Y lo primero que tenemos que entender y diferenciar con claridad, es la figura del migrante pobre frente a la del extranjero o colono rico. Porque ambos están llegando en número creciente a Canarias, sí, pero no cumplen la misma función, no ocupan el mismo lugar en la estructura social, y sobre todo, no producen el mismo impacto sobre el territorio ni sobre la población local. Mezclar ambas figuras, como hacen algunos de forma interesada o por pura superficialidad, es el primer error, o la primera trampa del debate.

El migrante pobre llega desde la necesidad. No trae capital, no compra suelo, no fija precios. Llega, en la mayoría de los casos, a insertarse en los estratos más bajos del mercado laboral (agricultura, cuidados, hostelería, construcción). Sectores, por cierto, imprescindibles para el funcionamiento real de la economía canaria, aunque luego se les niegue reconocimiento. Su margen de acción es por tanto limitado. No redefine el mercado: se adapta a él. No desplaza estructuralmente: ocupa los huecos que ya existen, muchas veces en condiciones precarias que otros no quieren asumir. En cuanto a la vivienda, no la compra, ni la encarece, solo la alquila, cuando puede, para vivir muchos en el mismo piso y ahorrar costes. Cuestión aparte es cómo se le utiliza. Aquí aparece la hipocresía: se le señala culturalmente, se le convierte en chivo expiatorio, se le niegan derechos básicos, se le persigue y hasta se le golpea, pero al mismo tiempo se le explota laboralmente cuando hace falta. Es decir, se le rechaza en el discurso, pero se le necesita en la práctica.

Y aquí conviene añadir algo importante para no caer en otra trampa habitual: cuando se habla de migración pobre y de sus efectos sobre los salarios o la economía sumergida, el foco no puede ponerse sobre quienes llegan, hay que hacerlo sobre los se aprovechan de su vulnerabilidad. Si existen bajos salarios, empleo irregular o competencia desleal, no es porque el migrante los genere por sí mismo, sino porque hay un tejido empresarial dispuesto a utilizarlos en esas condiciones y un marco laboral que hace la vista gorda. La respuesta, por tanto, no puede ser invisibilizar a estas personas, negarles derechos o cuestionar su regularización. Al contrario: regularizar, reconocer derechos laborales plenos, reforzar la inspección de trabajo y perseguir con firmeza a quienes explotan es la única forma de evitar que la precariedad se utilice como herramienta para degradar el mercado laboral en su conjunto. Al dignificar las condiciones de los más vulnerables, se protege también al conjunto de la clase trabajadora, y, a la larga se suben salarios, permitiendo que trabajadores canarios accedan también a esos trabajos más dignos. Y por supuesto, también -no lo olvidemos- fomentar políticas que favorezcan la natalidad, para que no necesitemos tanta mano de obra externa.

¿Entienden por dónde voy? Bien. Pues frente a la figura del migrante pobre, aparece otra completamente distinta: la del extranjero con alto poder adquisitivo, al que algunos llaman inversor, residente internacional o, como aquí planteamos sin eufemismos, colono económico. A diferencia del primero, este no llega desde la necesidad, lo hace desde la ventaja del negocio. El colono rico no depende del mercado local: lo condiciona, porque llega con capacidad de compra, con acceso a crédito, con respaldo económico externo. Su relación con el territorio no es la de quien busca integrarse en él para sobrevivir, es la de quien lo incorpora como activo (vivienda, suelo, rentabilidad, calidad de vida). Y aquí es donde cambia todo. Porque cuando esta figura entra en un territorio limitado como Canarias, no se adapta al mercado existente: lo reconfigura. Lo hace porque puede pagar más por la vivienda, puede asumir precios que el salario local no soporta, y puede convertir vivienda residencial en inversión o segunda residencia.

Observen aquí el efecto en cadena que la llegada de los colonos ricos generan en un territorio como Canarias: 1) tienen mayor poder adquisitivo, 2) suben los precios adaptándose a la demanda, 3) la población local no puede competir y queda fuera del acceso, 4) el colono rico acapara patrimonio y poder, 5) el mercado se reconfigura con precios altos enfocados a la especulación turística, al vacacional y otros negocios rentables, dejando fuera a la población local, 6) la población local se acaba marchando.

Así funciona esto. No hace falta expulsar a nadie directamente para que haya expulsión. Basta con que el canario medio ya no pueda vivir donde ha vivido siempre. Y aclaro, no se trata de cultura o color de piel, porque si llega un colombiano rico pasa a formar parte del colono igualmente, y deja de ser migrante. No estamos hablando por tanto de “buenos” y “malos”, no es el origen, es la posición en la estructura económica y su capacidad de influencia sobre el territorio. El migrante pobre no tiene capacidad de desplazar a la población local a gran escala. El colono económico sí. Así de claro es, y sin embargo, el debate público distorsionado y volcado a la derecha pone el foco casi exclusivamente en el primero, mientras normaliza o incluso celebra al segundo. Es la inversión completa de la realidad, de locos. No paramos de hablar sobre identidad, cultura, inseguridad o convivencia, y mientras tanto estos otros actores operan de fondo, acaparando vivienda, territorio y poder, y el canario va saliendo con la maleta, o se queda malviviendo.

Este es el reemplazo silencioso del canario del que habla mi teoría. Si se fijan en el título del artículo, he puesto “teoría” entre comillas. Lo hago así porque no se puede considerar teoría, y es ya toda una realidad, lo que pasa por ejemplo en Fuerteventura, donde hay estudios que apuntan a que solo el 30% de la población es nacida o autóctona de la isla. En Lanzarote llevan más o menos el mismo camino, y las dinámicas en el resto de islas van en la misma dirección. Tampoco es teoría que Canarias tenga ya en torno a un 25% de población extranjera -no contamos los muchos miles de peninsulares que también vienen desde una posición de superioridad económica con respecto al canario-, frente a una media estatal casi 10 puntos menos. Y no es teoría, es realidad, que el 35% de las viviendas totales del Archipiélago están en manos de extranjeros, o que haya aumentado considerablemente en los últimos años el número de canarios -especialmente jóvenes- que viven fuera, hasta los 212.000 personas.

¿Cómo estaremos dentro de unos años, quizá dentro de alguna década, si no hacemos nada para modificar esta realidad y estas dinámicas? Pues es posible -aunque espero que no- que nos parezcamos aún más de lo que ya nos parecemos al Archipiélago de Hawái, en la costa oeste de los Estados Unidos. Allí el proceso ya ha llegado mucho más lejos. La población nativa hawaiana es hoy una minoría en su propio territorio, con un porcentaje que apenas llega al 20%. Pero lo importante no es solo la cifra, es el proceso que la explica: llegada masiva de población externa, control del suelo por grandes intereses económicos, desarrollo turístico intensivo y transformación del territorio en un producto global. El resultado es un modelo donde la cultura local sobrevive, sí, pero muchas veces convertida en folklore para consumo turístico, mientras el acceso real a la vivienda y al territorio queda condicionado por actores externos con mayor capacidad económica. ¿Les suena?
Otro ejemplo lo encontramos en Puerto Rico. Allí no hablamos de extranjeros en sentido jurídico dado que todos son ciudadanos estadounidenses, pero sí de una dinámica muy similar a la que estamos describiendo, con llegada masiva de inversores con alto poder adquisitivo atraídos por ventajas fiscales, que ha provocado un aumento brutal del precio de la vivienda en determinadas zonas. Aún no llegan a ser una mayoría demográfica, pero tienen una capacidad enorme de transformar el territorio. Barrios enteros cambian, los precios se disparan y la población local empieza a ser desplazada. De nuevo, la misma fórmula expulsora de los locales.
Y si queremos entender el fenómeno en su versión más extrema -aunque en un contexto completamente distinto-, podemos mirar lo que ocurre en Cisjordania, en Palestina. Allí, los asentamientos israelíes han ido ocupando territorio de forma progresiva, muchas veces en zonas estratégicas y fértiles, generando desplazamientos de población palestina y fragmentando su espacio vital. Evidentemente, aquí hablamos de un conflicto político y militar de otra dimensión, que no es comparable directamente con Canarias. Pero sí ilustra con claridad una idea: cuando actores con mayor poder económico, político o militar se asientan en un territorio limitado, el resultado suele ser el mismo: la población que estaba antes pierde espacio, pierde control y acaba siendo desplazada. ¿Se atreverá alguien a llamar xenófobos a los palestinos que luchan por mantenerse en sus tierras?

