Si van atando cabos verán perfectamente el patrón, y cómo se está sustituyendo a la población canaria por la de fuera, de manera continuada, a la par que la vivienda pasa a ser cosa también de los de fuera. El paradigma de todo esto lo tenemos en Fuerteventura, donde solo el 30% de la población es nacida en Canarias. Para colmo tenemos a unas administraciones y políticos trabajando denodadamente por perpetuar este modelo de sustitución. Algo que se completa con la labor diaria, “impagable”, de la Televisión Pública Canaria, machacando continuamente a los canarios pobres para defender a residentes peninsulares o extranjeros pudientes y a este mismo modelo extractivo y empobrecedor de canarios.

Esta radiografía, que está ahí, son los datos, no me invento nada, en cualquier otra sociedad mínimamente espabilada tendría a todo el pueblo levantado y a sus políticos legislando para evitar que esta sin razón continúe; en Canarias seguimos de fiesta. Aunque no todos, algunos, al menos contamos y denunciamos este reemplazo silencioso de los canarios en Canarias.

Y digo yo: ¿por qué es legal, legítimo y justo proteger la pervivencia de las culturas indígenas del Amazonas que se ven amenazadas por la destrucción de sus hábitats naturales, y resulta xenófobo o legalmente inviable proteger el derecho de los canarios a seguir viviendo en sus islas? Si nos fijamos, en ambos casos el causante es el mismo: el capitalismo salvaje. La diferencia sólo está en la forma de la expulsión. Así, en el Amazonas son muy directos y evidentes deforestando los bosques para especular con la madera o con el terreno, y en Canarias todo es más sutil: es el mercado con sus leyes y unos políticos lamentables los que favorecen que poblaciones de medio mundo se instalen aquí con ventaja sobre la población local, sin violencia directa ni deportaciones forzosas al estilo Trump, pero sin pausa.

Es el reemplazo, aunque no quieran verlo. Aunque lleven décadas enseñándonos a interpretar estos fenómenos exclusivamente en términos económicos. El problema es el mercado, nos dicen, y no hay nada que hacer. Si el mercado quiere sueldos bajos, pobreza alta, ayudas muy pocas, vida carísima y vivienda imposible, y todo esto hace que los canarios se vayan o se mueran pronto y los sustituyan los de fuera, pues así son las cosas. Todos formamos parte de una misma lógica global, y las personas no deben distinguirse por su origen sino por su posición en el sistema productivo, nos insisten. Y aunque hay cierta verdad en el diagnóstico, hay algo que este análisis no alcanza a comprender: el arraigo. Porque Canarias no es un espacio abstracto sobre el que operan fuerzas impersonales, es un territorio concreto, limitado, habitado por una comunidad que ha tejido en él su historia, su cultura y sus vínculos. Reducir a esa comunidad a la condición de “actor económico” equivale, en la práctica, a aceptar que puede ser sustituida si las dinámicas del mercado así lo imponen. Y esto, justo esto es lo que está ocurriendo, a través de mecanismos algo más sutiles. En Canarias no se expulsa a nadie directamente; son los precios los que lo hacen, los alquileres imposibles, la transformación de viviendas en alojamientos turísticos, la entrada de capital externo que revaloriza el suelo por encima de cualquier salario local, o un mercado laboral que prima la contratación de mano de obra extranjera dispuesta a trabajar por muy poco, y profesionales cualificados de la Península o de Europa.

Vivimos un círculo perfecto, que se ve especialmente con la vivienda. Así, la llegada de compradores con mayor capacidad adquisitiva eleva los precios, esos precios expulsan a la población local, y esa expulsión facilita que el mercado se oriente aún más hacia quienes pueden pagar esas nuevas condiciones. En esta dinámica sustitutiva también juega un papel fundamental el modelo del turismo masivo, que transforma el territorio en un espacio de uso intensivo y desplaza progresivamente los usos residenciales. Este turismo en cifras récord por el que se apuesta y no paran de presumir Clavijo, Dávila y compañía -y más que van a venir porque Canarias está muy lejos de las zonas del mundo donde hay conflictos bélicos-, obliga a seguir aumentando la mano de obra mayoritariamente de fuera que demanda el mercado, con más presión sobre la vivienda, los recursos, las carreteras y el territorio, y más subida de precios. Y esto tiene siempre el mismo resultado: más canarios malviviendo, muriendo prematuramente o marchándose.

Frente a esta realidad demoledora, es hora de que los canarios empiecen a defender sin complejos ni prejuicios el derecho que toda comunidad tiene a mantener su continuidad social, cultural y territorial, y a no ser desplazada de facto por dinámicas económicas que no controla. Y esto, aclaro, no es un argumento identitario ni una apelación emocional, es una idea que encuentra respaldo en distintos marcos jurídicos y políticos. Así, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos reconoce el derecho de los pueblos a decidir su desarrollo económico, social y cultural; la Constitución Española establece el derecho a una vivienda digna y obliga a los poderes públicos a impedir la especulación; el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea insiste en la necesidad de garantizar la cohesión territorial, especialmente en regiones insulares. Y en el plano internacional, es ampliamente aceptado -y considerado un avance moral- proteger a las comunidades indígenas amazónicas frente a dinámicas económicas que amenazan su continuidad, con instrumentos como el Convenio 169 de la OIT o la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que reconocen explícitamente el derecho de estos pueblos a permanecer en su territorio y a preservar su forma de vida. ¿Por qué para los canarios no hay leyes protectoras? Ah, que ellos son culturas prehistóricas, son pintorescos, y nosotros somos modernos. Pero qué demonios: es el mismo capitalismo salvaje el que los expulsa a los dos.

