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Lo de Muface y la privatización (corrupción) sanitaria.

Versus — Sun, 24 Nov 2024 17:32:08 +0000

Lo de MUFACE es esa mutua sanitaria que agrupa a un millón y medio de funcionarios en España, que hace unos días supimos que tiene problemas y pudiera estar en vías de desaparecer, por las pérdidas acumuladas y la negativa de las aseguradoras médicas privadas a aceptar la oferta que presentaba el Ministerio de Sanidad. Casi a la par, este 22 de noviembre el Tribunal de Contratación Pública paralizaba las licitaciones de ISFAS y MUGEJU, mutuas de militares y de jueces respectivamente, ante la denuncia de una asociación de médicos privados. ¿Estamos ante el fin de las mutuas sanitarias públicas?, ¿qué está pasando?, ¿cómo afectará esto a la sanidad en general? Es hora de que nos detengamos un momento a ver qué hay porque el asunto es grave, como se desprende del título del artículo, cuando privatización sanitaria y corrupción van de la mano.

Lo primero será preguntarnos cómo es posible que las mutuas sanitarias de jueces, de militares y de funcionarios que datan de principios de la “democracia” puedan estar teniendo problemas precisamente ahora. Al margen de lecturas y argumentos oficiales y de que estemos ante un posible privilegio, una cosa está clara: la sanidad pública en España pierde calidad a pasos agigantados, y los españoles cada vez tienen más claro que interesa suscribir un seguro médico privado, dejando a la sanidad pública para cuestiones más graves, si se quiere tener una mínima calidad en asistencia sanitaria. Esta realidad ha disparado la contratación de seguros médicos privados en los últimos años, generando importantes beneficios a las principales aseguradoras. Tras un breve mapeo vemos que el beneficio neto de Adeslas en 2023 alcanzó los 414,58 millones de euros; DKV creció hasta los 951 millones de facturación con un beneficio neto de 46 millones; el Grupo ASISA facturó 1.761 millones de euros tras crecer un 4,9%; la aseguradora Caser obtuvo beneficios por valor de 74 millones de euros en 2023, lo que constituye un 2% más que en 2022; y los ingresos de Sanitas han crecido un 12% en 2023 hasta 2.637 millones de euros, con un beneficio operativo de 210 millones. En este contexto de bonanza, sabedoras las aseguradoras de que el panorama va a continuar igual o incluso más favorable en años venideros, ya no tienen la necesidad de recurrir desesperadamente a las licitaciones públicas de las mutuas y se han plantado, y no aceptan, y piden más, porque en último caso, si no hay concierto para MUFACE, saben que de ese millón y medio de funcionarios, muchos, muchísimos contratarán seguros privados con ellos. De modo que el beneficio les vendrá sí o sí, directamente del Estado por un aumento considerable de la oferta económica si finalmente hay acuerdo, o bien por nuevas contrataciones privadas si no lo hay.

El caso del ISFAS y MUGEJU es diferente, sí parece que había aseguradoras médicas concurriendo a la licitación, pero una denuncia de la asociación de médicos privados Unipromel ha paralizado el asunto. Aducen los médicos que estas mutualidades imponen la atención de militares y jueces a muy bajísimo coste, obligando a los facultativos privados a atender a muchísimas personas al día para poder cubrir los beneficios, con la subsiguiente pérdida de calidad asistencial. La casuística en el caso de militares y jueces puede parecer distinta, pero el detonante es el mismo: los médicos privados, como las aseguradoras médicas privadas, saben que están en una posición dominante, saben que en el futuro no les va a faltar trabajo y han encontrado el momento propicio para presionar y sacar tajada. Y presionan por una razón muy sencilla: saben que el Estado español y la sanidad pública están entregados ambos al sector privado, cuestión en la que llevan años trabajando arduamente los gobiernos de PP y PSOE alternativamente, en el desmonte y deterioro de la sanidad pública a golpe de corrupción con la cantinela de la colaboración público-privada y una supuesta eficiencia y reducción de costes.

