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Así destrozó España el derecho a la vivienda (un repaso histórico en 13 hitos)

Versus — Tue, 17 Feb 2026 18:00:10 +0000

1. Empezamos con treinta años de retraso

Tras la Segunda Guerra Mundial, en la mayoría de la Europa Occidental se asienta la democracia, con los estados del bienestar socialdemócratas keynesianos funcionando a pleno rendimiento, en una etapa que duró hasta que la entente ultraliberal Thatcher-Reagan impuso su credo. En España llegamos tarde. Después de 40 años de aislamiento franquista, sin estado del bienestar y casi sin derechos sociales efectivos, la democracia nace con notables déficits estructurales. No heredamos un parque público consolidado ni una cultura de alquiler social fuerte. Esta realidad nos ha lastrado desde entonces y aún hoy sigue afectando.

2. En los 80: propietarios y vivienda pública que termina privatizada

Tras la dictadura, el sistema mantuvo la inercia de priorizar la propiedad frente al alquiler, a diferencia de lo que ocurría en buena parte de Europa. La aprobación de la Ley del Mercado Hipotecario en 1981 facilitó el acceso al crédito y permitió que muchas familias compraran vivienda mediante hipotecas cada vez más accesibles. A la par, se mantuvo un volumen relevante de vivienda pública, pero con un diseño estructural defectuoso, pues la mayoría de estas viviendas protegidas acababan descalificadas y pasadas a propiedad privada. Dicho de otra manera, no se construyó un parque público permanente de alquiler, con un mensaje político muy claro: ser propietario era el objetivo natural del ciudadano.

3. En los 90: bonanza y liberalización del suelo

En los 90, España orienta su política hacia la liberalización masiva del suelo y la reducción de la intervención pública directa. A lo que contribuye enormemente la aprobación de la nueva Ley del Suelo en 1998, que establecía en la práctica que todo suelo no protegido podía ser urbanizable. La expansión urbanística se convirtió en política económica central de muchas administraciones, con una premisa clara: había que abandonar la promoción directa de vivienda pública y apostar por VPO de promoción privada. Aquello fue el caldo de cultivo perfecto para pelotazos urbanísticos, recalificaciones masivas y corrupción política. Es en esta década cuando la vivienda dejó de ser un derecho social para convertirse en motor financiero y herramienta especulativa.

4. La década prodigiosa, el estallido y la crisis

En la primera década del milenio la bonanza económica del país alcanza su cénit, con el sector inmobiliario y el ladrillo como motores. Se construye masivamente vivienda privada, y también se compra masivamente, con las familias hipotecadas sin garantías. El precio de la vivienda sube exponencialmente. Así las cosas, a mediados de la década España se convierte en anomalía europea, con una mayoría aplastante de propietarios endeudados, frente al modelo dominante en Europa con mucho peso del alquiler. En 2008 estalla la burbuja. La clase política, mediocre y complaciente con el modelo especulativo, fue incapaz de prever o mitigar el desastre. La vivienda, convertida en activo financiero, arrastra consigo a millones de familias.

5. Se rescata a los bancos, no a las familias

Tras la crisis, millones de familias pierden sus casas. Pero el Estado opta por salvar al sistema financiero, inyectando decenas de miles de millones de euros públicos para rescatar bancos. A día de hoy, se estima que unos 60.000 millones no han sido devueltos, ni lo serán. A la par, se produce una fuerte concentración bancaria y llegan los años del austericidio. Los españoles, con un Estado del Bienestar poco desarrollado y sueldos bajos, enfrentan una década de depresión social y aumento brusco del desempleo y la desigualdad. Se estima que desde 2008 se han ejecutado más de un millón de desahucios en España. La prioridad quedó clara: estabilidad financiera antes que derecho constitucional a la vivienda (artículo 47 de la Constitución).