¿Entienden ahora a lo que me refiero con la teoría del reemplazo canario? Salvando las distancias, lo que estamos señalando en Canarias no es otra cosa que una versión contemporánea, pacífica y económica de esa lógica colonizadora: no llegan ejércitos, llegan compradores; no hay ocupación militar, hay mercado; no hay expulsiones forzosas visibles, hay expulsión silenciosa por precios. El reemplazo de los canarios en su propia tierra está en marcha, por mucho que me ataquen, me difamen, me insulten o me marginen. Por eso es tan importante llamar a las cosas por su nombre. Porque si no entendemos la diferencia entre migración y colonización económica, si seguimos confundiendo al migrante vulnerable con el inversor que acapara suelo, si seguimos mirando hacia otro lado mientras Canarias se convierte en un activo global, entonces sí, dentro de unas décadas quizá ya no estemos hablando de una “teoría”, ni siquiera entre comillas. Estaremos hablando de un hecho consumado.

Por cierto, para acabar, por recomendación de uno de los que me disparan desde mi mismo bando, informarles que este alegato lo escribe alguien que no nació en Canarias, aunque lleva más de 30 años aquí. Parece que para muchos nunca voy a ser aceptado por estas latitudes, y probablemente con este discurso esté jugando contra mis propios intereses de peninsular que un día vino a las Islas. Pero eso no quita que entienda que uno debe luchar por la tierra que te acoge, pensando siempre en lo mejor para ella y sus gentes, aunque vaya contra tu grupo. De lo contrario, eres un farsante.

Eloy Cuadra, escritor y activista social.

Otra de las patas del crimen organizado muy presente por estas tierras la pone la prostitución. Y en El País del pasado 29 de enero leemos que: La Policía libera a 27 mujeres explotadas sexualmente en el sur de Tenerife. Operación Coyote, cuatro clubs nocturnos, muchas mujeres obligadas a prostituirse, obligadas también a consumir drogas, algunas menores de edad, con estafas a los clientes en sus tarjetas…, ahí es nada.

Y si nos vamos a las estadísticas oficiales de los últimos años Adeje sale bastante mal parado, con un aumento disparado de los delitos relacionados con drogas o de índole sexual, y un aumento importante de los robos con violencia y los hurtos. Y en Arona, aunque la situación no es tan extrema, sí que han subido los homicidios en grado de tentativa, los delitos contra la libertad sexual y las sustracciones de vehículos, con un nivel mantenido de los relacionados con el tráfico de drogas. Un panorama, el del sur, que apunta a una presencia persistente de actividades delictivas de gravedad y crimen organizado, nos empuja a desechar la narrativa de los “casos aislados” y, de confirmarse la mediación de drogas en el crimen de Cabo Blanco, nos dejaría un inquietante dilema: ¿habrímos tenido el mismo desenlace fatal si el acceso de la población a las drogas no resultara tan fácil y extendido en el sur de Tenerife?

Así llegamos a la segunda parte de este artículo, en la que toca preguntarnos si vale con minutos de silencio y otras manifestaciones de condena contra la violencia de género, o la cosa va mucho más allá. Porque hemos de ser claros: cuando un territorio concentra de forma simultánea narcotráfico internacional, blanqueo, explotación sexual y un aumento sostenido de determinados delitos violentos, ya no estamos ante casos puntuales, es un auténtico ecosistema criminal. Y es en este contexto cuando debemos formular la pregunta clave: ¿están nuestras administraciones queriendo acabar con el crimen organizado en Tenerife? A esta pregunta, la realidad de los datos y las informaciones que manejamos, de nuevo, nos dicen que no. Y para sostener este `no´ -aclaro-, no hace falta acudir a rumores ni a teorías conspirativas. Basta con repasar titulares de prensa generalista de los últimos años.

Así, el Canarias7, el 20 de mayo de 2025, publicaba el siguiente titular haciéndose eco de una investigación del diario El Mundo: Matos se ofreció a implicar a ministros y la Policía destaca «la relación de reciprocidad» con Derbah / Una nueva entrega del periódico ‘El Mundo’ compromete todavía más al expresidente del Parlamento canario. Para los que no lo sepan, Derbah es un empresario archiconocido del sur de Tenerife, detenido recientemente por cuestiones de drogas, y Matos es un diputado del PSOE en ejercicio en el Parlamento de Canarias, y fue Presidente del Parlamento en la anterior legislatura.

Otro titular, del digital de Radio Televisión Canaria del 21 de mayo: El subdelegado del Gobierno, Javier Plata, también se vio con el empresario Mohamed Derbah detenido por drogas. El Subdelegado del Gobierno, para los que no lo sepan, es el máximo responsable de la seguridad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el que tiene que velar precisamente porque narcotraficantes y mafias internacionales no operen a su antojo en la isla.

Más titulares, en esta ocasión del diario El Mundo del mismo 21 de mayo: La Policía señala a la fiscal antidroga por sus “actuaciones favorables” a la trama del capo libanés vinculado al socialista canario / Es la pareja del jefe policial imputado del ‘caso Mediador’ y Asuntos Internos le atribuye “conductas delictivas reiteradas”. En este caso se trata de la fiscal antidroga que debía velar porque en el sur de Tenerife los narcotraficantes no hicieran lo que les diera la gana. Juzguen ustedes.

Y si hablamos del caso Mediador, en el que estuvo también implicado un alto mando policial y un diputado en el Congreso, sorprende enterarse que un delincuente condenado como el famoso mediador, pudiera pasearse por el Cabildo de Tenerife como si fuera un alto cargo, y nos evidencia el alto grado de corrupción de la Administración Insular. En esta última trama, como en la mayoría de las tramas criminales: juergas, drogas y prostitutas, como leemos en otro titular de La Sexta: Las imágenes de las juergas de los imputados en el ‘caso Mediador’: cocaína, prostitutas y Viagra. Y ya puestos a hablar de prostitutas, quién no recuerda la que lió Casimiro en aquel prostíbulo madrileño.

No se trata aquí de prejuzgar responsabilidades penales -eso corresponde a los tribunales-, sino de señalar algo más inquietante: la normalización de conductas inapropiadas y relaciones entre poder político, poder económico y figuras posteriormente investigadas por actividades delictivas graves. Porque además no se trata de un fenómeno exclusivo de Canarias. Basta recordar la amistad incómoda de Feijóo con ese conocido narco gallego, las polémicas que han salpicado al entorno familiar de Pedro Sánchez, lo del novio de Ayuso o el entramado del caso Ábalos, Koldo y compañía. Cambian los territorios y cambian las siglas, pero el patrón se repite: proximidad entre poder político, negocios turbios y redes de influencia que rara vez se investigan hasta el fondo. Tanto más de lo mismo nos pasaría si nos metiéramos de lleno a indagar en el sur de Tenerife, donde las redes tejidas entre políticos, agentes, empresarios y delincuentes van mucho más allá de lo que sale en prensa, y se atropella mortalmente a un niño sin justicia o se dan palizas a taxistas sindicalistas que denuncian las licencias. Por no hablar del nepotismo del alcalde de Adeje o los macroproyectos urbanísticos depredadores, donde se blanquean capitales de todo tipo y nada se mira desde las administraciones, como muestra un último titular del Diario de Avisos del pasado sábado: Denuncian ante la Fiscalía el ‘perdonazo’ de 17 millones en multas ambientales en Canarias. Así es como a infractores medioambientales y urbanísticos, la mayoría empresarios poderosos y muy ricos en muchos casos vinculados con estas redes criminales de las que venimos hablando, las administraciones canarias les perdonan hasta 17 millones de euros en multas. Entre los maxi perdonados, como no, los archiconocidos de Cuna del Alma. ¿Podemos llamarlo ya corrupción o todavía no?