En definitiva: ¿queremos que Canarias se convierta -sino lo somos ya- en un macro resort de lujo con Cunas del Alma por todos lados, en un gigantesco parque temático sin cultura propia ni alma, en una Las Vegas en el Atlántico repleta de prostitución, vicios, fiestas, corrupción, mafias y suburbios con pobres escondidos viviendo en barracones o en cuevas? Bien, pues sigamos así, continuemos bailando. Eso sí, luego no digan que no lo avisé.

Eloy Cuadra, escritor y activista social.

Vidal, que ya ha sido reconocido en diversos certámenes por su mirada comprometida y su capacidad narrativa, representa a esa nueva generación de creadores isleños -tan necesaria- que no rehúyen los temas incómodos. Su trayectoria incluye galardones como el Festival Nuevas Narrativas 2023, el Festival Tiempo Sur 2024 y el Festival Tenerife Noir Sub 25 de 2026, además de menciones especiales en fotografía en el FIC John Lee 2025 y en el Tacoronte con Historia 2025.

El documental, aún en fase de desarrollo, pretende dar voz a agricultores poniendo el foco en las dificultades reales que atraviesan: el abandono institucional, la competencia desleal, el encarecimiento de costes y la pérdida progresiva de soberanía alimentaria en Canarias.

Para poder llevar a cabo este proyecto, el equipo se encuentra actualmente en búsqueda de financiación. Y apostando por un modelo independiente han optado por abrir vías de apoyo ciudadano a través de crowdfunding y pequeñas aportaciones, con el objetivo de mantener la libertad creativa y garantizar un enfoque honesto y sin condicionantes.

“Buscamos aportaciones humildes de particulares y empresas que quieran apoyar nuestro documental, a cambio, nuestro agradecimiento más sincero y una reseña dedicada en los créditos finales cada vez que se proyecte la cinta en festivales y eventos”, ha declarado el joven realizador canario.

Desde distintos ámbitos sociales y culturales ya se ha comenzado a respaldar la iniciativa, y aquí va un nuevo empujón, destacando la importancia de generar relatos propios que visibilicen la realidad del archipiélago más allá de los discursos oficiales y la imagen turística dominante.

(en la foto, Vidal Ramos)

Este proyecto no solo es una propuesta cinematográfica, es compromiso con la tierra, la identidad y el futuro de Canarias.

Las personas interesadas en colaborar o recibir más información pueden contactar directamente con el equipo a través del siguiente teléfono:
Contacto: 629 14 09 05

Apoyar este documental es apoyar al campo canario.

A ver si me explico mejor. Aquí ya no estamos ante el Torrente marginal, grotesco y ridículo que servía como espejo deformante de una España rancia. El Torrente Presidente da un salto cualitativo: se convierte en líder político. Y ese salto no es inocente. Y no lo es porque el esquema es transparente. Por un lado, un presidente caricaturizado -Pedro Vilches- que remite de forma evidente a Pedro Sánchez. Por otro lado Torrente, líder inesperado de un partido llamado “Nox”, cuya identificación con Vox es inmediata. Hasta aquí, podría parecer una sátira que reparte golpes a ambos lados. Pero no es así.

La clave está en quién ocupa el lugar del protagonista. Porque en narrativa, y en cine más todavía, el protagonista no es neutral: es el punto de identificación del espectador. Y aquí, ese lugar lo ocupa Torrente. Es él quien hace reír, quien articula la acción, quien encarna -aunque sea de forma grotesca- una supuesta reacción frente al poder. Y el resultado es sutil pero eficaz:
lo que se presenta como parodia termina funcionando como normalización. Porque Torrente es fascista, racista, machista, misógino y muy tradicional, pero es el protagonista, parece gracioso, y a su manera grotesca y bruta -igual que Vox- intenta defender ciertos valores tradicionales de España con los que muchos se identifican.

Habrá quienes defiendan la película diciendo que “de todo se puede hacer humor”. Pero esa afirmación, sin contexto, es profundamente ingenua, y en este caso muy dañina. Porque cuando el protagonista hace chistes sobre mujeres obesas, personas con discapacidad o personas homosexuales, no estamos ante una crítica del prejuicio, Santiago Segura reproduce el prejuicio y se ríe de ellos. Cuando esa reproducción se da desde el personaje central, el mensaje implícito es claro: no solo se puede decir, sino que además es gracioso decirlo. Pero, ¿le hemos preguntado a las mujeres obesas, a los homosexuales o a las personas con discapacidad si les hacen gracia los chistes de Torrente a costa de ellos? Probablemente ninguna. Frente a esto, conviene recordar que existe otra forma de hacer comedia. Películas como “Campeones” de Javier Fesser por ejemplo, demuestran que se puede hacer comedia con realidades sensibles sin convertirlas en objeto de burla, y sí en espacios de empatía.