6. La respuesta social, sin respuesta estructural

La indignación social cristaliza en el 15-M y en colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ponen en el centro del debate la dación en pago, la paralización de desahucios, una banca pública, la necesidad de vivienda social o la urgencia de frenar la especulación. Pese a la fuerte movilización social, la irrupción de Podemos y su entrada en el Gobierno, básicamente nada se ha hecho. Estructuralmente, el modelo no se alteró. No se construyó un parque público masivo, ni se intervino el mercado de forma sostenida, ni se alteró el carácter financiero de la vivienda.

7. Fondos buitre y financiarización

Tras la crisis, la banca acumulaba miles de viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias. Muchas de ellas fueron vendidas con grandes descuentos -casi regalos- a fondos de inversión internacionales. En 2012 se crea la SAREB, el llamado “banco malo”, que facilitó la salida de activos tóxicos del sistema financiero y muchas nuevas viviendas, asumiendo la deuda finalmente el Estado. Lamentablemente, no se hizo público ese gran parque de vivienda, continuó engrosando la cartera especulativa de los fondos buitre. Con posterioridad, para hacer aún más fácil el acaparamiento lucrativo de la vivienda, se aprueban beneficios fiscales (SOCIMIs) y reformas legales que facilitaron la entrada de capital especulativo. La financiarización generalizada de la vivienda provocó muchos miles de desahucios nuevos y una subida considerable de los alquileres, muy por encima del crecimiento salarial.

8. El auge del alquiler vacacional

A partir de 2013-2014, con la recuperación económica y la expansión de plataformas como Airbnb, el alquiler vacacional dejó de ser complementario o “economía colaborativa” -como defendieron bisoñamente hasta partidos alternativos- para convertirse en industria. El efecto inmediato y progresivo fue la retirada de miles de viviendas del mercado residencial para destinarse al uso turístico. En ciudades y territorios turísticos -Canarias entre ellos- el fenómeno fue especialmente intenso, con reducción alarmante de oferta de alquiler estable, incremento inaccesible de precios y expulsión progresiva de residentes. A día de hoy, la regulación ni siquiera termina de llegar, y donde lo hace resulta tibia o ineficaz. Entre tanto, la rentabilidad del alquiler turístico no ha parado de crecer, convertido el modelo en un auténtico lobby ahora ya muy difícil de contrarrestar.

9. La venta masiva a extranjeros: mercado global, salarios locales

Tras la crisis, España se convirtió en destino privilegiado de inversión inmobiliaria internacional. En determinadas provincias y archipiélagos, el porcentaje de compraventas por parte de extranjeros ha alcanzado cifras muy elevadas, fruto del alto poder adquisitivo del europeo medio frente a la población local, y la alfombra roja que desde las administraciones han puesto (golden visa, teletrabajo tecnológico). El precio de la vivienda se fija según la capacidad adquisitiva de economías más fuertes, y el trabajador local queda fuera de cualquier opción, porque compite en un mercado global, en un mercado salvaje. En regiones con sueldos bajos y dependencia turística -como Canarias-, el efecto es devastador.

10. Siete años de promesas: el Gobierno de Pedro Sánchez

Con la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez, se abre la expectativa de un giro estructural en política de vivienda, y el discurso parece cambiar. Pero los años pasan y de la retórica no se pasa, hasta 2023, año de aprobación de la primera ley estatal de vivienda de la democracia. La ley, muy tibia y descompensada, introduce algunas herramientas como la declaración de zonas tensionadas y límites a la actualización de rentas, pero todo queda sobre las espaldas de los propietarios y la aplicación -o no- de las comunidades autónomas, y la norma se convierte en papel mojado. Entre tanto, el parque público sigue siendo uno de los más bajos de Europa, no se ha buscado una movilización masiva de vivienda social, ni la SAREB se ha transformado en el instrumento estructural que muchos esperaban.

11. La criminalización de la ocupación: el gran desvío

Mientras los gobiernos y administraciones seguían a otra cosa en materia de vivienda, el debate público se fue centrando cada día más en el fenómeno de la ocupación. Y aunque los datos siempre han mostrado que se trata de un fenómeno estadísticamente minoritario en comparación con el volumen total del parque inmobiliario, el asunto se ha convertido en eje central del discurso político, a lo que han contribuído enormemente la polarización social anti Pedro Sánchez, el auge de la ultraderecha y la hegemonía de medios conservadores defensores de la propiedad privada. Esta realidad social ha derivado en una continua y asentada sensación de alarma, en un incremento de la aporofobia (criminalización de los pobres) y en la imposibilidad de avanzar grandes acuerdos o consensos por el derecho a la vivienda.