Y así vamos llegando al final de este artículo, y va quedando también resuelta nuestra pregunta central. No, nuestras administraciones, las autoridades políticas e institucionales encargadas de luchar contra la delincuencia en Tenerife, no están haciendo todo lo que podrían y deberían, ni en Canarias ni desde fuera de Canarias. De modo que el señor Matos sigue en su puesto, no ha dimitido, ni lo han cesado, el señor Subdelegado tampoco, ni Casimiro, ni Feijóo, ni Pedro Sánchez, ni Ayuso, ni ni Fraga, ni Torres, ni ninguno de los salpicados por investigaciones, escándalos o relaciones impropias. Y volvemos al ecosistema, donde el listón de lo correcto está muy bajo, porque de esta manera está dispuesto desde hace mucho y así se acepta, por más propaganda institucional políticamente correcta que se haga. Hasta tal punto es así, que da la impresión de que muchos, hace tiempo que se convencieron de que Tenerife, Canarias y sobre todo los sures turísticos, son lo que son: macroenclaves donde el ocio, la prostitución, las drogas y el capital opaco forman parte de un modelo económico del que no se puede hablar. Y ese es nuestro producto estrella. Esa, nuestra gallina de los huevos de oro, nos guste o no. Hay que cuidarla, y con eso tenemos que tirar. Es lo que somos, los canarios, verbeneros, fiesteros, pasotas, si te gusta la fiesta bien, si no te gusta, vete a Suiza. Pero no. Esa no es la única manera de entender lo que somos los canarios. No todos hemos aceptado que el sur de Tenerife deba resignarse a ser patio trasero de mafias internacionales o parque temático del exceso para consumo externo. No todos creemos que el desarrollo consista en mirar hacia otro lado mientras el dinero fluye, venga de donde venga, porque mantiene ocupación hotelera y estadísticas de crecimiento. Canarias no es un decorado, ni un territorio condenado a elegir entre precariedad o corrupción. Y aquí el verdadero problema no es que existan redes criminales -eso ocurre en cualquier lugar del mundo-, es que se naturalice su presencia como parte inevitable del paisaje. Que se asuma que “esto es lo que hay” y se trivialice la corrupción institucional, mientras se multiplican los minutos de silencio. Pues no, yo no me resigno, por eso me atrevo con este artículo. ¿Y tú, te resignas?

Eloy Cuadra, escritor y activista social.

Otro dato del mismo artículo que debería indignarnos, especialmente en Canarias: el hecho de que Canarias sea la tercera Comunidad en recaudación. ¡¿Pero esto qué es?!

Lo primero que debemos de saber si queremos entender cómo funciona esta Ley, es que no estamos ante un uso marginal de la norma, es un sistema sancionador masivo de uso generalizado entre las policías, diseñado para actuar con rapidez, con un coste administrativo muy bajo y mínima fiscalización judicial. La clave está en su arquitectura. La sanción no necesita condena penal o autorización judicial alguna previa, se apoya casi exclusivamente en la versión policial. Esto es: la palabra del policía tiene presunción de veracidad, lo que obliga a la persona sancionada a iniciar un largo y costoso camino de recursos si quiere defenderse. En la práctica, la pena con su multa llegan primero -conviene pagarla-, la defensa viene después, si es que llega.

Y la realidad es que la defensa casi nunca llega. Porque muchas personas renuncian a recurrir las sanciones por falta de recursos económicos, tiempo o energía, y otras muchas renuncian directamente a participar en protestas o acciones colectivas por miedo a las consecuencias. Y así vamos viendo ya lo que tenemos: una Ley que afecta de lleno a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, como el derecho de reunión y manifestación (art. 21 CE), el derecho a la libertad de expresión (art. 20 CE), o el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE).

De nuevo veremos mejor la gravedad del asunto si lo comparamos con lo que hay en otros países de nuestro entorno. En países como Alemania por ejemplo, las infracciones relacionadas con concentraciones o protestas públicas se encauzan mayoritariamente por la vía penal, con intervención judicial desde el inicio y sanciones económicas mucho más limitadas, reservadas a supuestos graves y concretos. En Francia, aunque existen multas administrativas por alteración del orden público, estas están más acotadas, requieren una motivación reforzada y no han generado un sistema masivo de recaudación comparable al español. Aún más garantistas son en los países nórdicos, como Suecia o Dinamarca, donde la protesta pacífica goza de una protección especialmente intensa, y las sanciones económicas son bajas y raramente utilizadas como herramienta disuasoria. Si bien es cierto que España está sirviendo de modelo a seguir en países como Italia o Reino Unido, donde se han aprobado leyes represivas recientes o se trabaja en ellas. En ningún caso, con la anticipación (hace 10 años que la sufrimos) y la aplicación masiva que tenemos en España (en torno a los 1500 millones euros recaudados), donde se combinan multas elevadas, tipos infractores vagos, presunción policial reforzada y un uso extensivo del derecho administrativo sancionador, lo que convierte a la Ley en una herramienta con una doble función: recaudatoria, y de disciplinamiento social o represión ciudadana, sin un equivalente real en la mayoría de democracias europeas consolidadas.

Hasta aquí el artículo en lo que tiene que ver con la Ley propiamente dicha y sus efectos sobre la democracia y los derechos fundamentales. Pero no está completa la denuncia si no apuntamos a sus señorías los de la clase política, y a la gran mentira de la “reforma pendiente”. Y es que llevan ya bastantes años, distintos gobiernos y partidos que se autodefinen como progresistas, prometiendo incluso en campañas electorales la derogación o reforma profunda de la Ley Mordaza, y hasta la fecha nada de nada. La ley sigue plenamente vigente, las sanciones se siguen imponiendo, y las reformas anunciadas están bloqueadas. Este detalle solo nos revela una cosa: la casta política, esto es, todos los políticos sin excepción, están más cómodos con esta ley represiva y antidemocrática, porque en el fondo les protege de la sociedad a la que no representan ni defienden.

El problema de lo que estamos denunciando en este texto, es que se trata de un artículo de carácter individual que poco va a cambiar. Es urgente que pasemos a articular una respuesta colectiva, desde Canarias, donde vemos que se están cebando especialmente. Basta con que recordemos muchos de los casos que acabaron con sanciones a activistas en Canarias: a activistas por el derecho a la vivienda, del Sindicato de Inquilinas o de la Acampada Reivindicativa, a anticapitalistas, a movimientos propalestinos, a gente de Salvar la Tejita y otros activistas contra Cuna del Alma, a Carmelo Suárez del PCPC, a taxistas asalariados del sur, a estudiantes contra Vito Quiles y otros fascistas, a Antonio Jimenez de La Voz del Mendigo, a movimientos soberanistas o a la Plataforma SOS Pueblos y Barrios. Incluso al diputado tinerfeño de Podemos que teníamos en el Congreso se lo cargaron con esta ley abusiva. Y siguen recaudando.

No hablamos por tanto de un debate abstracto ni de una cuestión marginal, no es una ley “del pasado”, no es ideología ni memoria histórica: son personas concretas, aquí y ahora, es represión, es miedo, es mordaza, es silencio. Así las cosas, acabamos con un llamamiento a la coordinación social. Desde los colectivos sociales, vecinales, sindicales y políticos que defendemos los derechos civiles, es urgente abrir una nueva fase de coordinación con vistas a actuar. Necesitamos visibilizar el impacto real de la ley mordaza, hay que compartir experiencias y casos, para articular respuestas políticas, jurídicas y sociales conjuntas, y para señalar sin ambigüedades a los que mantienen esta ley por acción o por omisión.

Este artículo es una invitación abierta a ese proceso, por y desde Canarias. Esta Ley sólo caerá cuando consigamos que sea vista como lo que es: un recorte brutal a los derechos democráticos y un problema político real, y sea enfrentada de manera sostenida por una red amplia de colectivos en lucha.

Guacimara Fuentes y Eloy Cuadra, activistas sociales.

Antes de responder a esa pregunta crucial, hemos de saber bien qué es Canarias. Y no, no somos un territorio cualquiera. Somos la frontera sur de Europa. Una plataforma atlántica estratégica. Un espacio codiciado económicamente por muchos, convertido casi en paraíso fiscal, donde el dinero y las oportunidades fluyen para unos pocos. Y también, y sobre todo, somos un enclave militar crucial para la OTAN y para Estados Unidos. A la par de todo esto, Canarias es también una sociedad frágil y dependiente. Una sociedad partida en dos, con pocos muy ricos y muchos muy pobres, o directamente en el umbral, como resultado de la corrupción y las profundas desigualdades estructurales acumuladas durante décadas. Así las cosas, la expansión del trumpismo como corriente política global plantea una pregunta incómoda pero ineludible: ¿qué lugar ocuparía Canarias en un mundo gobernado ya sin reservas por la ley del más fuerte?

