Nuestros argumentos eran claros: la Ley de Arrendamientos Urbanos exceptúa el pago del IBI a los arrendatarios de viviendas sociales, además incorporamos una Sentencia del Tribunal Supremo del año 2023 que lo venía a confirmar. A sus señorías les dio igual, ni que lleváramos infinidad de casos concretos, con facturas concretas y sufrimientos concretos de familias muy precarias, sumados a una larga lista de abusos por parte de Visocan. Pese a todo seguimos adelante con la vía que se nos abrió con la Diputada del Común, y con la lentitud habitual de sus procedimientos se fueron haciendo gestiones y elevando consultas a Visocan y al Instituto Canario de la Vivienda para pedir explicaciones.

Visocan respondió con su poca vergüenza habitual, argumentando que cobraban el IBI porque los inquilinos habían aceptado pagarlo en el contrato, dando por hecho que la gente humilde tiene que saberse al dedillo normativas, leyes, sentencias y demás historias, y no la administración pública que les pone el contrato por delante. Entonces ya le dijimos también por escrito a la señora Diputada del Común que tenía que acudir a la Fiscalía a denunciar a Visocan, por tener tremenda cara dura y saltarse las leyes de manera tan flagrante, pero a la señora Lola Padrón le pareció demasiado (quizá por aquello de que “perro no come perro”).

El asunto es que ahora contesta el director del Instituto Canario de la Vivienda y nos da absolutamente la razón. Pero nos la da aludiendo al Real Decreto-Ley 7/2019, una norma vigente para toda España y de obligado cumplimiento que lo deja bien claro con el siguiente literal:

“En primer lugar, se exceptúa de la obligación de repercutir el impuesto al arrendatario cuando el arrendador sea un ente público en los supuestos de alquiler de inmueble de uso residencial con renta limitada por una norma jurídica.”

¡Cobrar el IBI en viviendas públicas está prohibido expresamente desde marzo de 2019, con una sentencia del Tribunal Supremo que lo reafirmó en 2023, y sus señorías, todas, menos Lola Padrón, hicieron caso omiso! ¿Se puede tener menos vergüenza? Aunque esta pregunta se responde fácil, claro que se puede, y es que estamos hablando de psicópatas. Aunque a algunos les pueda parecer exagerado este calificativo, no lo será tanto si entendemos que la ausencia de empatía es el rasgo primigenio fundamental de cualquier psicópata, y es justo la ausencia de empatía lo que está detrás de la falta de actuaciones de todas estas administraciones y políticos que han ido sabiendo lo que pasaba y no actuaron. Sencillamente les da igual. El sufrimiento de la gente humilde les cae muy lejos, en otro mundo que no es el suyo, a años luz.

Y estamos hablando, insisto, de robarle 22 euros mensuales a muchas familias en situación de extrema precariedad, algunas incluso sin ingresos, empujándolas a más penurias y sufrimientos añadidos, que en algunos casos implicaban la acumulación de deudas ilegítimas considerablemente aumentadas por la pérdida de la subvención, y en casos extremos el cierre del expediente por impagos excesivos y un desahucio a las puertas. Les puedo asegurar que he conocido a unas cuantas familias de estas promociones de Visocan que han perdido a familiares por fallecimiento a edades mucho más tempranas de las que corresponderían. Y aunque ya nunca lo sabremos, siempre nos va a quedar la duda de saber si con una situación económica un poco menos acuciante, habrían podido tener una mejor calidad de vida, y su suerte habría cambiado.

Todos sabían que era ilegal cobrar el IBI, y aun así, no hicieron nada. Ninguna administración actuó de oficio para detener el abuso ni para devolver lo robado, tampoco cuando les insistimos por escrito. Prefirieron mirar hacia otro lado y no molestar a Visocan y a su señor Curbelo (ASG), mostrando el más grande de los desprecios por los canarios y canarias humildes. El asunto es que ahora, bastante tarde, llega la respuesta por escrito del director del Instituto Canario de la Vivienda, clarísima, expeditiva. ¿Qué va a pasar a partir de aquí? ¿Van a obligar a cada inquilino, sin recursos, a pleitear individualmente contra una empresa pública buitre respaldada por el Gobierno?