12. El fracaso histórico del parque público

Un factor capital en este deterioro progresivo del derecho a la vivienda lo pone el hecho de que España tenga uno de los parques de vivienda social más reducidos de Europa occidental. Y ello porque durante décadas la vivienda protegida se ha vendido, no se ha consolidado el alquiler público permanente, y en muchos casos aún peor, con grandes promociones públicas vendidas sin escrúpulos a fondos de inversión, como ocurrió en Madrid durante el mandato de Ana Botella. Y así, sin parque público suficiente, y sin otros mecanismos reales de presión, el Estado carece de herramientas efectivas para influir en precios y garantizar el acceso a la vivienda.

12. Reformas que aumentaron la inseguridad

Por si no bastaba con todo lo que hemos contado, la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos en 2013 redujo la duración obligatoria de los contratos, aumentando la vulnerabilidad del inquilino y facilitando subidas rápidas de rentas. La fiscalidad, históricamente favorable a la propiedad frente al alquiler, reforzó el sesgo estructural. Y las competencias fragmentadas entre Estado, comunidades y ayuntamientos facilitaron la inacción.

13. El nuevo ciclo: empleo precario en un mercado global

Revertir la situación de la vivienda en España, tras décadas de decisiones orientadas a vaciar de contenido el derecho constitucional, no es sencillo -por no decir imposible- en el contexto actual. No lo es si tenemos en cuenta que la recuperación económica tan vendida por Sánchez es altamente engañosa, porque los salarios siguen bajos y perdiendo poder adquisitivo, el empleo es mayoritariamente precario y de bajo valor añadido y los alquileres se han disparado muy por encima del crecimiento de las rentas. A ello se suma un factor estructural difícil de neutralizar: el hecho de que España se haya consolidado como uno de los destinos más atractivos del mundo tanto para invertir como para vivir. En una economía europea abierta, con libre circulación de capitales y personas, resulta inviable restringir de forma significativa la llegada de compradores e inversores internacionales con mayor poder adquisitivo. Así, el mercado inmobiliario español compite ya en una liga global, mientras los salarios siguen siendo locales.

En conclusión…

La combinación de fondos y rentistas dominando amplias bolsas del mercado -que nada quieren saber de la vivienda como un derecho-, con millones de viviendas desviadas al uso turístico, la entrada constante de capital extranjero, un parque público insuficiente, unos sueldos muy bajos, la polarización fanática de la sociedad y una clase política nefasta y enfrentada, nos han traído la tormenta perfecta que hace que hoy, en buena parte de España, tener trabajo no garantice poder vivir en condiciones dignas, y no se vislumbren soluciones fáciles.
Dicho con otras palabras: el derecho a la vivienda en España no se lo han cargado de un día para otro, no es cosa solo de Pedro Sánchez, han trabajado duramente todos durante muchas décadas, por ideología, por especulación, por omisión política y por cobardía.

En este punto no puedo evitar recordar la escena final de El planeta de los simios, cuando el personaje interpretado por Charlton Heston descubre que el planeta arrasado era la Tierra y grita desesperado:

¡Maniáticos, lo habéis destruido! ¡Os maldigo a todos!”

. Una acertada metáfora sin duda, para un final brillante y trágico, que va camino de ser premonitorio.

Eloy Cuadra, escritor y activista social

La AR Lolo Dorta denuncia las políticas propaganda de PP y PSOE en materia de vivienda: brindis al sol, parches, manipulando a los jóvenes, etc.