Que la sanidad en España está altamente privatizada nos lo muestran una vez más los datos y lo bien que les va a los hospitales privados. Así leemos en un artículo del diario El Mundo de mediados de este año que en España hay 438 hospitales privados, el 57% del total, consolidando al país en el tercer lugar de Europa en hospitales privados, solo por detrás de Alemania e Italia. Y si nos vamos a los ingresos de los tres grupos hospitalarios más importantes, el grupo Quirón Salud cerró el ejercicio de 2023 con un crecimiento del 8% en facturación y 580 millones en beneficios antes de impuestos, el Grupo HM Hospitales ha cerrado el ejercicio contable 2023 con 663 millones en ingresos y un crecimiento de 46,4 millones, y el Grupo Vithas ha superado los 700 millones en ingresos en 2023, también una cifra récord. Y ello por no seguir desgranando la larga lista de hospitales privados del país con sus fabulosas cuentas. Esto en lo relativo a los beneficios de los hospitales, si nos vamos a lo que nos cuesta a los españoles la sanidad privada y concertada los datos de nuevo hablan por sí solos, como leemos en una publicación del diario El Salto de mayo de 2024: El dinero derivado a conciertos ya alcanza los 9.274 millones de euros, 251 millones más que en 2021 y 1.359 millones más que en 2017.
¿Se justifica un aumento tan grande de las partidas públicas que se derivan a los hospitales privados, cuando la natalidad está estancada y cada vez más gente suscribe pólizas de seguros médicos privados para pasar de la sanidad pública? Aquí es donde tenemos que empezar a pensar que privatizaciones sanitarias en España, en muchas ocasiones es sinónimo de corrupción. Corrupción por la entente diabólica que forman tantas veces políticos y empresarios, por las puertas giratorias, por los sobrecostes que no se controlan, o por el dinero que va del político al empresario y vuelve luego del empresario al político en generosas aportaciones. Y esto es así, no solo porque lo diga yo, lo afirman también con estudios y más datos en la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), cuando leemos en el mismo artículo de El Salto que: la experiencia en las concesiones administrativas y los centros semiprivados en España recoge unos sobrecostes de entre 5 y 11 veces respecto a la alternativa de gestión pública directa, “que en parte se explican por la necesidad de estos centros de gestión privada de obtener beneficios y rentabilidad para sus propietarios”.

Que los hospitales privados concertados buscan el beneficio para sus accionistas a costa de todo lo vemos nuevamente en los datos, y en las experiencias que todos alguna vez hemos tenido en estos centros, donde, casualidad, casi seguro nos atendió un facultativo extranjero, pero no uno alemán, francés, italiano o noruego, un médico de Latinoamérica. Así al menos nos lo confirma el digital Newtral verificador de noticias de mediados de este año, cuando afirma que: el 93% de los médicos extranjeros en España son latinos. Médicos a los que lógicamente se les va a pagar menos que a un médico español o centroeuropeo, por el diferencial de renta de entrada que hay entre Latinoamérica y España y la necesidad que tienen aquellos de trabajar en nuestro país. Y el problema no es que los hospitales privados concertados busquen el beneficio por estas formas legales aunque éticamente cuestionables, es que lo buscan también a través de fórmulas corruptas con las que se hace la vista gorda habitualmente, con la colaboración necesaria de nuestras administraciones públicas. Titular de El Plural de septiembre de este año: Denuncian al Gobierno de Moreno Bonilla por el “mayor caso de corrupción de contratación sanitaria en España”. El PSOE-A ha denunciado que existen once informes “demoledores” que detectan irregularidades en los contratos de emergencia realizados por el SAS entre 2020 y 2021. También son conocidos los conciertos millonarios del PP madrileño con el grupo Quirón, dineros que en parte han ido de vuelta al PP a través de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, como leemos en Eldiario.es: Los pagos de Quirón a la pareja de Ayuso se multiplicaron por cuatro tras iniciarse su relación con la presidenta madrileña.

Con todo, lo grave no es que tengamos corrupción en la sanidad privada concertada a través de los grandes contratos, es que la tenemos también en lo que se factura cada día a los pacientes en mil conceptos. Algo que muchos hemos podido comprobar alguna vez en Canarias, cuando un paciente del sur o del norte de Tenerife o de cualquier otra isla con una dolencia acude al hospital privado concertado que le toca por cercanía. Lo que sucede cuando el paciente entra por allí es que le hacen todo tipo de pruebas (analíticas, placas, escáner, mediciones), que facturan convenientemente a la sanidad pública, para a continuación remitir al paciente al hospital público de referencia en la mayoría de casos, donde de nuevo le volverán a hacer las mismas pruebas que le han hecho un rato antes, con la subsiguiente duplicidad del gasto sanitario. Trampas legales como estas, en mil asuntos más. Y un último detalle que nos apunta la importancia de la corrupción sanitaria en España y lo mucho que afecta a la calidad de la sanidad y a las arcas públicas, la reciente creación de un organismo público cuyo nombre no deja lugar a dudas: el Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria.