El presidente del Instituto Canario de la Vivienda es el propio Consejero de Vivienda y máximo responsable de la política de vivienda en Canarias (CC): ¿actuará de oficio para corregir y sancionar debidamente a Visocan y ordenar devolver todo lo cobrado de más a tantas familias? ¿Va a dimitir alguien? ¿Pedirá algún político disculpas a toda la gente humilde por el sufrimiento causado y el robo consentido? ¿Irá por fin la Diputada del Común a Fiscalía a denunciar tan flagrantes ilegalidades, como establece la propia Ley de la Diputación del Común? ¿Hará algo al fin el taimado alcalde de La Laguna (PSOE) para defender a las muchas familias de Visocan que están siendo robadas en su municipio? ¿Por qué no anula directamente Luis Yeray el cobro del IBI a esas familias sin esperar a Visocan?

En fin, es la psicopatía institucional y política, que se manifiesta en unos gobernantes que desprotegen a quienes más lo necesitan, al tiempo que defienden y encubren a quienes abusan e incumplen. Lo estamos viendo últimamente en lo que sucede en el Puertito de Adeje, ahora lo comprobamos con las viviendas sociales, y lo veremos en todos los ámbitos a poco que investiguemos mínimamente. ¿Entienden ahora por qué digo que nos gobiernan psicópatas?

Pese a todo hoy celebramos una pequeña victoria. Ya nadie puede discutir que teníamos razón, y ahora todas las familias que llevan años siendo robadas por Visocan, aunque las administraciones no actúen de oficio, con el escrito que les facilitamos firmado por el Director del Instituto Canario de la Vivienda, lo tendrán más fácil para reclamar que se les cancele el cobro y les devuelvan lo cobrado de más.Una victoria que se presenta en cualquier caso bastante amarga, pues nos deja claro que la lucha por la justicia social va a ser algo más difícil de lo que creíamos, teniendo como tenemos a una clase dirigente de lo más cruel e insensible que hayamos visto.

Dicho todo esto, por favor, publiquen y difundan el artículo y sobre todo el escrito que se adjunta firmado por el Director del ICAVI, y háganselo llegar si pueden a las familias de Visocan que pudieran estar afectadas. En los próximos días acudiremos de todas maneras con el escrito a todas estas instituciones a las que hemos aludido, a ver si se dan por entradas y actúan por una ver en favor de lo que es justo.

Eloy Cuadra, portavoz de la Acampada Reivindicativa Lolo Dorta.

ANEXO 1:

Esta comunicación debía de acabar aquí, pero recién estamos sabiendo por familias afectadas que están acudiendo ya al Instituto Canario de la Vivienda a pedir que no les cobren el IBI, que se están encontrando con la negativa por parte de los funcionarios que las atienden, aduciendo que si las familias firmaron en el contrato y aceptaron pagar el IBI ya nada se puede hacer. Esta respuesta es un gigantesco disparate jurídico, que nos viene a demostrar lo que pasa por estas latitudes cuando se pilla a una administración incurriendo en ilegalidades, que lejos de rectificar y pedir disculpas, arrogantes y sabedoras del poder que manejan, optan por una huida hacia adelante y mantenerse en la mentira y el abuso, confiando en que ya se arreglará el asunto por “otras vías”. Justo esto es lo que parece que está pasando.

Así las cosas, vamos con algunos apuntes jurídicos aclaratorios:

1. Primacía de la ley sobre los contratos

Art. 6.3 Código Civil: “Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho.”

Esto quiere decir que aunque el arrendatario haya firmado aceptar el pago del IBI, si esa cláusula contradice una norma imperativa (como la LAU, una Sentencia del Tribunal Supremo o el RDL 7/2019), la cláusula es nula de pleno derecho y no produce efecto. No vale por tanto con la “aceptación voluntaria”, la voluntad de las partes no puede derogar una norma imperativa.

2. Nulidad de las cláusulas abusivas

Art. 83 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU): “Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas.”

3. Aplicación inmediata de la normativa imperativa

El RDL 7/2019 (en vigor desde el 6 de marzo de 2019) modificó el art. 63 TRLRHL y prohibió repercutir el IBI en alquileres de vivienda pública con renta limitada. Esa prohibición tiene carácter imperativo y se aplica a todos los contratos en vigor, aunque se hubiesen firmado antes.