Versus — Sun, 06 Oct 2024 10:07:23 +0000

En los últimos días hemos asistido a un capítulo más de la farsa a la que nos tienen acostumbrados los dos partidos que mandan en España, Partido Popular y PSOE, esos partidos que en Europa, donde se deciden las cosas, votan hasta en el 90% de las ocasiones lo mismo, pero en España tienen que fingir que están enfrentados para que el teatrillo se mantenga medianamente creíble. Lo último, las soluciones calcadas que presentan para hacer como que se preocupan por la juventud de este país.

Así, el pasado jueves la portavoz de los populares Cuca Gamarra salía al paso con una de las medidas estrella de su partido con la que pretenden que los jóvenes puedan emanciparse en este país, nada más y nada menos que aplicarles una pequeña rebajita en impuestos durante un par de años para que así supuestamente puedan tener más facilidades para acceder a una vivienda y tomar las riendas de su vida.

Al día siguiente la Ministra de Vivienda del Partido Socialista replica la misma medida pero a la inversa, anunciando que se va a habilitar un bono joven de 250 euros al mes para que los jóvenes dispongan de un poco más de dinero para alquilar una vivienda. Para este asunto consigna el PSOE 200 millones de euros, de los cuales a Canarias le tocan 10,6 millones, con lo que si echamos las cuentas, a 250 euros al mes la ayuda le llegaría a poco más de 3000 jóvenes al año, en un archipiélago que tiene 2.300.000 habitantes, o incluso más. 3.000 y pico contando con que se pudieran repartir, cosa improbable sin viviendas.

Y es que en el bipartidismo español no entienden, o sí entienden pero no les interesa entender, que si el problema está en la carencia abismal de vivienda que sufrimos, por la falta de promoción pública, por la desmesura del alquiler vacacional, por el miedo a los impagos o a las ocupaciones, o por el boom turístico y especulativo que hace que medio mundo quiera venir a comprar y a invertir en España, los jóvenes españoles con sueldos de miseria, entre los más bajos de toda Europa, serán casi siempre los últimos en la competición que se libra hoy en España cada vez que una vivienda se pone en alquiler. Así las cosas, esos 250 euros o esa desgravación fiscal no van a servir más que para inflar un poco más los precios (algo parecido a lo que hacen la líneas aéreas en Canarias con lo del 75% de bonificación a residentes), porque por cada vivienda en alquiler que hay en el mercado el propietario tiene para elegir entre una larga lista de posibles inquilinos, entre profesionales muy bien pagados, médicos, empresarios, profesores, funcionarios de clase media alta o extranjeros ricos, de modo que los jóvenes ocuparán siempre un lugar muy atrás en el casting, y probablemente queden descartados en cuanto el propietario se entere que el joven depende de una ayuda del gobierno o una desgravación fiscal para poder pagar la vivienda.

En la AR Lolo Dorta nos cuesta mucho creer que esta gente del PP y del PSOE no sepan todo esto, de ser así serían sumamente estúpidos o ineptos. Y como no parece ser ese el caso tenemos que concluir que lo hacen a sabiendas, con ánimo de confundir, de engañar o de manipular a la opinión pública, especialmente a los jóvenes a los que va dirigida la propaganda, lo cual nos resulta muy grave y extremadamente cruel, pues los jóvenes son el futuro de este país y la mayoría aún son desconocedores de muchos de los entresijos del mercado inmobiliario, y verán estas medidas como positivas sin saber del engaño mayúsculo que están sufriendo.

Por todo esto, desde la Acampada Reivindicativa Lolo Dorta insistimos en denunciar esta absoluta tomadura de pelo a los españoles, sugiriendo a PP y PSOE que si quieren de verdad ayudar a los jóvenes y trabajar por el derecho a la vivienda en España que empiecen por aplicar o proponer otras medidas. Las dos primeras desde el gobierno, una es poner de una vez por todas las viviendas de la SAREB en alquiler social para todo el mundo, una promesa tantas veces hecha y nunca cumplida…