Así vamos llegando ya al final de este artículo y toca concluir. Como solución posible, sectores que defienden a la sanidad pública frente a la corrupción y los sobrecostes de la concertada y la privada, abogan por ir deshaciendo los conciertos y recuperando poco a poco la sanidad pública como era antes, solución ésta por la que también yo apuesto, aunque con mucho cuidado y muy progresivamente, dada la implantación del modelo privado concertado. No será tarea fácil en ningún caso, pues soplan vientos privatizantes muy fuertes, y además tenemos gobiernos de derechas en la mayoría de Comunidades Autónomas con la Sanidad derivada a las Autonomías, y hay otro gobierno de derechas acechando a la vuelta de la esquina para entrar en Moncloa. En el asunto de las mutuas sanitarias de los funcionarios, los militares y los jueces, si finalmente se mantienen será a costa de pagar mucho más, y seguiremos manteniendo un extraño privilegio para ciertas clases sociales. Si por el contrario desaparecen, la sanidad pública se verá aún más colapsada y deteriorada. Y en este caso tanto como en el otro, los grupos privados vinculados a la sanidad seguirán rindiendo beneficios millonarios, y la sanidad en España seguirá teniendo tres clases sociales bien diferenciadas. En el escalafón más bajo una buena parte de la población más pobre, que no puede acceder a un seguro privado y ha de contentarse con la sanidad pública, con listas de espera eternas, especialidades en las que no te atienden y otras tantas complicaciones. En la parte media otro buen nutrido grupo de la población que hace el esfuerzo de pagar una seguro médico privado, donde también soportarán listas de espera largas y una atención eso sí más rápida para especialidades, aunque con bastante menos calidad y garantías que en la sanidad pública en la mayoría de casos. Por último, en la parte más alta del escalafón social, otro grupo no tan numeroso de personas que pueden tener sanidad pública, sanidad privada o las dos a la vez, y no les preocupa mucho cómo de bien o de mal vayan ambas, pues tienen dinero suficiente para pagar todos los médicos, ingresos, operaciones y tratamientos que les hagan falta. Creo que no es necesario que les diga qué grupo social tiene una menor esperanza de vida, y morirán antes, imagino que ya lo saben. Y bueno, hasta aquí el artículo de hoy. Sí, la Sanidad Pública en España es de las mejores del mundo, o igual ya no tanto. Sea cómo fuere, tenemos lo que nos merecemos, es lo que hemos votado.

Eloy Cuadra, escritor y activista social.

No a la privatización de los comedores escolares en Canarias por sus nefastas consecuencias

Versus — Sat, 10 Jun 2017 07:57:59 +0000

En plena campaña a las primarias de Podemos en Canarias en las que estoy embarcado no puedo dejar de observar lo que pasa en las Islas. Y casualmente ayer me contactaron para pedirme ayuda e implicación en el asunto de los comedores escolares en Canarias y su inminente privatización total. Como no podía ser de otra manera, aparto la campaña electoral para avanzar una denuncia pública que espero secunden pronto los colectivos en los que participo y otros muchos. Una decisión esta la de privatizar los comedores escolares, que considero nefasta para nuestros niños y niñas, para sus familias y para la sociedad en su conjunto, por las consecuencias que trae.

I.- Mermas de la calidad. Algo que resulta evidente y parte de la lógica del máximo beneficio al menor coste de las empresas privadas, frente a la lógica del interés general de las empresas públicas. Las empresas privadas tienen que cumplir con sus expectativas de beneficio para sus accionistas, y detraen en lo que se gasta en comida y en su calidad. Quien tiene hijos en colegios sabe lo mucho que abusan los cátering de comida precocinada de muy poca calidad. Así, no es la primera vez que en Canarias se interceptan camiones con comida destinada a colegios que presenta mal estado o no cumple con unas mínimas medidas de sanidad en el transporte, como ocurrió el 10 de mayo de 2016 en Santa Cruz de Tenerife, cuando policías locales interceptaron dos vehículos que trasvasaban comida destinada a varios colegios de la capital sin cumplir con las medidas higiénico-sanitarias preceptivas.