Sobre lo que podría suceder, algunas pistas nos ha dado ya Trump en el pasado reciente. Para el magnate americano no existen aliados, solo intereses temporales. En esa dinámica instrumental ningunea a la OTAN, desprecia a la Unión Europea, dinamita numerosos acuerdos multilaterales (política arancelaria) y consensos más o menos globales (cambio climático), y acostumbra a usar a los territorios débiles como moneda de cambio útil. Con estos precedentes, parece claro que Canarias no será nunca para Trump o para los que sigan con sus recetas un actor político a respetar, solo un activo negociable. Un enclave intercambiable que puede servir hoy para una cosa y mañana para otra, tal como se intercambian cartas en cualquier juego. Pero cuidado, porque Canarias está en África, y nuestro continente negro es otro de los espacios en pugna de los poderosos del mundo: por sus materias primas, tierras raras y minerales imprescindibles para la transición energética, la armamentística y la tecnología; por amparar rutas comerciales y marítimas muy importantes que todos quieren controlar; por su demografía creciente y joven que lo convierte en un mercado futuro potencial muy apetecible; o por su proximidad a Europa (influir en África es hacerlo en Europa). Por todo esto y por mucho más, los EEUU andan en pugna con Rusia y China por ser la potencia dominante, en lo que podría ser la repetición de lo que ya estamos viendo en América Latina.

Casualidad o no, Rusia y China tienen ya trabajo adelantado en el continente africano, a lo que EEUU responde con el AFRICOM (un comando militar específico para África conformado por bases, drones, inteligencia y operaciones “antiterroristas”), y el apoyo a ciertos sectores estratégicos y gobiernos “útiles” que permiten la extracción y el asentamiento privilegiado de las multinacionales estadounidenses. Para ser claros, Trump no inventa nada en África. Esta política extractiva y mafiosa la lleva haciendo EEUU desde hace décadas. Trump solo la ha radicalizado, despreciando el discurso de la cooperación, la diplomacia, la ayuda al desarrollo o la milonga de llevar la democracia al mundo, y se limita a apoyar a los gobiernos -corruptos o no- que garanticen seguridad, pleitesía, recursos y freno a Rusia y China.

¿Y qué pasará cuando Trump o el que le suceda le pregunte a sus asesores de Inteligencia qué hay de Canarias? Plataforma atlántica, puerta entre África, América y Europa, nodo logístico y militar, espacio “estable” frente a un entorno africano inestable. Todo esto le dirán, lo que de seguro implicará cierto grado de militarización, con mucha subordinación y cero soberanía. En resumen, en el tablero donde se juega el control de África, Canarias no es premio, solo es una base desde la que operar. Y en un orden mundial de matones, las bases no deciden ni negocian, solo se ocupan, se usan y llegado el caso se sacrifican.

Ahora vayamos a lo que ya tenemos en África: Marruecos, un socio preferente de EEUU que aspira a ser matoncillo local. ¿Qué pasaría si mañana a Estados Unidos le interesara fortalecer aún más su alianza estratégica con Marruecos? O mejor será preguntarnos: ¿qué tendría España para ofrecer a Trump que pueda competir con lo que ofrece el sátrapa alauí?, ¿y qué garantías reales tendría Canarias de no convertirse en un espacio de influencia y sumisión para Marruecos? No nos engañemos: España no tiene nada que hacer contra Marruecos frente a EEUU. No solo porque Marruecos es una potencia mundial del fosfato y EEUU depende enormemente de este mineral y sus derivados. Marruecos es también un régimen estable y fuerte que no vislumbra cambios, es obediente y ofrece una posición geoestratégica excepcional en el Estrecho de Gibraltar, con cooperación militar plena como aliado y como cliente de la industria armamentística estadounidense, es además la puerta de entrada y control del Sahel, y, muy importante, ha normalizado su posición favorable a Israel frente a Palestina. España en cambio es inestable, y es una democracia -muy imperfecta- con límites estructurales, controles jurídicos y dependencia europea. Con estas realidades subyacentes, en cualquiera de los escenarios hipotéticos futuros en el mundo de los matones, a EEUU le gustará más una Canarias controlada por Marruecos.

En resumen, el trumpismo no cree en fronteras jurídicas, en derechos históricos o en equilibrios regionales, cree en pactos bilaterales asimétricos donde el fuerte impone y el débil acepta. Y en este escenario Canarias, como territorio ultraperiférico europeo, jurídicamente estorba, y tendría todas las papeletas para perder. “¿Qué diablos pinta un territorio europeo en mitad de África?”, dirá algún secretario de Trump. Es así de simple: estorbamos como frontera europea donde no toca, como espacio de control marítimo o como territorio con derechos reconocidos en el derecho internacional. En un escenario de trumpismo globalizado, en un mundo sin reglas, los aliados útiles como Marruecos pesan más que los territorios con derechos, y Canarias será sacrificada, directa o indirectamente. Porque si no nos venden a Marruecos nos venderán a las multinacionales y a los mercados de la prostitución y de las drogas. No olvidemos la otra cara del trumpismo: es el mejor aliado del capitalismo depredador, de la desregulación, las privatizaciones, el debilitamiento del Estado y los controles ambientales y sociales. Un trumpismo consolidado significa para Canarias barra libre a fondos de inversión, a las energéticas, a las constructoras y a las grandes plataformas, para acabar convertidos en otro macroburdel estilo Las Vegas en el Atlántico (lo que ya por cierto casi somos sin necesidad de Trump, todo sea dicho).

Hasta aquí la radiografía, ahora toca ver las opciones que nos quedan para Canarias. Para ello, hay que contar con lo que parece irremediable: que en España más pronto que tarde estarán gobernando los alumnos aventajados en trumpismo que tenemos por aquí (Ayuso, Abascal, Alvise). Y bueno, si creen que un gobierno de ese corte, pelotero del trumpismo, va a suponer algo bueno para Canarias, lo llevan mal. ¿Acaso no recuerdan el total desprecio a Canarias que ha mostrado Vox con la crisis migratoria abandonándonos como territorio cárcel/frontera? ¿No es Vox también el que aboga por suprimir las Comunidades Autónomas?

Mi conclusión después de tanto análisis: el multilateralismo es la única defensa posible que le queda a Canarias. El muy imperfecto y tramposo equilibrio geopolítico que había hasta hace poco, es el camino menos malo en este escenario tan complicado. No podemos autoengañarnos con este populismo de moda, por mucho que detesten a Sánchez. No nos vale el entreguismo o la resignación. Solo en un orden internacional basado en la Diplomacia y en el Derecho Internacional hay espacio para el reconocimiento de territorios no centrales y minorías ultraperiféricas empobrecidas o esquilmadas como Canarias. Dicho de otra manera: la Unión Europea, con todas sus contradicciones y corruptelas, por mucho que no nos guste, es hoy el único espacio donde Canarias tiene herramientas jurídicas, fondos estructurales, estatuto propio y capacidad de defensa colectiva. Si ese marco cae, como propone el trumpismo, Canarias estará desnuda ante los lobos.

Y hasta aquí mi artículo de hoy. Puedes darle varias vueltas, confirmar lo que digo por otras fuentes o incluso inventarte otro escenario más agradable si lo prefieres, pero estas son las dos opciones que nos quedan: entreguismo o rebeldía. Yo elijo lo segundo. Elijo soberanía, dignidad y empoderamiento, que pasan por defender nuestra condición de territorio atlántico singular, por exigir respeto a nuestra población, cultura y territorio, por reforzar alianzas multilaterales y armarnos con una voz propia en el espacio euroafricano, desde el Sur Global. Es este un camino difícil, cierto, y no exento de riesgos, pero todos los demás caminos a la larga son peores. ¿Y tú, qué eliges?

Eloy Cuadra, escritor y activista social.

Eloy Cuadra, escritor y activista social.