Uno de los elementos más reveladores de las intenciones del director está en los cameos. La acumulación no parece casual. Aparecen figuras como Willy Bárcenas, hijo del tesorero del PP condenado por corrupción. Aparece Vito Quiles, conocido por su estilo de confrontación política contra políticos y periodistas de izquierdas. Y aparece El Pequeño Nicolás, vinculado a múltiples escándalos judiciales. A la lista se suman nombres como Carlos Herrera, Pablo Motos, Juan del Val o Bertín Osborne, todos ellos asociados a una línea editorial muy concreta. También sale M. Rajoy, interpretándose a sí mismo… ¡para solta un discurso sobre la honradez del político! Y el guiño internacional tampoco es inocente, pues son Donald Trump y Javier Milei los que aparecen como referencias reconocibles de una misma corriente política. ¿Es casual toda esta constelación de famosos del mismo corte? Resulta difícil sostenerlo. Más bien parece una operación cultural para convertir un determinado ecosistema ideológico en algo cercano, cotidiano y, sobre todo, simpático.

El giro más preocupante llega cuando el propio gobierno de Pedro Vilches intenta asesinar a Torrente utilizando el aparato del Estado. Aquí ya se acaba la fiesta y la película cruza una línea clara, introduciendo una narrativa clásica del populismo contemporáneo: ese que viene a decir que el poder institucional está corrompido y persigue a quienes “dicen la verdad”. Santiago Segura refuerza aquí la idea de que las instituciones democráticas son enemigas del “pueblo”, y que quienes se presentan como outsiders -aunque representen posiciones reaccionarias- son en realidad sus defensores. Podría ser, pero no en todo caso, y no con este mensaje.

A pesar de lo evidente, el gran escudo de la película es el de siempre: “solo es humor”. Y me dirán que “es arte”, “es libertad de expresión”, “no seas censor”, “enemigo de la libertad”. Pero el humor no es neutro. Y no es lo mismo reírse del poder que reírse de los vulnerables. Como no es lo mismo satirizar un sistema que normalizar sus prejuicios. Y ahí está el problema de fondo: Torrente Presidente no incomoda al poder real que dice criticar. Lo reconfigura, lo humaniza y, en última instancia lo legitima, porque en el fondo es gracioso, y los españoles somos así, nos reímos de todo.

Un detalle menos visible que también está, y no quiero dejar de comentar porque me toca muy de cerca y es un problema capital en este país: es el tratamiento que da al problema de la vivienda. En lugar de abordar una de las principales crisis sociales de España, la película nos presenta a Jesulín de Ubrique caricaturizado como un vividor que no paga alquiler porque lo protege el Escudo Social del Gobierno -que ya no existe por cierto-, en una clara alusión a las políticas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez. Y otra vez esto no es ni inocente ni gracioso, porque acaba desplazando el foco desde las causas estructurales del problema -especulación, falta de parque público, turistificación- hacia el relato acostumbrado de criminalizar a los vulnerables. Remata ese marco, para que quede claro, con la aparición en los créditos finales de un supuesto Ministerio de “Desokupación”, reforzando el discurso promovido por partidos como Vox y el PP, donde la ocupación se presenta como el eje central del conflicto habitacional. Así, lo que debería ser una crítica social se convierte en una herramienta más de simplificación ideológica, alineada con una narrativa que beneficia claramente a la derecha.

Hasta aquí lo que les puedo contar. Siento el spoiler, pero igual les ahorro diez euros malgastados y hora y media de inyección ideológica subliminal. Este es el Torrente que yo vi este jueves de tormenta, un tipo que funcionó como caricatura incómoda de ciertos rasgos de la sociedad española durante años, que en esta entrega final se ha pasado algunos pueblos y se suma al nuevo populismo español, blanqueando lo imblanqueable.

Eloy Cuadra, escritor y activista social.

Y es que hay un elemento del que casi nunca se habla cuando suben los precios, la Hacienda Pública recauda más automáticamente. La cuenta es sencilla: el IGIC se aplica como porcentaje sobre el precio final, y si los productos cuestan más, el ingreso fiscal aumenta aunque no se suba el tipo impositivo. Lo mismo ocurre con los impuestos especiales sobre combustibles, con el IRPF cuando los salarios suben nominalmente por la inflación o con las cotizaciones sociales. En resumen: la inflación empobrece a los ciudadanos, pero engorda la recaudación de las administraciones.

Otro detalle a valorar: por mucha guerra que haya en Oriente, la clase media y alta de Europa va a seguir marchándose de vacaciones. Y en buena lógica, con el Mediterráneo Oriental convertido en un polvorín peligroso, habrá un trasvase a Canarias de viajeros de países turísticos como Grecia, Jordania, Egipto, Turquía, Malta, Túnez o Chipre. Así que apunten para Canarias más consumo, más subida de precios -aún sin guerras-, más ingresos fiscales y más presión sobre nuestro territorio y nuestros limitados recursos. Y vendrán otra vez los medios al servicio de Clavijo a vendernos que el turismo es la salvación de Canarias. Por supuesto nada dirán de un dato demoledor: que solo un 30 % del gasto turístico generado en Canarias permanece realmente en la economía canaria. Es así, el resto se fuga. Se va en importaciones de alimentos y energía, en turoperadores extranjeros, en cadenas hoteleras con sedes fiscales fuera, en plataformas digitales que intermedian desde otros países o en beneficios empresariales que no tributan aquí. Aquí se quedan cosas, sí, aparte de ese 30% aproximado se queda el colapso de infraestructuras, la contaminación, la masificación, la gentrificación, la presión sobre la vivienda, el encarecimiento estructural del suelo o la precariedad laboral.