, y la otra ilegalizar a las empresas Desokupa que se valen de un delito para conseguir sus objetivos. A partir de aquí se trataría de buscar Pactos de Estado o como mínimo fórmulas de máximo consenso para regular, limitar o reducir en su caso el descontrol del alquiler vacacional en España, como ocurre en otros países europeos cercanos, como Francia. Y si el problema está en la especulación y en la negativa influencia de los fondos buitre campando a sus anchas por España, como mínimo restarles poder e influencia limitando de alguna manera su actividad o fiscalizándola mejor, como también ocurre en otros países europeos, Bélgica por ejemplo. Y si en España tenemos casi cuatro millones de viviendas vacías, habrá que buscar fórmulas legales para comprarlas, alquilarlas o presionar a los propietarios para que las pongan en uso, como ocurre en otros países europeos con gobiernos por cierto conservadores, como Holanda por ejemplo.

Y si el problema lo tenemos sobre todo en los jóvenes que no pueden emanciparse, ni formar una familia, ni tener hijos, ni planificar un mínimo proyecto de futuro, en vez de inventar medidas basura como las que están sacando, que empiecen por abrir bancos públicos (Alemania, Francia, Suecia, Italia, Finlandia, Países Bajos, Suiza, Dinamarca, Noruega), presionar o negociar con la banca privada para que abaraten o faciliten el crédito a los jóvenes, o concedan ayudas directas a la compra de vivienda, y por supuesto que concedan también ayudas por hijo nacido hasta la mayoría de edad o hasta los 25 años, como ocurre en distintos países europeos también de corte conservador. En Alemania por ejemplo, 219 euros para los dos primeros hijos, 225 para el tercero y 250 a partir del cuarto.

En resumen, como se desprende una y otra vez de las comparaciones con distintos países europeos, el principal problema de España no es la vivienda, ni los bajos salarios, ni la delincuencia, ni Cataluña, ni por supuesto la inmigración, es nuestra clase política corrupta y mediocre hasta decir basta, y en especial los dos partidos que han gobernado desde que existe esa mal llamada democracia en España.

Rogamos difundan este comunicado, dada la importancia de lo que denunciamos.

6 de octubre de 2024, en Santa Cruz de Tenerife,
ACAMPADA REIVINDICATIVA LOLO DORTA

La Sareb sigue desahuciando, a pesar de Sánchez.

Versus — Thu, 07 Dec 2023 09:57:57 +0000

¿Recuerdan la última promesa electoral de Pedro Sánchez este pasado verano, cuando decía que se iban a movilizar hasta 50.000 viviendas a través de la Sareb para aumentar el parque público de viviendas para jóvenes y viviendas asequibles en España?

Pues sí, tiene toda la pinta de que no era más que propaganda, para empezar porque no hay 50.000 viviendas, son bastantes menos, muchas están ya habitadas, y otras no son más que suelo con posibilidades o promociones inacabadas. Pero la cosa no queda aquí, porque si sólo fuera esa la mentira tendría hasta un paso, “Sánchez exageró un poco”, diríamos. El asunto es que un año antes de la promesa electoral de Sánchez, el gobierno del PSOE y Unidas Podemos presidido por Sánchez firmó con la Sareb, empresa de la que el Estado tiene la mayoría de las acciones, la cesión de la gestión de los activos inmobiliarios de la entidad a dos fondos buitre americanos, a cual peor, y a día de hoy la Sareb sigue presentando demandas de desahucios en los juzgados de España, para echar a familias que en muchos casos tienen contratos legales y situaciones de vulnerabilidad económica. Fíjense si hay trampa, que hace apenas unas semanas hemos sabido que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), ha obligado a la Sareb a publicar el listado de los inmuebles ya vendidos, incluyendo la entidad adquirente, así como los que aún tiene en su propiedad, y la Sareb se niega a publicarlo, aduciendo daños a su imagen comercial, y también porque dejaría muy mal a Pedro Sánchez con su promesa electoral, aunque esto último no lo dice.