En los últimos días han vuelto con más fuerza los rumores sobre la posible venta de Dinosol (Hiperdino), cadena líder de alimentación en Canarias, a la multinacional francesa Carrefour. Casualidad o no, esta misma multinacional Carrefour intentó el año pasado comprar la cadena de supermercados vasca Uvesco, pero una fuerte oposición del Gobierno vasco impidió la operación. Ahora que tan buena sintonía y tan buen rollito tienen el señor Clavijo y el presidente del País Vasco, bien haríamos en aprender de ellos. Pero claro, el ínfimo nivel moral y profesional de los gobernantes que tenemos por estas latitudes no vislumbra ningún tipo de estrategia o reacción, a entregar la mayor cadena alimentaria de Canarias, que además es canaria, con un 30% de cuota de mercado, con cuentas saneadas y buenas perspectivas de futuro, a una multinacional francesa con intereses e implicaciones en Israel.

“¡Es el mercado amigo!”, dirán los voceros ultraliberales de siempre, pero que yo sepa el País Vasco no es una economía bolivariana, y allí Eroski y Uvesco, empresas locales, controlan el 50% del mercado, con el modelo cooperativista funcionando e implicación de las administraciones públicas. Por lo que estoy viendo, los riesgos de una venta de Hiperdino a Carrefour son evidentes, y no se limitan sólo a la pérdida de control local, hay más cuestiones preocupantes, como veremos a continuación.

Reducción de plantillas. Las aproximadamente 10.000 personas que trabajan hoy en Hiperdino tienen serio riesgo de perder su trabajo, al menos algunas de ellas, si tenemos en cuenta la progresiva implantación en Carrefour de cajeros automáticos, sistemas de auto-checkout y otras fórmulas de automatización que reducen costes operativos. Aunque esto mejora la eficiencia para la corporación, para aumentar los beneficios, cosa que persiguen siempre las multinacionales, habría obligatoriamente que recortar en personal, por el cierre de puestos de caja tradicional.

Desvinculación de los productores locales. Hiperdino mantiene relaciones con productores locales de frescos, agricultura, pesca, etc. Una multinacional como Carrefour tiene sus propias cadenas de suministros globalizadas y estandarizadas, que favorecen normalmente a productos franceses, israelíes o de mercados externos con precios más bajos. Esto debilitaría el sector primario canario, empobreciendo la oferta local y aumentando la dependencia de productos importados.

Ajustes en precios, surtidos y calidad. Bajo gestión extranjera, puede haber cambios en márgenes, precios y selección de productos. Puede que se reduzcan o eliminen algunas referencias locales que no resulten suficientemente rentables, o que los precios finales se ajusten para maximizar beneficios en lugar de priorizar el acceso para todos los ciudadanos.

Concentración del poder comercial. Si Hiperdino se vende, su 30% de cuota de mercado se sumaría a la cuota, pequeña, que ya tiene Carrefour, pasando la multinacional francesa a ejercer una posición totalmente dominante, casi de monopolio. A esto habríamos de sumar al resto de actores todos externos a Canarias -salvo Spar y Alteza, minoritarios-, como son Mercadona, Lidl, Aldi o Alcampo. Canarias quedaría así aún más dependiente de grandes cadenas extranjeras o peninsulares. Y ello en un contexto de insularidad, lejanía y dependencia agravado ya bastante con los índices de pobreza, la inflación galopante, la cesta de la compra más cara de España, los problemas de vivienda o los bajos salarios.

¿En serio queremos esto? ¿Nos vamos a quedar callados? O dicho de otra manera: ¿tan ciegos e ineptos son los Clavijo, Narvay, Dominguez y compañía como para no hacer nada? Porque aunque no lo parezca aún tienen margen de maniobra, si quisieran claro. Para evitar que una operación como ésta termine en un desmembramiento silencioso de la estructura económica de base local canaria, sus señorías podrían tomar algunas medidas, entre ellas:

1.-Lo primero, por supuesto, ha de ser evitar la venta. Las instituciones canarias, empezando por el Gobierno autonómico, deben intentar frenar la operación de venta de Hiperdino a Carrefour. Está en juego el principal grupo de distribución alimentaria de Canarias, que pasará a ser una pieza más del oligopolio internacional. La experiencia en Europa demuestra que cuando las grandes cadenas transnacionales absorben a los supermercados locales, la consecuencia inmediata es la homogeneización de la oferta, el debilitamiento de los proveedores locales, la pérdida de capacidad de negociación de agricultores y ganaderos, y a medio plazo una mayor dependencia exterior. Esto, en un territorio insular y frágil como el nuestro, es poco menos que un suicidio alimentario. Las instituciones canarias no pueden por tanto esconderse tras el argumento de que se trata de un “acuerdo entre privados”. No sólo en el País Vasco, también en Francia, en Italia o en Alemania, los gobiernos han intervenido para frenar operaciones de concentración que afectaban a sectores estratégicos. El abastecimiento alimentario en Canarias no es un mercado cualquiera: es un sector vital y sensible. Si se permite esta operación sin condiciones, se estaría enviando un mensaje demoledor: “Canarias sí se vende, se vende todo”.

2.-Si no es posible evitar la venta, control riguroso de la concentración vía organismos de competencia. A través de la CNMC y de otros organismos autonómicos o europeos competentes, exigir no sólo la evaluación de la operación, también la imposición de condiciones garantistas claras: compromisos laborales, mantenimiento de empleo (número de trabajadores, modalidades de contrato), garantía de continuidad en compras a productores locales, precios máximos razonables, etc.

3.-Acciones de oro o vetos en empresas estratégicas. Convendría trabajar desde ya en la aprobación de normativa autonómica o estatal que permita que operaciones en sectores considerados estratégicos -como lo son la alimentación, los transportes o la vivienda en territorios insulares- requieran autorización específica del Gobierno autonómico, con posibilidad de veto o de exigir participación local en el capital o en las decisiones.

4.-Colaboración público-privada. Ahora que tan de moda está esto de la colaboración público-privada, en vivienda, en sanidad, en educación, en cuidados y en otros muchos ámbitos, se debería apostar por crear también instrumentos que permitan habilitar determinados conciertos públicos que incidan en la operativa de la empresa si se plantea una venta, para preservar así el control local. O bien fomentar cooperativas de distribución alimentaria apoyadas por la administración, como alternativa al dominio de los agentes externos, como sucede por ejemplo con la empresa líder en el País Vasco, Eroski, con base en las cooperativas de Mondragón.

5.-Refuerzo institucional del arraigo local. Impulsar políticas activas para proteger a los productores locales, con impuestos o bonificaciones que muevan a cualquier comprador de Hiperdino y al resto de operadores a mantener o favorecer contratos con agricultores, ganaderos y pescadores canarios, a mantener ciertos porcentajes de productos locales en los lineales, o a invertir en logística local que reduzca la dependencia externa.

6.-Transparencia y debate público. Por último, la ciudadanía tiene derecho a saber lo que está en juego. Es evidente que falta debate público, lo que yo presento en este artículo no tiene pinta de que sea objeto de debate en los grandes medios canarios, convertidos en panfletos de folklore y propaganda institucional. Pero la gente debe saber, sobre los posibles compradores, los términos, las condiciones laborales, el impacto en los precios y en la economía local, sobre los riesgos, sobre las implicaciones. Un debate público adecuado, ayudaría, como mínimo, a presionar para que las condiciones resultantes sean favorables al interés general.

En conclusión, si las autoridades canarias no actúan con rapidez y firmeza, la venta de Hiperdino a Carrefour podría suponer algo más que un simple cambio de titularidad, sería seguir caminando hacia la descapitalización total del Archipiélago en manos extranjeras, con las implicaciones que este hecho tiene en la pérdida de soberanía y capacidad de autogobierno. ¿En serio, es lo que queremos? Probablemente, viendo cómo estamos en Canarias y en España entera entregados al liberalismo trumpista más salvaje, no parece que sus señorías vayan a hacer algo. Al menos queda dicho aquí, para que no digan luego que no estaban avisados.

Eloy Cuadra, escritor y activista social.