II.- Sobrecoste para las familias. De la misma lógica de maximización del beneficio se deriva un aumento de la cuota de comedor que pagan las familias. Algo que extraemos de la experiencia reciente y de lo ocurrido ya en centros donde este servicio se ha privatizado, pasando de los 54 euros de cuota máxima con el servicio público a los 70 euros mensuales tras la externalización del mismo. Al margen del precio, al recortar la empresa el tiempo de permanencia en el comedor, se produce un desajuste en la organización de la familia, dificultando aún más la posibilidad de conciliar la vida laboral y familiar. No hablamos ya de las cuotas irregulares que cobran a las familias en los colegios concertados por variados conceptos -que muchas familias llaman el impuesto revolucionario-, haciendo que la educación pública lo sea cada vez menos, ante la mirada pasiva de nuestras administraciones canarias.

III.- Explotación laboral. Otra consecuencia de la misma lógica de nuestras democracias privatizantes: las administraciones ofertan a la baja para gastar menos y las empresas que más pueden ajustar sus propuestas son casi siempre empresas grandes, dejando fuera de las adjudicaciones a empresas de pequeño y mediano tamaño de origen local. Luego la empresa que se ha hecho con la concesión, al haber ofertado tan a la baja tiene que recortar de algún lado, y recorta en los trabajadores, apostando por contratos precarios a gente preferentemente joven y con poca formación, a la que pagarán poco y echarán pronto. Un ejemplo paradigmático de estas prácticas lo tenemos en la empresa líder en el sector del cátering para colectividades en España, la empresa Serunión. Esta empresa es la joya de la corona de las privatizaciones del PP en toda España, hasta el punto de que no hay una administración del Partido Popular que no tenga algún servicio de cátering externalizado con esta empresa. Esta empresa fue noticia hace unos años en Canarias por despedir de manera improcedente y señalar públicamente como “ladrona” a una trabajadora del comedor del Albergue Municipal de Santa Cruz de Tenerife por llevarse dos panes y unas lonchas de queso para sus hijos, por la falta de recursos económicos que sufría. A raiz de saltar a la luz este caso denunciado por varias plataformas sociales de Tenerife (Asociación Viera y Clavijo, Plataforma por la Dignidad), supimos de la multitud de denuncias que tiene esta empresa en infinidad de colegios de distintos lugares de España, por mala calidad de la comida y por prácticas de explotación laboral y despidos improcedentes. Mucho nos tememos que esta empresa entre de lleno también en los comedores escolares de Canarias, de la mano de un PP que va directo al Gobierno.

IV.- Menos recaudación vía impuestos. Consecuencia de la explotación y la precariedad laboral apuntada anteriormente deviene una menor recaudación vía impuestos, pues de contratos precarios muy bajos poco se va a recaudar. Así, no es de extrañar que se haya terminado ya casi la hucha de las pensiones en España.

V.- Fuga de capitales. Otro consecuencia diabólica más de esta locura privatizadora, pues el dinero destinado a mantener un servicio público de comedor revierte en la gente de aquí, ya uqe son trabajadores públicos residentes en Canarias, algo que no sucede con la mayoría de empresas que acceden a las adjudicaciones, mayoritariamente multinacionales o empresas con sede en otros lugares muy alejados de Canarias, de modo que todo el dinero se marcha fuera (incluído el Impuesto de Sociedades), empobreciendo aún más nuestra economía.

VI.- Fomento de la especulación financiera. La guinda a esta sarta de despropósitos y políticas contrarias al interés general la pone el hecho de que algunas -o muchas- de las empresas que se llevan los contratos son multinacionales extranjeras que tienen su matriz empresarial en empresas de caracter financiero especulativo, tal es el caso de la empresa francesa que fue denunciada por la comida que trasvasaban de un camión a otro de manera irregular en Santa Cruz de Tenerife y que apuntamos en el primer apartado.

Con todo lo apuntado, creo que hay razones más que de sobra para rechazar de plano la privatización de los comedores escolares en Canarias, y por extensión la mayoría de las privatizaciones, por esta lógica perversa tan dañina para nuestra sociedad, que sólo beneficia a unos pocos empresarios y a los políticos que los favorecen, por algo que resulta obvio y sobra que comentemos aquí.

Así las cosas, como portavoz de la Plataforma por la Dignidad y como candidato a Secretario General de Podemos Canarias por la candidatura “Podemos desde Abajo”, invito a la dirección de Podemos en Canarias, a sus cargos públicos y por extensión a todas las fuerzas políticas y sociales de nuestras Islas, a que denuncien públicamente este asunto y se opongan por todas las vías posibles, animándolos a apoyar las movilización que las ampas y otros colectivos implicados convocan para este próximo 15 de junio.

Eloy Cuadra, 10 de junio de 2017

¿Por qué no privatizamos la política también?