Y así llegamos a la parte de mi análisis en la que toca hacernos preguntas para ver qué pasa. Y digo yo: si van a seguir subiendo los precios, la administración va a recaudar más, el turismo va a seguir estable o incluso aumentará y la población residente va a cargar con el sobrecoste energético y logístico además de todo lo que ya tenemos… ¿dónde está la política valiente? Incluso quitaría lo de “valiente” y dejaría la pregunta más simple: ¿dónde está la política?, porque lo que hay de momento es solo propaganda y cobardía.

Y la pregunta es obligada: ¿por qué no plantea el Gobierno de Canarias ninguna reforma fiscal profunda y otras medidas de calado que amortigüen el golpe a los canarios? Nos meten el céntimo forestal y cobran a todo el mundo por acceder al Teide, residentes incluidos, pero de tasa turística nada de nada, pese a que este impuesto al turista ya lo tienen en todos lados, incluidas otras ciudades y territorios españoles. ¿Para qué?, dirán en el Gobierno de Canarias: tú dale al canario fiesta y el resto lo arreglamos controlando lo que los medios cuentan. Tampoco hay a la vista mecanismo alguno similar a la tasa turística que facilite el retorno del beneficio de la industria turística. No hay fondos finalistas para vivienda, ni se apuesta por la vivienda pública, ni se toca la vivienda vacía y el vacacional sigue a su rollo. No hay compensaciones directas por el sobrecoste inflacionario que ya está en marcha, más allá del engaño que supone bajar el IGIC o no cobrarlo en ciertos productos, cuando se sabe que la bajada se la quedan empresas e intermediarios, y rara vez repercute en el consumidor. Tampoco parece que se vayan a reforzar los servicios sociales, muy al contrario, se acaba el Escudo Social y miles de familias irán a la calle. Frente a eso aporofobia, el okupa es malo, el pobre es vago. Ni parece que se piense en invertir en infraestructuras tensionadas, ni en más camas de hospital, ni en dependencia, ni en cuidados, ni en nada de nada de lo que en verdad afecta a la gente. Y mucho menos en potenciar al Sector Primario, lo que hay es Mercosur y comprar fuera más barato.

En resumen, vamos a seguir con la dependencia estructural muy marcada del modelo de turismo masivo, por muy claro y evidente que sea todo. No sucederá nada, por lo que parece, nada bueno, porque no hay voluntad política. Y no la hay -ya lo he apuntado- porque no les hace falta. Están blindados políticamente por la Ley Electoral Canaria y la deserción de las fuerzas de izquierdas, y además controlan totalmente el relato de lo que se dice en los medios. Y así, no necesitan hacer nada. Cuando haya más pobreza, más todavía, dirán que el canario siempre fue sufrido y resiliente, sacarán a la virgen, programarán más fiestas y llamarán a las televisiones para organizar telemaratones solidarios. Todo esto probablemente pasará, sí, y al final seguiremos escapando, como podamos. Pero todo esto no quita que algunos sepamos lo que en verdad pasa, y les digamos lo que realmente son: auténticos cobardes sin empatía.

Eloy Cuadra, escritor y activista social.

A este riesgo claro de clientelismo político se suman los precedentes que ya hay en torno a Tragsa, que podrán comprobar a poco que busquen. Así, mirando muy por encima, se sabe que fue en el Grupo Tragsa donde colocaron a la supuesta amante del exministro José Luis Ábalos, cobrando durante bastante tiempo sin aparecer por la oficina, y el asunto acabó judicializado. También sabemos que asociaciones empresariales en distintos territorios -Canarias incluida- han denunciado que las administraciones recurren a Tragsa para evitar procesos abiertos de licitación, generando lo que califican como competencia desleal al operar con respaldo estatal y sin riesgo de mercado. Bomberos forestales gestionados por Tragsa en comunidades como Madrid han protagonizado huelgas denunciando precariedad salarial, incumplimientos en prevención de riesgos y falta de negociación colectiva. Y en la última década cientos de empleados de Tragsa han sido sancionados por absentismo, según datos difundidos públicamente, lo que revela tensiones estructurales en la gestión interna. Esto es: que las cosas no van bien en Tragsa.

Los precedentes que se citan, y la experiencia previa de Tragsa con Tierra Blanca, nos llevan a temer que la gestión -y sobre todo la calidad de vida de los animales- va a empeorar con este cambio. Pero además de lo ya dicho hay una cuestión de fondo importante, en la que el Cabildo no parece reparar ni dar explicaciones. Si Adepac lleva desde 1989 gestionando el servicio y en el Cabildo han decidido que hay que quitarle la gestión, como mínimo habrá informes contrastados que justifiquen ese cambio. ¿Qué informe técnico ha demostrado que el modelo de gestión de Adepac es ineficiente o perjudicial para los animales? ¿Dónde está la auditoría que prueba que el bienestar animal mejorará pasando a una empresa cuyo presidente cobra 233.314 euros anuales y acumula tantas irregularidades? ¿Se ha publicado una comparativa objetiva de resultados? ¿O simplemente se ha decidido concentrar el encargo en la gran empresa pública porque es administrativamente más cómodo? Si no hay una justificación técnica clara y pública para retirarle la gestión a Adepac, la decisión es únicamente política, y huele mal.