Nuestros argumentos eran claros: la Ley de Arrendamientos Urbanos exceptúa el pago del IBI a los arrendatarios de viviendas sociales, además incorporamos una Sentencia del Tribunal Supremo del año 2023 que lo venía a confirmar. A sus señorías les dio igual, ni que lleváramos infinidad de casos concretos, con facturas concretas y sufrimientos concretos de familias muy precarias, sumados a una larga lista de abusos por parte de Visocan. Pese a todo seguimos adelante con la vía que se nos abrió con la Diputada del Común, y con la lentitud habitual de sus procedimientos se fueron haciendo gestiones y elevando consultas a Visocan y al Instituto Canario de la Vivienda para pedir explicaciones.

Visocan respondió con su poca vergüenza habitual, argumentando que cobraban el IBI porque los inquilinos habían aceptado pagarlo en el contrato, dando por hecho que la gente humilde tiene que saberse al dedillo normativas, leyes, sentencias y demás historias, y no la administración pública que les pone el contrato por delante. Entonces ya le dijimos también por escrito a la señora Diputada del Común que tenía que acudir a la Fiscalía a denunciar a Visocan, por tener tremenda cara dura y saltarse las leyes de manera tan flagrante, pero a la señora Lola Padrón le pareció demasiado (quizá por aquello de que “perro no come perro”).

El asunto es que ahora contesta el director del Instituto Canario de la Vivienda y nos da absolutamente la razón. Pero nos la da aludiendo al Real Decreto-Ley 7/2019, una norma vigente para toda España y de obligado cumplimiento que lo deja bien claro con el siguiente literal:

“En primer lugar, se exceptúa de la obligación de repercutir el impuesto al arrendatario cuando el arrendador sea un ente público en los supuestos de alquiler de inmueble de uso residencial con renta limitada por una norma jurídica.”

¡Cobrar el IBI en viviendas públicas está prohibido expresamente desde marzo de 2019, con una sentencia del Tribunal Supremo que lo reafirmó en 2023, y sus señorías, todas, menos Lola Padrón, hicieron caso omiso! ¿Se puede tener menos vergüenza? Aunque esta pregunta se responde fácil, claro que se puede, y es que estamos hablando de psicópatas. Aunque a algunos les pueda parecer exagerado este calificativo, no lo será tanto si entendemos que la ausencia de empatía es el rasgo primigenio fundamental de cualquier psicópata, y es justo la ausencia de empatía lo que está detrás de la falta de actuaciones de todas estas administraciones y políticos que han ido sabiendo lo que pasaba y no actuaron. Sencillamente les da igual. El sufrimiento de la gente humilde les cae muy lejos, en otro mundo que no es el suyo, a años luz.

Y estamos hablando, insisto, de robarle 22 euros mensuales a muchas familias en situación de extrema precariedad, algunas incluso sin ingresos, empujándolas a más penurias y sufrimientos añadidos, que en algunos casos implicaban la acumulación de deudas ilegítimas considerablemente aumentadas por la pérdida de la subvención, y en casos extremos el cierre del expediente por impagos excesivos y un desahucio a las puertas. Les puedo asegurar que he conocido a unas cuantas familias de estas promociones de Visocan que han perdido a familiares por fallecimiento a edades mucho más tempranas de las que corresponderían. Y aunque ya nunca lo sabremos, siempre nos va a quedar la duda de saber si con una situación económica un poco menos acuciante, habrían podido tener una mejor calidad de vida, y su suerte habría cambiado.

Todos sabían que era ilegal cobrar el IBI, y aun así, no hicieron nada. Ninguna administración actuó de oficio para detener el abuso ni para devolver lo robado, tampoco cuando les insistimos por escrito. Prefirieron mirar hacia otro lado y no molestar a Visocan y a su señor Curbelo (ASG), mostrando el más grande de los desprecios por los canarios y canarias humildes. El asunto es que ahora, bastante tarde, llega la respuesta por escrito del director del Instituto Canario de la Vivienda, clarísima, expeditiva. ¿Qué va a pasar a partir de aquí? ¿Van a obligar a cada inquilino, sin recursos, a pleitear individualmente contra una empresa pública buitre respaldada por el Gobierno?

El presidente del Instituto Canario de la Vivienda es el propio Consejero de Vivienda y máximo responsable de la política de vivienda en Canarias (CC): ¿actuará de oficio para corregir y sancionar debidamente a Visocan y ordenar devolver todo lo cobrado de más a tantas familias? ¿Va a dimitir alguien? ¿Pedirá algún político disculpas a toda la gente humilde por el sufrimiento causado y el robo consentido? ¿Irá por fin la Diputada del Común a Fiscalía a denunciar tan flagrantes ilegalidades, como establece la propia Ley de la Diputación del Común? ¿Hará algo al fin el taimado alcalde de La Laguna (PSOE) para defender a las muchas familias de Visocan que están siendo robadas en su municipio? ¿Por qué no anula directamente Luis Yeray el cobro del IBI a esas familias sin esperar a Visocan?

En fin, es la psicopatía institucional y política, que se manifiesta en unos gobernantes que desprotegen a quienes más lo necesitan, al tiempo que defienden y encubren a quienes abusan e incumplen. Lo estamos viendo últimamente en lo que sucede en el Puertito de Adeje, ahora lo comprobamos con las viviendas sociales, y lo veremos en todos los ámbitos a poco que investiguemos mínimamente. ¿Entienden ahora por qué digo que nos gobiernan psicópatas?

Pese a todo hoy celebramos una pequeña victoria. Ya nadie puede discutir que teníamos razón, y ahora todas las familias que llevan años siendo robadas por Visocan, aunque las administraciones no actúen de oficio, con el escrito que les facilitamos firmado por el Director del Instituto Canario de la Vivienda, lo tendrán más fácil para reclamar que se les cancele el cobro y les devuelvan lo cobrado de más.Una victoria que se presenta en cualquier caso bastante amarga, pues nos deja claro que la lucha por la justicia social va a ser algo más difícil de lo que creíamos, teniendo como tenemos a una clase dirigente de lo más cruel e insensible que hayamos visto.

Dicho todo esto, por favor, publiquen y difundan el artículo y sobre todo el escrito que se adjunta firmado por el Director del ICAVI, y háganselo llegar si pueden a las familias de Visocan que pudieran estar afectadas. En los próximos días acudiremos de todas maneras con el escrito a todas estas instituciones a las que hemos aludido, a ver si se dan por entradas y actúan por una ver en favor de lo que es justo.

Eloy Cuadra, portavoz de la Acampada Reivindicativa Lolo Dorta.

ANEXO 1:

Esta comunicación debía de acabar aquí, pero recién estamos sabiendo por familias afectadas que están acudiendo ya al Instituto Canario de la Vivienda a pedir que no les cobren el IBI, que se están encontrando con la negativa por parte de los funcionarios que las atienden, aduciendo que si las familias firmaron en el contrato y aceptaron pagar el IBI ya nada se puede hacer. Esta respuesta es un gigantesco disparate jurídico, que nos viene a demostrar lo que pasa por estas latitudes cuando se pilla a una administración incurriendo en ilegalidades, que lejos de rectificar y pedir disculpas, arrogantes y sabedoras del poder que manejan, optan por una huida hacia adelante y mantenerse en la mentira y el abuso, confiando en que ya se arreglará el asunto por “otras vías”. Justo esto es lo que parece que está pasando.

Así las cosas, vamos con algunos apuntes jurídicos aclaratorios:

1. Primacía de la ley sobre los contratos

Art. 6.3 Código Civil: “Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas son nulos de pleno derecho.”

Esto quiere decir que aunque el arrendatario haya firmado aceptar el pago del IBI, si esa cláusula contradice una norma imperativa (como la LAU, una Sentencia del Tribunal Supremo o el RDL 7/2019), la cláusula es nula de pleno derecho y no produce efecto. No vale por tanto con la “aceptación voluntaria”, la voluntad de las partes no puede derogar una norma imperativa.

2. Nulidad de las cláusulas abusivas

Art. 83 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU): “Las cláusulas abusivas serán nulas de pleno derecho y se tendrán por no puestas. A estos efectos, el Juez, previa audiencia de las partes, declarará la nulidad de las cláusulas abusivas incluidas en el contrato, el cual, no obstante, seguirá siendo obligatorio para las partes en los mismos términos, siempre que pueda subsistir sin dichas cláusulas.”