4. Jurisprudencia

Variada jurisprudencia del TJUE y del Tribunal Supremo insiste: el consumidor no está obligado a conocer la ley, y la mera firma no legitima una cláusula contraria a derecho.

4. Prohibición de renuncia de derechos

Art. 6.2 Código Civil: “La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia de los derechos reconocidos en ella solo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros.”

En este caso, la renuncia del inquilino (aceptar pagar el IBI) es nula porque perjudica su condición de consumidor vulnerable y contraviene una norma de orden público.

5. Protección reforzada de los arrendatarios de vivienda pública

El Decreto 32/2020 de Canarias, reforzado con el RDL 7/2019, establece que el alquiler social no puede superar el 12% de los ingresos de la unidad familiar y que no cabe repercusión de impuestos. Permitir que cláusulas antiguas prevalezcan para aumentar ese 12% de máximo equivaldría a dejar sin efecto estas normas protectoras, lo que es inadmisible, y además es una trampa.

Por último, no es menos grave la apuesta decidida por esa nueva moda de los alquileres asequibles con precios medios de entre 350 a 500 euros de alquiler mensual, a lo que habrá que sumar lo que acostumbran en Visocan, plaza de garaje a precios fuera de rango, además de basura, IBI (ilegal) y otros gastos, por no hablar del abandono al que acostumbra Visocan a sus comunidades sin atender desperfectos o deterioros. Y ello porque la política de Visocan está claramente enfocada, no lo olvidemos, en la recaudación a toda costa para cubrir esa importante deuda que generó décadas atrás con inversiones en fondos de alto riesgo, deuda que hasta hace poco aún rondaba los 100 millones de euros. Y es que los alquileres asequibles a precios casi de mercado están pensados para médicos y profesores, como bien decía el presidente Clavijo hace unos meses. Nunca van a ser viviendas en alquiler social, serán en régimen de promoción privada, y no van a alojar a familias con bajos ingresos, justo las que más lo necesitan, de las casi 30.000 familias registradas como demandantes de vivienda pública en la Consejería de Vivienda.

En serio, ¿esta es la política de vivienda que necesita Canarias? Y una pregunta más: ¿dónde están esos partidos que antaño defendían políticas de justicia social y mayor reparto de la riqueza?, ¿dónde están oponiéndose de manera contundente a estas políticas tan conservadoras los Izquierda Unida, Podemos, Sí se Puede, Sumar, Reunir, dónde está Drago, dónde los independentistas, los verdes, los soberanistas? Luego dirán que la gente no sabe votar y sube la ultraderecha. En resumidas cuentas, es ciertamente desalentador. Al menos aquí va nuestra denuncia pública, que rogamos sea difundida masivamente.

Acampada Reivindicativa Lolo Dorta

* Adjuntamos también un vídeo corto donde se explica por qué el problema de la vivienda no tiene visos de solucionarse en un futuro inmediato en España.

1.- Ausencia de políticas públicas de vivienda. No podemos empezar por otro asunto, cuando España está la cola de Europa en promoción de viviendas sociales con un 2,5% sobre el total, muy lejos de la media europea (9,8%) y de países como Polonia (7,6%), Irlanda (8,7%), República Checa (9,4%), Finlandia (13%), Francia (16,8%), Reino Unido (17,6%), Suecia (19%), Dinamarca (20,9%), Austria (24%) o Países Bajos (30%). En Canarias había un buen número de viviendas sociales heredadas del patronato del franquismo, pero la administración autonómica hace tiempo que perdió el control de muchas de ellas vendiéndolas o abandonándolas. Y hoy lo que tenemos son dos entidades como el Instituto Canario de la Vivienda y Visocan que apenas han puesto un ladrillo nuevo en 20 años, que no controlan ni cuidan en absoluto su parque público y que compiten y pelean entre ellas con intereses políticos de por medio.

2.- Un Plan Canarias de Vivienda 2020-2025 engañoso y fallido. Ante la falta de políticas públicas de vivienda en Canarias en los últimos 20 años, al Gobierno de las Flores se le ocurrió la feliz idea de elaborar un Plan de Vivienda, plan que ya desde el inicio se vislumbraba con mucho de propaganda de cara a la galería, y que a apenas unos meses del final de la legislatura se demuestra completamente fallido, pues su único plan era construir o rehabilitar hasta 6.000 viviendas, y a día de hoy no han puesto ni un ladrillo, entre otras causas por el encarecimiento de las materias primas, la energía y los transportes provocado por las diferentes crisis que sufrimos. Aunque en el mejor de los casos tampoco sería esta una opción viable para Canarias, por el impacto sobre el medio ambiente que tendría construir tantas viviendas en un archipiélago limitado que además tiene 150.000 viviendas vacías.