Pero antes de entrar en el asunto de los desahucios y de estos dos fondos buitre, hagamos una pequeña retrospectiva de lo que es la Sareb, este mal llamado “banco malo”, como si hubiera bancos buenos. Y la Sareb, responde a las siglas de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, y es una empresa que creó en 2012 el gobierno de Mariano Rajoy, para quitarle a los bancos sus activos más tóxicos que llenaban sus cuentas de pérdidas en hipotecas impagadas, generadas tras la barra libre de los bancos concediendo créditos sin garantías a todo el mundo, lo que acabó en la megacrisis económica de 2008. La creación de la Sareb era una condición que Europa le puso a España para poder recibir los 100.000 millones de euros del rescate bancario. En principio la Sareb era una empresa privada, conformada con capital de los bancos, comprando hipotecas y casas a bajo coste a esos mismos bancos, con el fin de sanear sus balances. El asunto es que en 2022 la Unión Europea, en una decisión que muestra muy a las claras de parte de quién están los que mandan en Europa, obliga a España a contabilizar como públicas las deudas y pérdidas del “banco malo” derivadas de la mala gestión de esos bancos, endosándole a todos los españoles una deuda que hasta entonces era de bancos privados, disparando de paso la deuda pública de España hasta el 120% del PIB, la que tenemos ahora. Es entonces cuando el gobierno de Pedro Sánchez promulga una ley para hacerse con el control accionarial de la Sareb a través del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). ¿Recuerdan el famoso lema del capitalismo “socializar las pérdidas, privatizar las ganancias”, pues aquí lo tienen?

Y bueno, con todo esto, el timo se ve a la legua, nos han vuelto a tomar el pelo a los ciudadanos. Ahora, ¿quieren saber quiénes son los dos fondos buitre que controlan la Sareb en la actualidad? Mejor que no quieran saberlo, porque es para echarse a llorar. El 55% de la cartera de activos de la Sareb la controla Hipoges Iberia SL, una inmobiliaria, a la que ellos llaman servicer, propiedad de un fondo de inversión en capital de riesgo americano llamado KKR. A este fondo se le conoce internacionalmente como “los bárbaros de Wall Street”, por sus habituales operaciones sin piedad, ni compasión, ni ética, donde manda el “todo por la pasta”. El 45% restante de la Sareb lo controla el servicer Anticipa/Aliseda, propiedad del fondo buitre americano Blackstone, un fondo que fundan dos exdirectivos del banco de inversiones americano Lehman Brothers, casualmente el causante de la crisis del 2008 con sus hipotecas subprime. Como ven, al final todo vuelve a casa, a la casa de estos buitres sin alma: ellos generan la crisis y se cobran los beneficios. Por cierto, Blackstone es el mayor casero de Europa, y en la última década en España ha comprado a precio de saldo, con el beneplácito de nuestra clase política, al menos 146.320 viviendas y 81.095 préstamos, junto con una masa indeterminada de promociones residenciales y de suelos edificables, generando miles de desahucios por todo el país.

Y así acabamos aterrizando en Canarias, porque ayer, día de la Constitución Española, nos fuimos hasta el sur de Tenerife a celebrar el panfleto de propaganda política en el que se ha convertido la Constitución, a visitar a un grupo de familias con contrato de alquiler perfectamente legal, a las que la Sareb intenta engañar y desahuciar, en una práctica que imaginamos estará extendiendo a toda España. Ya lo ven, otra promesa de Sánchez desmontada de extremo a extremo. No sé, creo que debería haber algún tipo de penalización oficial reglada, para cuando un político miente tan descaradamente. Pero bueno, esto es otro asunto, que daría para otro artículo. En los próximos días habrá más noticias con referencia a la Sareb y los desahucios que está planteando en Canarias, estaría bien que pudieran hacer circular este artículo a modo de aviso a más afectados, para ir coordinando acciones, denuncias y defensa.

Eloy Cuadra,
ACAMPADA REIVINDICATIVA LOLO DORTA

El artículo en audio, versión podcast: https://go.ivoox.com/rf/120729763

Las mafias de la vivienda que nuestros políticos no quieren ver.