3. Aplicación inmediata de la normativa imperativa

El RDL 7/2019 (en vigor desde el 6 de marzo de 2019) modificó el art. 63 TRLRHL y prohibió repercutir el IBI en alquileres de vivienda pública con renta limitada. Esa prohibición tiene carácter imperativo y se aplica a todos los contratos en vigor, aunque se hubiesen firmado antes.

4. Jurisprudencia

Variada jurisprudencia del TJUE y del Tribunal Supremo insiste: el consumidor no está obligado a conocer la ley, y la mera firma no legitima una cláusula contraria a derecho.

4. Prohibición de renuncia de derechos

Art. 6.2 Código Civil: “La exclusión voluntaria de la ley aplicable y la renuncia de los derechos reconocidos en ella solo serán válidas cuando no contraríen el interés o el orden público ni perjudiquen a terceros.”

En este caso, la renuncia del inquilino (aceptar pagar el IBI) es nula porque perjudica su condición de consumidor vulnerable y contraviene una norma de orden público.

5. Protección reforzada de los arrendatarios de vivienda pública

El Decreto 32/2020 de Canarias, reforzado con el RDL 7/2019, establece que el alquiler social no puede superar el 12% de los ingresos de la unidad familiar y que no cabe repercusión de impuestos. Permitir que cláusulas antiguas prevalezcan para aumentar ese 12% de máximo equivaldría a dejar sin efecto estas normas protectoras, lo que es inadmisible, y además es una trampa.

El tercer escalón en esta espiral descendente de la violencia es la polarización. Es sencillo: cuando todos mienten, y nadie asume ya un mínimo compromiso ético y político con la verdad, el debate público queda reducido a una guerra de acusaciones cruzadas. Unos señalan las mentiras de los otros, los otros devuelven el golpe con más fuerza, y así se alimenta un clima de sospecha y enfrentamiento en el que ya no importa lo que es cierto, solo de qué lado estás. Y cuando ya no hay verdad compartida, lo único que queda es el bando. Lo que vemos hoy en España y por extensión también en Canarias, es el resultado de años de esta lógica destructiva: un país partido por la mitad, donde la derecha y la izquierda no se enfrentan con ideas, lo hacen con fanatismo y trincheras. En este ambiente, ya no se tiende al consenso, a la justicia o al bien común, solo importa eliminar al otro, al precio que sea. Cada cual consume sus propios medios, repite su propio relato, y odia, o teme al adversario, desde su blindada cápsula ideológica. ¿Díganme si esta polarización extrema, es o no violencia?

Pero la espiral no termina aquí, porque cuando la política deja de resolver, dado que ya no lo necesita (para eso tienen sus señorías la mentira, el relato y sus propios medios de propaganda), entonces, lo que sufre es la vida concreta de la gente, y allá  donde la mediocridad política es más grande más sufre la gente, como es el caso de Canarias. Y este es el último escalón, el más doloroso y el más básico: el momento en que una ciudadanía harta, frustrada y golpeada por una mala política que nada soluciona, deja de creer en las instituciones y se ocupa en sobrevivir como sea, desde la precariedad, la marginalidad o la delincuencia. En este punto, la violencia deja de ser simbólica, sibilina o institucional, y se vuelve física, directa, brutal. Se impone el discurso de: como nadie hace nada, lo hago yo. En esta realidad, las instituciones, el derecho, la ley y lo que está bien hace tiempo que desertaron, y solo queda la  ley de la calle, la del más fuerte, sobrevivir como sea, con el uso de la violencia siempre que sea necesario. Y cómo a violencia directa y bruta es imposible ganar a la ultraderecha, ellos van ganando. Así aparecen, entre otros, los justicieros de la vivienda. Y no por casualidad, porque allá donde la justicia social y la civilización fracasan y abandonan, su lugar lo toman los violentos. Quiero destacar este asunto especialmente, porque es sin duda la claudicación más grosera y dolorosa que este Estado Fallido que es España ha hecho a la violencia, aceptando como legales las empresas de desokupación, dándoles incluso el rango de héroes, cuando en realidad son pura coacción e intimidación, hasta acabar convirtiéndolos en ídolos y benefactores populares cuyas formas y maneras hay que imitar. Y estamos ya sin darnos cuenta en el ¡sálvese quien pueda! como regla de oro de la convivencia. Ya no se espera nada del Estado ni de nuestra clase política, esos grandes fingidores, y pasamos a legitimar la fuerza bruta como el camino para “resolver” lo que la política o la civilización no han querido solucionar.

Después de esto, lo que tenemos es una sociedad que ha aprendido a mentir, a ser grosera, malencarada y violenta, una sociedad que lo relativiza todo y desconfía de todos. ¿Qué viene después? Justo lo que estamos viendo: violencia pura y dura. Gente apaleada en la calle, mujeres quemadas por hombres, jóvenes que mueren a golpes, ancianos estafados sin piedad, personas sin hogar malmuriendo por todos lados, robos, atracos, homofobia, racismo, intolerancia, mafias, corrupción, acoso escolar…, con los gimnasios llenos de gente musculándose para pegar más fuerte. Entretanto, con cada nuevo delito, con cada nueva paliza, a cada nuevo asesinato, ahí están sus señorías con sus medios de propaganda, diciéndonos algo así como: “¡Vaya, otra oveja negra! ¡Hay que ver cómo está el mundo!, ¡necesitamos más policías!” Y lo peor es que muchos, quizá demasiados, acabarán creyéndolo, mientras otros, no tantos, seguiremos nadando contracorriente, convencidos de que la violencia tiene muchas caras, y solo puede combatirse desde la educación temprana en una no violencia y una honestidad radicales. Eso, con el agravante temerario que tiene un caso como el mío, siempre a la contra, flaco, cascado, sin dominar ningún arte marcial ni haber ido nunca a gimnasios.

Eloy Cuadra, escritor y activista social. 

Porque la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), deben saber que es un histórico mecanismo fiscal creado, supuestamente, para compensar la lejanía y los sobrecostes estructurales del Archipiélago e incentivar que las empresas de aquí inviertan en ampliar el negocio, pero como casi todo en Canarias, se ha utilizado mayoritariamente siempre para no pagar a Hacienda y acabar colocando el dinero en activos especulativos de retorno en diferido (plazas de garaje, suelo rústico, apartamentos para oficina o almacén y hasta en fondos de inversión), y pocas veces para fomentar un tejido productivo o socialmente útil. En este contexto, cuando ya se ha probado y archiprobado que este sistema no sirve para eso, vuelven otra vez, a tomarnos el pelo. Lo que pasa es que con la que está cayendo en Canarias, con una crisis habitacional de dimensiones dramáticas, la broma no tiene ninguna gracia.

Para empezar porque la medida no va a beneficiar en absoluto a pequeños propietarios ni a cooperativas ciudadanas, como están vendiendo los del PP y CC. Entre otras cosas porque cooperativas prácticamente no hay en Canarias, y porque los ingresos que pueden derivar a la RIC los pequeños empresarios no les llega para adquirir viviendas a los precios a los que las viviendas están. Así que no nos vengan con cuentos, los que van a poder comprar viviendas por esta vía ahorrándose lo de pagar a Hacienda van a ser mayoritariamente sociedades y personas con alta capacidad fiscal. Por tanto, esta medida no democratiza la inversión en vivienda, más bien abre la puerta a que grandes patrimonios acaparen más inmuebles con ventajas fiscales, para ser aún más ricos.

En segundo lugar, es muy probable que muchos de los inmuebles que se adquieran sean de los ya existentes, no de nueva construcción ni rehabilitación de viviendas vacías, lo que no ayuda a aumentar la oferta disponible, más bien resta posibilidades a las administraciones de acceder a ellos para aumentar la vivienda pública, en compra o en alquiler, a través de otros mecanismos disponibles que en Canarias parece que esta gente no conoce.

En tercer lugar está lo del burdo maquillaje social que se han buscado esta vez. La condición de que sean para alquiler de larga duración, por cinco años al menos. Por lo que parece, sin limitar los precios, y de controles tampoco dice nada la Ley. Y así, sin tope a las rentas exigibles, sin controles efectivos y con solo 5 años de duración mínima, no hace falta ser muy listo para darse cuenta que este modelo va ser un nuevo formato de especulación y lucro disfrazado de medida social. Y que no nos vendan motos: con la altísima demanda de vivienda y la poquísima oferta que tenemos en Canarias, estos especuladores podrán poner el precio que les dé la gana, y alquilarán franceses, ingleses, alemanes o peninsulares ricos, vetadas totalmente las viviendas a la mayoría de familias canarias. Luego, ¿quién va a controlar que se cumpla efectivamente lo del alquiler de larga temporada en islas tan abandonadas y salvajes como Fuerteventura o Lanzarote, o en La Gomera con el virrey, o en La Palma? Encima solo cinco años de penitencia, y luego al vacacional o a vender al extranjero que pague.