Y bueno, esto es lo que hay, serio riesgo de que sus señorías sigan ampliando sus redes clientelares, esas que tanto daño hacen a la democracia, y que los animales estén peor cuidados. Lástima que los perros no hablan, ni pueden votar. Pero alrededor de ellos hay recursos, hay empleo y hay estructura, y era de esperar que tarde o temprano sus señorías le vieran el interés a los animales. Aquí en Tenerife parece que ya lo han visto, y van a por ellos. Pero nosotros todavía tenemos voz y voto, y ha llegado la hora de hablar por ellos. Yo al menos lo tengo claro: Adepac debe seguir gestionando la protectora. O dicho de manera más directa: ¡señores políticos, dejen a los animales en paz!

Eloy Cuadra, escritor y activista social.

Otra de las patas del crimen organizado muy presente por estas tierras la pone la prostitución. Y en El País del pasado 29 de enero leemos que: La Policía libera a 27 mujeres explotadas sexualmente en el sur de Tenerife. Operación Coyote, cuatro clubs nocturnos, muchas mujeres obligadas a prostituirse, obligadas también a consumir drogas, algunas menores de edad, con estafas a los clientes en sus tarjetas…, ahí es nada.

Y si nos vamos a las estadísticas oficiales de los últimos años Adeje sale bastante mal parado, con un aumento disparado de los delitos relacionados con drogas o de índole sexual, y un aumento importante de los robos con violencia y los hurtos. Y en Arona, aunque la situación no es tan extrema, sí que han subido los homicidios en grado de tentativa, los delitos contra la libertad sexual y las sustracciones de vehículos, con un nivel mantenido de los relacionados con el tráfico de drogas. Un panorama, el del sur, que apunta a una presencia persistente de actividades delictivas de gravedad y crimen organizado, nos empuja a desechar la narrativa de los “casos aislados” y, de confirmarse la mediación de drogas en el crimen de Cabo Blanco, nos dejaría un inquietante dilema: ¿habrímos tenido el mismo desenlace fatal si el acceso de la población a las drogas no resultara tan fácil y extendido en el sur de Tenerife?

Así llegamos a la segunda parte de este artículo, en la que toca preguntarnos si vale con minutos de silencio y otras manifestaciones de condena contra la violencia de género, o la cosa va mucho más allá. Porque hemos de ser claros: cuando un territorio concentra de forma simultánea narcotráfico internacional, blanqueo, explotación sexual y un aumento sostenido de determinados delitos violentos, ya no estamos ante casos puntuales, es un auténtico ecosistema criminal. Y es en este contexto cuando debemos formular la pregunta clave: ¿están nuestras administraciones queriendo acabar con el crimen organizado en Tenerife? A esta pregunta, la realidad de los datos y las informaciones que manejamos, de nuevo, nos dicen que no. Y para sostener este `no´ -aclaro-, no hace falta acudir a rumores ni a teorías conspirativas. Basta con repasar titulares de prensa generalista de los últimos años.

Así, el Canarias7, el 20 de mayo de 2025, publicaba el siguiente titular haciéndose eco de una investigación del diario El Mundo: Matos se ofreció a implicar a ministros y la Policía destaca «la relación de reciprocidad» con Derbah / Una nueva entrega del periódico ‘El Mundo’ compromete todavía más al expresidente del Parlamento canario. Para los que no lo sepan, Derbah es un empresario archiconocido del sur de Tenerife, detenido recientemente por cuestiones de drogas, y Matos es un diputado del PSOE en ejercicio en el Parlamento de Canarias, y fue Presidente del Parlamento en la anterior legislatura.

Otro titular, del digital de Radio Televisión Canaria del 21 de mayo: El subdelegado del Gobierno, Javier Plata, también se vio con el empresario Mohamed Derbah detenido por drogas. El Subdelegado del Gobierno, para los que no lo sepan, es el máximo responsable de la seguridad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, el que tiene que velar precisamente porque narcotraficantes y mafias internacionales no operen a su antojo en la isla.

Más titulares, en esta ocasión del diario El Mundo del mismo 21 de mayo: La Policía señala a la fiscal antidroga por sus “actuaciones favorables” a la trama del capo libanés vinculado al socialista canario / Es la pareja del jefe policial imputado del ‘caso Mediador’ y Asuntos Internos le atribuye “conductas delictivas reiteradas”. En este caso se trata de la fiscal antidroga que debía velar porque en el sur de Tenerife los narcotraficantes no hicieran lo que les diera la gana. Juzguen ustedes.

Y si hablamos del caso Mediador, en el que estuvo también implicado un alto mando policial y un diputado en el Congreso, sorprende enterarse que un delincuente condenado como el famoso mediador, pudiera pasearse por el Cabildo de Tenerife como si fuera un alto cargo, y nos evidencia el alto grado de corrupción de la Administración Insular. En esta última trama, como en la mayoría de las tramas criminales: juergas, drogas y prostitutas, como leemos en otro titular de La Sexta: Las imágenes de las juergas de los imputados en el ‘caso Mediador’: cocaína, prostitutas y Viagra. Y ya puestos a hablar de prostitutas, quién no recuerda la que lió Casimiro en aquel prostíbulo madrileño.