3.- Visocan, entre el chiringuito político y la inmobiliaria privada. Caso aparte el que hemos de dedicar a la empresa pública Visocan, un echadero histórico para la clase política durante décadas, especialmente para Coalición Canaria, como lugar idóneo para colocar a amigos y recomendados de sus señorías. Totalmente inoperativa durante muchos años, arrastraba una deuda importante y fue incluso recomendada su desaparición por la Audiencia de Cuentas de Canarias en la anterior legislatura, pero con la entrada del Gobierno de las Flores fue la elegida por Curbelo para colocar a algunos, y ahí sigue en la actualidad, con promociones de vivienda en alquiler privado para familias que ganan hasta 32.000 euros al año, con un Consejero Delegado como jefe con una pata en el sector público y tres patas en el sector privado. En resumen, la empresa pública del Gobierno de Canarias que puede comprar vivienda a fondos buitre funciona como una inmobiliaria privada más, dando la espalda a la promoción de viviendas sociales, olvidando incluso que lo lleva en sus estatutos.

4.- Instituto Canario de la Vivienda, sin herramientas ni control. El ICAVI es una entidad del Gobierno de Canarias con mucha menos capacidad operativa rápida de la que tiene Visocan, y estando como están en la actualidad Visocan y el ICAVI enfrentadas políticamente y compitiendo entre ellas sin comunicación ni coordinación alguna, minimizada además la capacidad del ICAVI para construir nuevas viviendas por los problemas ya mencionados, queda limita su operatividad a gestionar el parque público existente y poco más, un parque público que por cierto no controla en absoluto, con numerosos impagos y viviendas vacías que pasan a manos de las mafias o son ocupadas por el primero que llega.

5.- Los Cabildos, con ellos no va la cosa, o eso dicen. Todos sabemos el poder que tienen los cabildos en Canarias, son auténticos virreinatos en las islas que manejan mucho dinero y mueven muchas influencias, pero en materia de vivienda se lavan las manos argumentando que no tienen competencias cuando no es así. Tienen competencias en la creación y puesta en marcha de la Policía de Vivienda, ¡desde el año 2003!, una policía 20 años aparcada que estaba planteada para fiscalizar y controlar el parque público de vivienda de Canarias actualmente sin control. También tienen competencia en coordinación municipal y en alquiler vacacional, pero ni coordinan municipalmente ni controlan o fiscalizan en absoluto el alquiler vacacional, muy al contrario, no paran de promocionar turísticamente las islas como si fueran infinitas, apostando de manera decidida por el desarrollismo y por la destrucción de nuestro territorio con proyectos de mucho impacto ambiental innecesarios en su mayoría, mención especial al Cabildo de Tenerife, codo con codo con el lobby del alquiler vacacional como si fuera un touroperador o una inmobiliaria.

6.- Los Ayuntamientos, otros que tampoco pueden, ni quieren. Los ayuntamientos son la puerta de entrada del ciudadano a los servicios sociales, y según los sucesivos informes de la Asociación Española de Gerentes y Directores de Servicios Sociales, los ayuntamientos canarios están a la cola en calidad y prestaciones y son calificados siempre como “irrelevantes”. La resultante de esta insignificancia es que los ayuntamientos apenas valen para ayudas de alimentos y derivaciones a ONGs, con algún que otro pago de recibo de agua o de luz y otras prestaciones puntuales. Cierto que muchos ayuntamientos tienen ayudas al alquiler de vivienda, pero esta ayuda con el actual mercado no sirve ni se da prácticamente nunca, porque los pocos propietarios que hay de viviendas en alquiler no la alquilan a la administración pública, pues son malos pagadores y traen a familias con pocos recursos. Tampoco quieren los ayuntamientos saber nada sobre regulación del alquiler vacacional cuando es competencia suya y así se lo venimos recordando desde hace tiempo, desde la publicación de una Sentencia del Tribunal de Justicia de la UE del año 2020. Con esta realidad muchos ayuntamientos se acaban lavando las manos y le pasan la pelota de la vivienda a otras administraciones, cuando muchos de ellos paradójicamente también tienen Concejalías de Vivienda o empresa pública de vivienda municipal, pero claro esto es otra historia, ya saben, echaderos. Para colmo de males la dificultad o falta de voluntad que muestran los ayuntamientos para aprobar sus planes generales de ordenación, haciendo aún más complicada la habilitación de nuevo suelo para construcción de vivienda pública.