Y esto es lo que hay, nos la vuelven a colar, y aquí todo el mundo sin enterarse. Cuando el principal problema de la vivienda en Canarias viene dado por la presión poblacional, que eleva considerablemente la demanda, por es la escasez de oferta accesible, tanto en vivienda privada como en la pública, por la vivienda vacía y por la expansión del modelo vacacional, y por la enorme especulación que este mercado salvaje genera, en lugar de legislar por ahí prosiguen con la barra libre para empresarios y especuladores. En fin, el daño a esta tierra y a sus gentes, a las familias canarias y a sus generaciones jóvenes, es tan grande, que me cuesta, me cuesta asimilarlo, y por momentos pienso incluso en autoengañarme para no sufrir.

Eloy Cuadra, escritor y activista social.

Una legión de “hermanos de Sánchez”

Mientras en Madrid los focos siguen puestos en el caso del hermano de Sánchez y el PP acaba llamando “mafia” al Gobierno, en Canarias, aunque parezca lo contrario con la mega campaña de Clavijo insistiendo en el buen rollito del “modo canario”, la realidad es que si hablamos de mafias, de nepotismo y de enchufados a dedo no vamos en Canarias en absoluto a la zaga, más bien es la norma, en cifras récord. Aquí no hay un hermano: hay legiones de afines, amigos, expolíticos y correveidiles viviendo del erario público sin pasar por proceso alguno de selección. Un ejército de cargos de confianza convertidos en estructura paralela a la de los funcionarios que estudiaron y opositaron para un puesto. Cierto que, lo que debería ser un escándalo de corrupción política en toda regla, apenas pasa de puntillas por los medios canarios, gracias al “modo Clavijo”, empeñado siempre en dedicar importantes cantidades de dinero público en pagar a medios de comunicación en concepto de propaganda y publicidad institucional. Para muestra los datos: el Gobierno de Canarias presidido por Fernando Clavijo (CC), junto a su socio del Partido Popular, ha batido récords históricos en contratación de asesores y cargos de confianza. ¿Cuántos? Depende de la fuente: 148, según el portal de Transparencia actual. 146 denunciaba Eldiario.es del pasado año. Aunque otros medios, como Atlántico Hoy, elevan la cifra a 233. Sea la cifra que sea, es un escándalo absoluto y supera con holgura a cualquier otro gobierno de la historia de Canarias. Este es el auténtico “modo Clavijo”, no ese rollo de la voz suave y la sonrisa.

Enchufismo récord con dinero público

El aumento ha sido de más del 35% respecto a la legislatura anterior (Eldiario.es). Casi 30 millones de euros del presupuesto público van destinados a este ejército de leales (Atlántico Hoy). Y si uno se sienta a revisar nombre por nombre, como hicimos nosotros, entre esos 148 asesores y cargos de confianza nos encontramos a muchas personas vinculadas o miembros de los dos partidos que gobiernan (CC y PP). Hay que pagar favores y servicios, son personas que hicieron campaña a favor, que “buscaron” votos, y hay que recompensarlos por los servicios prestados. También hay muchas personas que trabajaron con anterioridad en instituciones donde gobernaban CC y PP. Se trata de rodear al gobernante con “gente de confianza”, esta es otra de las esencias de esta red clientelar. Debe ser gente que sepa ver, oír, obedecer y callar. Una especie de guardia pretoriana fiel, buenos palmeros que no discutan decisiones dudosas, para eso se les gratifica con el puesto. Otra figura que destaca de manera importante en este listado de enchufados, son los que aparecen bajo el título de jefes o ayudantes de las oficinas de relaciones con los medios de comunicación. Son muchos, en casi todas las consejerías. Aquí está otra de las claves: no se busca hacer política eficiente y productiva, se trata de hacer buena gestión de la comunicación, de lo que se dice y cómo se dice, y de lo que los medios no pueden decir bajo ningún concepto. Por eso, no es solo regar con dinero público a los medios de comunicación, hay que contratar también a muchos periodistas que sepan hacer de enlace o que se portaron bien en el pasado, hay que blindarse comunicativamente. Así, entre esos muchos asesores y cargos de confianza contratados a dedo hay veteranos del periódico El Día, del Grupo Prisa (la Ser), de la antigua La Opinión y de otros medios canarios. Y así, la red está ya totalmente tejida.

Comprar lealtades con sueldos públicos

Dos casos paradigmáticos de esta compra de voluntades y servicios por parte de Clavijo los vemos en el de José Juan Lemes, antiguo alcalde de Arafo con la Agrupación Independiente de Arafo. En 2018 integró su estructura local en Coalición Canaria, le entregó a Clavijo su propia red, su influencia en el pueblo, su gente y sus votos. Pero esta gente nunca regala nada, y en 2023, en cuanto Clavijo tocó poder, el señor Lemes recibe en diferido su recompensa por los servicios, a razón de 56.000 euros anuales como asesor del presidente. ¿Asesor de qué? ¿Qué puede aportar un filólogo inglés con experiencia política exclusivamente local en un municipio de poco más de 5000 habitantes? La respuesta es clara: lealtad. El otro caso sangrante de la lista de 148 enchufados, el más ofensivo y descarado, es el de Marcos González Alonso, concejal de CC en Granadilla, que debía dejar su escaño para facilitar una moción de censura contra la alcaldesa socialista que devolviera a Regalado (CC) y el PP a la alcaldía. Y así se hizo, previo conveniente pago, pues 15 días después el señor Marcos era nombrado asesor del propio Clavijo. ¿Coincidencia? En absoluto. Es el precio de su traición. Porque sí, Clavijo no es romano, él sí paga traidores, y paga bien.

¿Democracia o cortijo?

Esta práctica de colocar a los tuyos en cargos públicos no es nueva, ni exclusiva de Canarias, así de podrida está la política en todos lados. Pero aquí ha alcanzado niveles de institucionalización preocupantes. Porque esta práctica de corrupción legal no solo derrocha dinero público, también vulnera la igualdad de oportunidades, se pervierte la función pública y se consolida una red clientelar que socava cualquier noción de democracia. Los asesores nombrados a dedo sustituyen a funcionarios con formación, creando una burocracia paralela sin control técnico ni fiscalización real. Se trata de blindar al político de turno con una corte de fieles. Gente que no critique, que aplauda, que calle. Los despachos se llenan de obedientes en lugar de competentes. Y cuando alguien levanta la voz…, pero nadie levanta la voz, ya sabían a lo que venían, y cobran mucho.

Esto también es mafia

El PP ha salido a la calle en Madrid bajo el lema “Mafia o democracia”. Una pregunta legítima, aunque, tiene gracia que lo digan ellos, los del PP, cuya cúpula financiera fue juzgada como organización criminal. Pero está bien, parece que ya se puede llamar mafia al Presidente del Gobierno de España, si aceptamos ese marco, entonces debemos aplicarlo también aquí. Porque lo que sucede en Canarias, con enchufados a reventar, el silencio cómplice de tantos medios muy bien pagados y el conformismo de tantas instituciones, también es una forma de mafia. Una mafia de guante blanco, de BOE y rueda de prensa, pero mafia al fin y al cabo. De lo que nos queda alguna pregunta final: ¿hasta cuándo seguiremos normalizando esta corrupción legalizada? ¿Cuánto más se puede vaciar la democracia antes de que la ciudadanía reaccione? Y bueno, mientras en Canarias lo vamos pensando, algunos vamos adelante con la lupa del Corruptómetro.

El Corruptómetro de Canarias es un proyecto de activistas de los colectivos La Gaveta 20A y la Acampada Reivindicativa Lolo Dorta.

También en formato vídeo:

Si tienen algo que denunciar, que crean que tiene visos de corrupción, pueden comunicarlo al correo elcorruptometrodecanarias@gmail.com