No se trata aquí de prejuzgar responsabilidades penales -eso corresponde a los tribunales-, sino de señalar algo más inquietante: la normalización de conductas inapropiadas y relaciones entre poder político, poder económico y figuras posteriormente investigadas por actividades delictivas graves. Porque además no se trata de un fenómeno exclusivo de Canarias. Basta recordar la amistad incómoda de Feijóo con ese conocido narco gallego, las polémicas que han salpicado al entorno familiar de Pedro Sánchez, lo del novio de Ayuso o el entramado del caso Ábalos, Koldo y compañía. Cambian los territorios y cambian las siglas, pero el patrón se repite: proximidad entre poder político, negocios turbios y redes de influencia que rara vez se investigan hasta el fondo. Tanto más de lo mismo nos pasaría si nos metiéramos de lleno a indagar en el sur de Tenerife, donde las redes tejidas entre políticos, agentes, empresarios y delincuentes van mucho más allá de lo que sale en prensa, y se atropella mortalmente a un niño sin justicia o se dan palizas a taxistas sindicalistas que denuncian las licencias. Por no hablar del nepotismo del alcalde de Adeje o los macroproyectos urbanísticos depredadores, donde se blanquean capitales de todo tipo y nada se mira desde las administraciones, como muestra un último titular del Diario de Avisos del pasado sábado: Denuncian ante la Fiscalía el ‘perdonazo’ de 17 millones en multas ambientales en Canarias. Así es como a infractores medioambientales y urbanísticos, la mayoría empresarios poderosos y muy ricos en muchos casos vinculados con estas redes criminales de las que venimos hablando, las administraciones canarias les perdonan hasta 17 millones de euros en multas. Entre los maxi perdonados, como no, los archiconocidos de Cuna del Alma. ¿Podemos llamarlo ya corrupción o todavía no?

Y así vamos llegando al final de este artículo, y va quedando también resuelta nuestra pregunta central. No, nuestras administraciones, las autoridades políticas e institucionales encargadas de luchar contra la delincuencia en Tenerife, no están haciendo todo lo que podrían y deberían, ni en Canarias ni desde fuera de Canarias. De modo que el señor Matos sigue en su puesto, no ha dimitido, ni lo han cesado, el señor Subdelegado tampoco, ni Casimiro, ni Feijóo, ni Pedro Sánchez, ni Ayuso, ni ni Fraga, ni Torres, ni ninguno de los salpicados por investigaciones, escándalos o relaciones impropias. Y volvemos al ecosistema, donde el listón de lo correcto está muy bajo, porque de esta manera está dispuesto desde hace mucho y así se acepta, por más propaganda institucional políticamente correcta que se haga. Hasta tal punto es así, que da la impresión de que muchos, hace tiempo que se convencieron de que Tenerife, Canarias y sobre todo los sures turísticos, son lo que son: macroenclaves donde el ocio, la prostitución, las drogas y el capital opaco forman parte de un modelo económico del que no se puede hablar. Y ese es nuestro producto estrella. Esa, nuestra gallina de los huevos de oro, nos guste o no. Hay que cuidarla, y con eso tenemos que tirar. Es lo que somos, los canarios, verbeneros, fiesteros, pasotas, si te gusta la fiesta bien, si no te gusta, vete a Suiza. Pero no. Esa no es la única manera de entender lo que somos los canarios. No todos hemos aceptado que el sur de Tenerife deba resignarse a ser patio trasero de mafias internacionales o parque temático del exceso para consumo externo. No todos creemos que el desarrollo consista en mirar hacia otro lado mientras el dinero fluye, venga de donde venga, porque mantiene ocupación hotelera y estadísticas de crecimiento. Canarias no es un decorado, ni un territorio condenado a elegir entre precariedad o corrupción. Y aquí el verdadero problema no es que existan redes criminales -eso ocurre en cualquier lugar del mundo-, es que se naturalice su presencia como parte inevitable del paisaje. Que se asuma que “esto es lo que hay” y se trivialice la corrupción institucional, mientras se multiplican los minutos de silencio. Pues no, yo no me resigno, por eso me atrevo con este artículo. ¿Y tú, te resignas?

Eloy Cuadra, escritor y activista social.

Tras la Segunda Guerra Mundial, en la mayoría de la Europa Occidental se asienta la democracia, con los estados del bienestar socialdemócratas keynesianos funcionando a pleno rendimiento, en una etapa que duró hasta que la entente ultraliberal Thatcher-Reagan impuso su credo. En España llegamos tarde. Después de 40 años de aislamiento franquista, sin estado del bienestar y casi sin derechos sociales efectivos, la democracia nace con notables déficits estructurales. No heredamos un parque público consolidado ni una cultura de alquiler social fuerte. Esta realidad nos ha lastrado desde entonces y aún hoy sigue afectando.