7.- El Gobierno central: progresista de pacotilla. Seríamos injustos si no valoráramos algunos avances sociales del gobierno PSOE-Podemos (los ERTE, la subida del salario mínimo, el Ingreso Mínimo Vital), pero más allá de eso, en materia de vivienda no han hecho absolutamente nada bueno. Han hecho algo en cualquier caso, sí, el señor Pedro Sánchez marchó hace un par de años a Estados Unidos a reunirse con los fondos buitres más importantes del mundo para pedirles que invirtieran y extendieran aún más su inversión e influencia por España. También se ha quedado el Estado con la mayoría de las acciones del Banco Malo la SAREB, y es por tanto el propietario mayoritario de muchas viviendas que podrían ser destinadas a viviendas sociales, pero no quiere, prefiere venderlas a inmobiliarias, fondos buitre y otras entidades privadas. También han planteado una supuesta Ley de Vivienda que aún no han aprobado y que tampoco sirve porque no va a la raíz de los problemas, no molesta a los fondos buitres ni a otros grandes tenedores, tampoco frena la especulación, sólo se limita a poner un tope a los precios del alquiler, lo cual desincentiva aún más la puesta en alquiler de vivienda a los propietarios. Y una medida más que han tomado, aprobaron una moratoria antidesahucios, que está bien como solución de urgencia, pero no solventa el problema, solo lo pospone y traslada a la justicia y a los propietarios privados, generando un movimiento de reacción en contra de la parte social y política ideológicamente a la derecha, que ha derivado en que hoy para buena parte de la población española el problema de la vivienda sean los ocupas y no la nefasta gestión política.

8.- La economía canaria, un paraíso fiscal en un mercado salvaje. Ya lo hemos visto, nuestra acomodada, cobarde e inoperativa clase política no ayuda en nada a que la vivienda se cumpla como derecho, pero en Canarias además la situación económica lo hace aún más difícil. Para empezar vivimos de un monocultivo económico, el turismo, cuyo capital mayoritariamente lo mueven empresas peninsulares o extranjeras quedando para los canarios la propinilla y los sueldos más bajos, y así estamos otra vez en cifras récord de turistas y de empleo pero la pobreza y la precariedad siguen aumentando. Sin moratoria turística el crecimiento de turistas puede seguir en los próximos años, aumentando la superpoblación y encareciendo aún más la vivienda. Si a la realidad del turismo le sumamos la bajísima fiscalidad que hay en Canarias (REF, ZEC, RIC), nuestro fantástico clima, los precios bajos, la poca capacidad adquisitiva del canario, una clase política vendida al capital, los problemas con la energía en Europa, la guerra de Ucrania y la poca seguridad de otras zonas del mundo, lo tenemos todo para que Canarias se convierta en un reclamo para medio planeta, donde es muy fácil venir para comprar, vender, especular, montar un negocio, teletrabajar, no pagar impuestos o afincarse y quedarse a vivir para pasar la jubilación. Y claro, toda esta gente que viene con mucha pasta, no sólo compra vivienda para hacer negocio, también la necesita para vivir, y el resultado es que para el canario cada vez hay menos y mucho más cara.