Versus — Thu, 21 Oct 2021 12:09:49 +0000

Abordamos hoy quizá la cuestión más espinosa e incómoda de todas las que rodean al negocio de la vivienda, por tratarse de actividades éticamente siempre dudosas y en ocasiones totalmente ilegales. Se trata de las mafias, y digo “mafias” porque todas practican algún tipo de actividad contraria a la ley, y van en plural porque por desgracia no es una sola, son unas cuantas. La primera de ellas, tal vez la más conocida, son esas supuestas empresas que se ofrecen a sacar a la persona que ocupa una vivienda por unos módicos miles de euros, la mayoría de estas empresas por no decir todas se presentan con tipos de porte muy musculado que a menudo usan de la coacción y la intimidación al más puro estilo mafioso para ” invitar” a la persona ocupante a marcharse, asegurando poder hacerlo en un plazo de 72 horas. ¿Por qué proliferan en España este tipo de empresas con prácticas que rozan lo delictivo y ninguna administración política hace nada por ponerles freno? A poco que entendamos lo muy conservadora que es España sabremos que estas empresas vienen a justificar a esa parte mayoritaria de la población amante de la propiedad privada y de que las cosas no cambien nunca, que entienden que toda ocupación de vivienda es ampliamente condenable y responde siempre a gentes de mal vivir. A años luz de lo que sucede en media Europa, en Holanda por ejemplo, es legal ocupar una vivienda que lleve más de un año vacía, o en Austria por ejemplo, un gobierno similar a Vox, con el parque de vivienda pública en alquiler de lo más de toda Europa. Pero Spain is dífferent amigos, hace falta cierta valentía para enfrentarse a esta gente, teniendo como tienen detrás al sentir de media España, a unos cuantos partidos y a bastantes empresas y medios de comunicación. Es el negocio del miedo, en el que ganan multitud de empresas vinculadas a la seguridad, a lo jurídico y también a lo político, con las que tienen negocios no pocos medios, de donde ganan también empresas como el Partido Popular, Ciudadanos o VOX, reforzando su discurso aporofóbico de criminalización del pobre y justificación de las desigualdades.

La segunda de las mafias de la vivienda que vamos a tratar hoy tal vez no sea tan conocida pero es sin duda la más poderosa, son los propios fondos buitre, que muy bien definía cómo “mafias” el compañero Lolo Dorta el otro día en Televisión Canaria. Y es que los fondos buitre también usan de las empresas de desocupación que acabamos de nombrar para echar a las familias a la calle con métodos muy poco legales, así, hace unos meses, en esa tierra sin ley que es el sur de Tenerife nos encontramos con un fondo que manda a fornidos extranjeros a echar a la gente a la calle en plena noche, a fuerza de entrar por la fuerza cambiando cerraduras y sacándolos al portal en pijama. También los hay algo más sutiles por supuesto, como Coral Homes (segundo máximo tenedor de vivienda de Canarias solo por detrás del Instituto Canario de la Vivienda). Este fondo buitre americano vinculado a CaixaBank acostumbra a contratar a empresas de mediación, donde son habitualmente señoritas muy educadas y decididas -en Tenerife es famosa una tal Nerea- las que llaman a las familias por teléfono para ofertar primero una pequeña cantidad de dinero, cuando la familia no acepta el primer chantaje comienzan con el martirio psicológico, las burlas, las amenazas, y las familias acaban muy a menudo presas de un ataque de nervios, de una depresión o de cosas peores. Y si esta conducta es claramente mafiosa, ¿cómo calificaríamos lo que hacen estos fondos buitre, apropiándose de cientos de miles de viviendas a precios irrisorios muy por debajo del mercado, en su mayoría arrebatadas a las familias que las habitaban y que en buena parte ya habían pagado, para venderlas ahora a precio de oro a beneficio de empresarios extranjeros? También en este caso resulta escandaloso, y otra vez nos encontramos con que en España no hay nadie que sea capaz de hacerle frente a estas mafias buitre, y es que de nuevo hace falta valentía, y en nuestro gobierno actual con Pedro Sánchez viajando a Estados Unidos a rendir pleitesía a los fondos buitre no parece que haya mucha, tampoco hay mucho tino cuando promulgan una ley que va a limitar los precios del alquiler y que tratándose de España no va a suponer más que una merma aún mayor de la vivienda en alquiler. A todo esto en España hay 3,4 millones de viviendas vacías, la mayoría de fondos buitres y grandes tenedores. El problema, y la solución, está en esos 3,4 millones de viviendas vacías, creo, no en los precios del alquiler.