2. En los 80: propietarios y vivienda pública que termina privatizada

Tras la dictadura, el sistema mantuvo la inercia de priorizar la propiedad frente al alquiler, a diferencia de lo que ocurría en buena parte de Europa. La aprobación de la Ley del Mercado Hipotecario en 1981 facilitó el acceso al crédito y permitió que muchas familias compraran vivienda mediante hipotecas cada vez más accesibles. A la par, se mantuvo un volumen relevante de vivienda pública, pero con un diseño estructural defectuoso, pues la mayoría de estas viviendas protegidas acababan descalificadas y pasadas a propiedad privada. Dicho de otra manera, no se construyó un parque público permanente de alquiler, con un mensaje político muy claro: ser propietario era el objetivo natural del ciudadano.

3. En los 90: bonanza y liberalización del suelo

En los 90, España orienta su política hacia la liberalización masiva del suelo y la reducción de la intervención pública directa. A lo que contribuye enormemente la aprobación de la nueva Ley del Suelo en 1998, que establecía en la práctica que todo suelo no protegido podía ser urbanizable. La expansión urbanística se convirtió en política económica central de muchas administraciones, con una premisa clara: había que abandonar la promoción directa de vivienda pública y apostar por VPO de promoción privada. Aquello fue el caldo de cultivo perfecto para pelotazos urbanísticos, recalificaciones masivas y corrupción política. Es en esta década cuando la vivienda dejó de ser un derecho social para convertirse en motor financiero y herramienta especulativa.

4. La década prodigiosa, el estallido y la crisis

En la primera década del milenio la bonanza económica del país alcanza su cénit, con el sector inmobiliario y el ladrillo como motores. Se construye masivamente vivienda privada, y también se compra masivamente, con las familias hipotecadas sin garantías. El precio de la vivienda sube exponencialmente. Así las cosas, a mediados de la década España se convierte en anomalía europea, con una mayoría aplastante de propietarios endeudados, frente al modelo dominante en Europa con mucho peso del alquiler. En 2008 estalla la burbuja. La clase política, mediocre y complaciente con el modelo especulativo, fue incapaz de prever o mitigar el desastre. La vivienda, convertida en activo financiero, arrastra consigo a millones de familias.

5. Se rescata a los bancos, no a las familias

Tras la crisis, millones de familias pierden sus casas. Pero el Estado opta por salvar al sistema financiero, inyectando decenas de miles de millones de euros públicos para rescatar bancos. A día de hoy, se estima que unos 60.000 millones no han sido devueltos, ni lo serán. A la par, se produce una fuerte concentración bancaria y llegan los años del austericidio. Los españoles, con un Estado del Bienestar poco desarrollado y sueldos bajos, enfrentan una década de depresión social y aumento brusco del desempleo y la desigualdad. Se estima que desde 2008 se han ejecutado más de un millón de desahucios en España. La prioridad quedó clara: estabilidad financiera antes que derecho constitucional a la vivienda (artículo 47 de la Constitución).

6. La respuesta social, sin respuesta estructural

La indignación social cristaliza en el 15-M y en colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que ponen en el centro del debate la dación en pago, la paralización de desahucios, una banca pública, la necesidad de vivienda social o la urgencia de frenar la especulación. Pese a la fuerte movilización social, la irrupción de Podemos y su entrada en el Gobierno, básicamente nada se ha hecho. Estructuralmente, el modelo no se alteró. No se construyó un parque público masivo, ni se intervino el mercado de forma sostenida, ni se alteró el carácter financiero de la vivienda.

7. Fondos buitre y financiarización

Tras la crisis, la banca acumulaba miles de viviendas procedentes de ejecuciones hipotecarias. Muchas de ellas fueron vendidas con grandes descuentos -casi regalos- a fondos de inversión internacionales. En 2012 se crea la SAREB, el llamado “banco malo”, que facilitó la salida de activos tóxicos del sistema financiero y muchas nuevas viviendas, asumiendo la deuda finalmente el Estado. Lamentablemente, no se hizo público ese gran parque de vivienda, continuó engrosando la cartera especulativa de los fondos buitre. Con posterioridad, para hacer aún más fácil el acaparamiento lucrativo de la vivienda, se aprueban beneficios fiscales (SOCIMIs) y reformas legales que facilitaron la entrada de capital especulativo. La financiarización generalizada de la vivienda provocó muchos miles de desahucios nuevos y una subida considerable de los alquileres, muy por encima del crecimiento salarial.

8. El auge del alquiler vacacional

A partir de 2013-2014, con la recuperación económica y la expansión de plataformas como Airbnb, el alquiler vacacional dejó de ser complementario o “economía colaborativa” -como defendieron bisoñamente hasta partidos alternativos- para convertirse en industria. El efecto inmediato y progresivo fue la retirada de miles de viviendas del mercado residencial para destinarse al uso turístico. En ciudades y territorios turísticos -Canarias entre ellos- el fenómeno fue especialmente intenso, con reducción alarmante de oferta de alquiler estable, incremento inaccesible de precios y expulsión progresiva de residentes. A día de hoy, la regulación ni siquiera termina de llegar, y donde lo hace resulta tibia o ineficaz. Entre tanto, la rentabilidad del alquiler turístico no ha parado de crecer, convertido el modelo en un auténtico lobby ahora ya muy difícil de contrarrestar.