Versus — Tue, 05 Apr 2016 22:21:37 +0000

Viendo el escándalo de la empresa privada que gestiona el comedor del albergue de personas sin hogar de Santa Cruz de Tenerife, subcontratada a su vez por otra empresa privada que gestiona el albergue entero, y viendo cómo desde el Ayuntamiento nadie parecía saber nada de lo que allí pasaba, cuando hoy ya casi todo está privatizado en nuestras vidas, de repente me he dicho: ¿por qué no privatizamos también la política? En serio. Si es que ya no queda casi nada por privatizar. Desde que empezaron hace décadas con Tabacalera, Repsol, Gas Natural, Telefónica e Iberia esto no ha parado. La luz, privatizada, mandan las multinacionales. El agua, privatizada, Florentino Pérez anda por ahí. La Educación, privatizada, ya se encargó Wert de dejarlo bien arreglado. La Sanidad, privatizada, si no tienes pasta te mueres en las listas de espera. Las Cajas de Ahorros, privatizadas, mucho interés tenía en ello Rato, años después supimos por qué. La Cultura, privatizada, subieron el IVA al 21%, Wert también andaba por ahí. La información, privatizada y al servicio del mejor postor, siempre lo estuvo, y bien que nos lo aclaró John Swinton cuando dijo aquello de los prostitutos intelectuales. La informática y las tecnologías de todas las Administraciones, privatizadas, eso es cosa de técnicos. La Justicia, privatizada, siempre lo estuvo, los abogados valen caros, los juicios más, si quieres ganarlos, Gallardón terminó de apuntalarlo. Y no hay más porque al PP no le ha dado tiempo, pero andan en camino. La seguridad ciudadana, está en marcha desde que sacaron una Ley de Seguridad Privada que da mucha licencia para actuar y hasta detener a los vigilantes de seguridad privada, y con el cuento de que las horas extras de policías nacionales y guardias civiles son más caras, miedo me da hasta donde van a llegar. A Renfe, la están partiendo en pedazitos para privatizarla mejor, y ahora están por liberalizar las vías, luego vendrá la competencia y dirán que no es rentable, y al final dirán que era irremediable. Los aeropuertos, ya han empezado. Las autopistas lo mismo. La Lotería, ganas tenían. Los Paradores, en ello están. Y hasta el Registro Civil, con los papeles de todo el mundo… ¡ay mi madre! Y en esta vorágine de privatizaciones hasta al sol lo han privatizado, es de locos. Aunque hay que reconocer que lo tienen bien montado: empresas para los “amigos”, hacer caja para luego gastarlo en unos años, y puerta giratoria para cuando me retire. Sí señor, di que sí. En serio, me está gustando. Pero no, no podemos quedarnos ahí, ahora que íbamos tan bien. Hay que privatizarlo todo, y la política es ya casi lo único que nos queda. Total, si al final lo que decidamos aquí no sirve para nada porque manda la Merkel y por encima de ella mandan esos todopoderosos entes indefinidos llamados Mercados, que al fin y a la postre son empresas privadas.

Hagámoslo, venga. Sin partidos políticos. Sean valientes y privatícense a ustedes mismos. Si es que ya nos aburren, siempre con los mismos discursos, las mismas motos para vender, los mismos tipos con distintos collares, los mismos trajes, y hasta las mismas risas falseadas, para al final no hacer nada -dado que todo está privatizado-, salvo ocupar el cargo y cobrar por ello. Es sencillo: cada cuatro años que se presenten empresas a concurso público para la gestión integral de un ayuntamiento, de un cabildo, de una comunidad autónoma y hasta del país, y pongamos a gente preparada de verdad, con expertos en marketing, directivos que lo sepan todo de cómo explotar a los trabajadores y echarlos con estilo, con buenos economistas, con los mejores psicólogos y sociólogos, con gente guapa, y con lo último en tecnología e innovación, luego votamos la empresa que más nos convenza y a vivir que son dos días, si tienes dinero claro, si no, mala suerte. Bueno, no sé, igual me estoy pasando. Yo era comunista, creo. Entonces… debería optar justo por todo lo contrario. Hay que nacionalizarlo todo. ¡Sí…, hay que nacionalizarlo todo! Pero… que va. Utopía, sí, pero no hasta ese extremo. Me tacharían de iluso. ¿Y saben por qué? Porque el capitalismo con sus variadas formas, está ya inserto en nuestro ADN.

Eloy Cuadra