9.- Los fondos buitre campan a sus anchas. Con la falta de acción política, la nula regulación y la benevolencia económica del archipiélago, no es de extrañar que un fondo buitre como Coral Homes sea el segundo máximo tenedor de viviendas de Canarias, con más incluso que Visocan y solo por detrás de el ICAVI. Y como este fondo buitre otros muchos, vinculados a bancos o de nueva creación, la mayoría extranjeros, son los que recibieron a precio de ganga mucha de la vivienda proveniente de desahucios hipotecarios de la anterior crisis, y son también los que en la actualidad dominan el mercado canario, comprando, vendiendo, traficando, especulando con la vivienda, dejando muchas de ellas vacías (150.000 en Canarias), o presionando judicialmente para desalojar a las familias. En este mercadeo salvaje los ciudadanos canarios quedan mayoritariamente fuera, por no poder acceder a las viviendas que se vende, y también quedan al margen nuestras administraciones, por negarse continuamente a aprobar leyes que frenen o limiten su actividad (La Ley de Tanteo y Retracto, la Ley de Expropiación temporal de Vivienda Vacía a grandes tenedores, impuesto a la vivienda vacía) y desestimando también la compra de vivienda negociada a la baja a fondos buitre.

10.- El alquiler vacacional hace estragos en el mercado de larga temporada. El auge del turismo, la falta de fiscalidad o regulación del alquiler vacacional, el poco poder adquisitivo del canario o la anunciada Ley de Vivienda Estatal que no sirve para nada más que para desincentivar el alquiler, han hecho que cada vez más vivienda en alquiler de larga temporada sea trasvasada al modelo de alquiler turístico, por el que los propietarios ganan muchísimo más, tienen menos problemas de impagos y pagan muy pocos impuestos. Algunos estudios de mercado hablan de que en Canarias pudieran ser actualmente una 135.000 viviendas en este modelo turístico, aunque censadas por las administraciones hay poco más de 40.000, en buena muestra de la enorme ilegalidad que encierra esta actividad. Como muestra un municipio como Adeje, con 47.000 habitantes censados, tiene 3.300 viviendas del alquiler vacacional en plataformas de internet, además de 60 hoteles y 36.855 camas hoteleras. Desde finales del 2020 una Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea permite a los ayuntamientos regular esta actividad, a la que se suma otras sentencia reciente del Tribunal Supremo relativa a Baleares. Así, hay comunidades autónomas y ayuntamientos en España que lo regulan y limitan bastante, en Canarias en cambio aún no se ha hecho nada desde ninguna administración.

11.- La compra de viviendas por extranjeros no va a parar. Cuando en 2022 más del 50% de las viviendas que se vendieron en Canarias fueron compradas por extranjeros (y no precisamente extranjeros pobres), y cuando la coyuntura económica canaria, la estatal y la internacional no parece que vayan a variar mucho en el futuro, está claro, la máquina de descapitalización del patrimonio de los canarios en favor de extranjeros tampoco va a parar. Los extranjeros seguirán viniendo a beneficiarse de todo lo bueno que esta tierra ofrece, prevaleciendo su mayor poder adquisitivo frente a los canarios, que seguirán siendo expulsados de su tierra por falta de vivienda y oportunidades, como ya sucede en islas como Fuerteventura donde los majoreros son franca minoría.

12.- La justicia en este país es conservadora. Ya hemos visto que ni el poder ejecutivo ni el legislativo están por el derecho a la vivienda en Canarias, tampoco en el resto del Estado, y el poder judicial no iba a ser menos. Así, que la justicia en España es de derechas no lo puede negar nadie, lo vemos en el bloqueo eterno del Constitucional y lo vemos también en la tendencia habitual de los jueces de los Tribunales Superiores a bloquear leyes relativas a vivienda y otros derechos básicos, así como a avanzar sentencias a menudo o casi siempre favorables a la propiedad privada en detrimento de otros derechos sociales como el de la vivienda o la protección de la familia, también recogidos en la Constitución. Y bueno, si ninguno de los tres poderes oficiales en España están a favor del derecho a la vivienda, tampoco lo van a estar en las policías y guardias civiles, casi siempre puestas del lado del capital y de la propiedad privada, encantados de perseguir y criminalizar al pobre canario que no tiene vivienda y debe ocupar una vacía de un banco o fondo buitre.

