:
¡Maniáticos, lo habéis destruido! ¡Os maldigo a todos!”
. Una acertada metáfora sin duda, para un final brillante y trágico, que va camino de ser premonitorio.
Eloy Cuadra, escritor y activista social