Y así llegamos a la tercera mafia de la vivienda, la que actúa en los niveles más bajos, mueve menos intereses y menos capital pero en Canarias es especialmente perniciosa. Estas mafias en Canarias actúan sobre todo gracias al descontrol que hay en el Instituto Canario de la Vivienda y en Visocan, y es que ni uno ni la otra llevan una fiscalización mínima de las viviendas que tienen, el Instituto Canario de la Vivienda afirma tener unas 14.000 viviendas, Visocan dice que en torno a 5.000, pero lo cierto es que no saben ni cuántas son en realidad, ni en qué régimen están, y mucho menos si están vacías, ocupadas, abandonadas, subarrendadas o vendidas ilegalmente. A veces porque la persona asignataria de la vivienda se murió, otras porque decidieron mudarse de barrio, otras porque la economía mejoró y ahora se dedican a alquilarlas, otras porque no pagan la hipoteca, o el alquiler, o lo que sea, y de esta falta de fiscalización se aprovechan las mafias, ocupando estás viviendas públicas fuera del control de las administraciones o echando a familias a la calle con métodos poco legales, para luego alquilarlas o venderlas casi siempre al margen de la ley. Estás mismas prácticas mafiosas las repiten en las viviendas vacías que tienen en Canarias los bancos y los fondos buitres, existiendo al fin y a la postre un mercado negro o submundo del alquiler y la venta de vivienda que controlan estas mafias alternativas, perjudicando básicamente a las familias que peor están, que no encuentran ayuda por el lado de las administraciones y cuando tratan de buscarse la vida por su cuenta se topan con la actividad de esta gente. Lo triste del asunto es que ya desde el año 2003 la ley Canaria de Vivienda recoge la creación de la policía de vivienda para controlar este tipo de actividades fraudulentas, y deriva en los cabildos en coordinación con el Instituto Canario de la Vivienda su desarrollo y puesta en marcha. En 2015 se aprobó en pleno del Cabildo la activación de esta policía de vivienda. A día de hoy ni Gobierno de Canarias ni Cabildo alguno han puesto en marcha esta unidad.

La última mafia de la que vamos a hablar hoy es una que actúa prácticamente en todos los ámbitos, y no iba a dejar al negociazo de la vivienda aparte: me refiero a la mafia política. Así, si buceamos un poco en las páginas de empresas nos sorprenderemos con la cantidad de políticos y ex políticos que tienen vínculos o intereses en el mercado de la construcción o en el inmobiliario, Paulino Rivero sin ir más lejos, ese maestro de escuela que llegó a ser Presidente del Gobierno y que ahora es Consejero en una potente inmobiliaria madrileña que vende pisos de lujo en Tenerife. Es solo un ejemplo de lo mucho que se puede sacar pegado al ladrillo, hay más en las administraciones, ¿recuerdan el caso del Catastro destapado hace años por el Diario de Avisos?, por no hablar de lo que les gusta a los políticos eso de construir vivienda, aunque en Canarias tengamos 150.000 viviendas vacías. ¡Nooo, ¿para qué vamos a tocar esa vivienda vacía?!, ¡no vaya a ser que se moleste algún empresario poderoso!, ¡mejor apostamos por construir y construir, y de paso si se puede nos llevamos una mordidita!

Entendemos ahora por qué hay tantas mafias actuando en torno a la vivienda y nuestros políticos nada hacen ni quieren ver, y es que el título del artículo venía con trampa, sus señorías también están metidas en el ajo. Sobra decir que estamos ante la crisis habitacional más grave que ha sufrido esta tierra canaria en su historia, nos va a tocar luchar.

Eloy Cuadra, escritor y activista social.