13.- Los medios de comunicación tampoco ayudan demasiado. Y si ninguno de los tres poderes está por el derecho a la vivienda en este país, el Cuarto Poder no iba a andarles a la zaga. De entrada, si la cuestión de la vivienda no es prioritaria en la agenda política de los grandes partidos (como de hecho no lo es), los medios de comunicación la mayoría pagados, al servicio o financiados por los propios partidos no van a llevar el problema de la vivienda al primer plano de la noticia, no al menos abordándolo en su totalidad como hacemos aquí, solo lo harán en casos muy sangrantes y llamativos como el reciente de Hugo. Y al contrario, como política y empresarialmente ha interesado criminalizar a los que tienen problemas de vivienda, sí que se han traído a los medios de comunicación las cuestiones relativas a ocupación de vivienda de manera tergiversada, amplificada y machacona. Para completar no está de más recordar que los grandes grupos de comunicación de este país tienen entre sus accionistas mayoritarios a familias conservadoras (Atresmedia con la familia Lara Bosch), a políticos conservadores (Mediaset con Berlusconi) o a fondos de inversión extranjeros con intereses cruzados en el sector inmobiliario (Blackrock en Telefónica-Movistar o Amber Capital en el Grupo Prisa). Así las cosas, tampoco se puede esperar ayuda alguna de los medios de comunicación, no de los poderosos o mayoritarios al menos.

Después de este somero análisis de la realidad de la vivienda en Canarias, dos preguntas finales, y un vaticinio.

14.- ¿Cómo queda el canario en esta jungla salvaje? El canario queda en una situación agravada que incide en la realidad histórica habitual del Archipiélago, sufriendo como casi siempre los peores indicadores sociales de todo el Estado, con la pobreza y el paro más altos, también el paro juvenil, con los sueldos más bajos y un número cada vez más grande de trabajadores que son pobres, además de la cesta de la compra más cara, la sanidad más colapsada, la peor salud general o el peor sistema educativo. Con este panorama el canario tiene que competir por una vivienda que no existe prácticamente y que se le hace inalcanzable, con los precios de venta y de alquiler batiendo récords históricos en todas las islas, con la inflación disparada y los tipos de interés inaccesibles al crédito para la mayoría. La resultante: malísima calidad de vida, 7 desahucios al día de media, carencias muchas, depresión generalizada, primeros en consumo de ansiolíticos, suicidios que no salen en las noticias, bajísima natalidad, emigración masiva de jóvenes, gentrificación, expulsión del canario de sus pueblos, y, en definitiva, nulo futuro para la gente de esta tierra que no tenga dinero suficiente para competir en el mercado salvaje que es Canarias en la actualidad.

15.- ¿Por qué no hace nada nuestra clase política por evitar o cambiar la realidad de la vivienda en Canarias? He creído pertinente hacer también esta pregunta aunque se responde fácil, y es que en nuestras pseudodemocracias actuales los políticos son solo títeres al servicio de las grandes corporaciones y otros poderes económicos a los que nadie vota, y con el negociazo de la vivienda les tienen dicho que mejor no meterse. A esto hay que sumarle su baja cualificación, con dos ejemplos recientes muy ilustrativos, la última vez que hablé con el presidente Torres no sabía lo que era Coral Homes, y el actual Consejero de Hacienda que también fue Presidente del Gobierno, parece que no tiene conocimientos de economía. Pues si estos son los dos que más mandan en Canarias ya podemos imaginar al resto. Al margen de este detalle son muchos los políticos de la mayoría de partidos que tienen intereses o negocios vinculados a lo inmobiliario, y tampoco tienen necesidad de abanderar una lucha incómoda y arriesgada como es esta de la vivienda cuando no hay ciudadanía mayoritaria ni medios de comunicación que presionen desde fuera. Aparte que tampoco les duele ni les afecta, porque lo primero que hacen la mayoría de nuestros políticos cuando llegan al cargo es asegurarse su futuro económico y a ser posible el de sus descendientes, para no verse nunca en el lado pobre de la sociedad. Y así tenemos respondida la pregunta.

Llegamos al final de este recorrido y acabo con un vaticinio, por el lado malo, lamentándolo mucho, creo que las condiciones políticas, sociales y económicas no van a variar en gran cosa en Canarias, de modo que la máquina de empobrecimiento y expulsión del canario va a seguir funcionando sin parar. Y por el lado bueno, porque tanto robo, tanta corrupción y tanta miseria no hay capital, político o medio de comunicación que lo esconda, y una parte de la población canaria ya lo sabe. Es posible, o al menos esa esperanza tengo, que el viento sople en otra dirección en un futuro no muy lejano, entonces, veremos qué pasa.

Eloy Cuadra, escritor y activista social.

Eloy Cuadra, escritor y activista social.