9. La venta masiva a extranjeros: mercado global, salarios locales

Tras la crisis, España se convirtió en destino privilegiado de inversión inmobiliaria internacional. En determinadas provincias y archipiélagos, el porcentaje de compraventas por parte de extranjeros ha alcanzado cifras muy elevadas, fruto del alto poder adquisitivo del europeo medio frente a la población local, y la alfombra roja que desde las administraciones han puesto (golden visa, teletrabajo tecnológico). El precio de la vivienda se fija según la capacidad adquisitiva de economías más fuertes, y el trabajador local queda fuera de cualquier opción, porque compite en un mercado global, en un mercado salvaje. En regiones con sueldos bajos y dependencia turística -como Canarias-, el efecto es devastador.

10. Siete años de promesas: el Gobierno de Pedro Sánchez

Con la llegada al Gobierno de Pedro Sánchez, se abre la expectativa de un giro estructural en política de vivienda, y el discurso parece cambiar. Pero los años pasan y de la retórica no se pasa, hasta 2023, año de aprobación de la primera ley estatal de vivienda de la democracia. La ley, muy tibia y descompensada, introduce algunas herramientas como la declaración de zonas tensionadas y límites a la actualización de rentas, pero todo queda sobre las espaldas de los propietarios y la aplicación -o no- de las comunidades autónomas, y la norma se convierte en papel mojado. Entre tanto, el parque público sigue siendo uno de los más bajos de Europa, no se ha buscado una movilización masiva de vivienda social, ni la SAREB se ha transformado en el instrumento estructural que muchos esperaban.

11. La criminalización de la ocupación: el gran desvío

Mientras los gobiernos y administraciones seguían a otra cosa en materia de vivienda, el debate público se fue centrando cada día más en el fenómeno de la ocupación. Y aunque los datos siempre han mostrado que se trata de un fenómeno estadísticamente minoritario en comparación con el volumen total del parque inmobiliario, el asunto se ha convertido en eje central del discurso político, a lo que han contribuído enormemente la polarización social anti Pedro Sánchez, el auge de la ultraderecha y la hegemonía de medios conservadores defensores de la propiedad privada. Esta realidad social ha derivado en una continua y asentada sensación de alarma, en un incremento de la aporofobia (criminalización de los pobres) y en la imposibilidad de avanzar grandes acuerdos o consensos por el derecho a la vivienda.

12. El fracaso histórico del parque público

Un factor capital en este deterioro progresivo del derecho a la vivienda lo pone el hecho de que España tenga uno de los parques de vivienda social más reducidos de Europa occidental. Y ello porque durante décadas la vivienda protegida se ha vendido, no se ha consolidado el alquiler público permanente, y en muchos casos aún peor, con grandes promociones públicas vendidas sin escrúpulos a fondos de inversión, como ocurrió en Madrid durante el mandato de Ana Botella. Y así, sin parque público suficiente, y sin otros mecanismos reales de presión, el Estado carece de herramientas efectivas para influir en precios y garantizar el acceso a la vivienda.

12. Reformas que aumentaron la inseguridad

Por si no bastaba con todo lo que hemos contado, la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos en 2013 redujo la duración obligatoria de los contratos, aumentando la vulnerabilidad del inquilino y facilitando subidas rápidas de rentas. La fiscalidad, históricamente favorable a la propiedad frente al alquiler, reforzó el sesgo estructural. Y las competencias fragmentadas entre Estado, comunidades y ayuntamientos facilitaron la inacción.

13. El nuevo ciclo: empleo precario en un mercado global

Revertir la situación de la vivienda en España, tras décadas de decisiones orientadas a vaciar de contenido el derecho constitucional, no es sencillo -por no decir imposible- en el contexto actual. No lo es si tenemos en cuenta que la recuperación económica tan vendida por Sánchez es altamente engañosa, porque los salarios siguen bajos y perdiendo poder adquisitivo, el empleo es mayoritariamente precario y de bajo valor añadido y los alquileres se han disparado muy por encima del crecimiento de las rentas. A ello se suma un factor estructural difícil de neutralizar: el hecho de que España se haya consolidado como uno de los destinos más atractivos del mundo tanto para invertir como para vivir. En una economía europea abierta, con libre circulación de capitales y personas, resulta inviable restringir de forma significativa la llegada de compradores e inversores internacionales con mayor poder adquisitivo. Así, el mercado inmobiliario español compite ya en una liga global, mientras los salarios siguen siendo locales.

En conclusión…

La combinación de fondos y rentistas dominando amplias bolsas del mercado -que nada quieren saber de la vivienda como un derecho-, con millones de viviendas desviadas al uso turístico, la entrada constante de capital extranjero, un parque público insuficiente, unos sueldos muy bajos, la polarización fanática de la sociedad y una clase política nefasta y enfrentada, nos han traído la tormenta perfecta que hace que hoy, en buena parte de España, tener trabajo no garantice poder vivir en condiciones dignas, y no se vislumbren soluciones fáciles.
Dicho con otras palabras: el derecho a la vivienda en España no se lo han cargado de un día para otro, no es cosa solo de Pedro Sánchez, han trabajado duramente todos durante muchas décadas, por ideología, por especulación, por omisión política y por cobardía.

En este punto no puedo evitar recordar la escena final de El planeta de los simios, cuando el personaje interpretado por Charlton Heston descubre que el planeta arrasado era la Tierra y grita desesperado:

¡Maniáticos, lo habéis destruido! ¡Os maldigo a todos!”

. Una acertada metáfora sin duda, para un final brillante y trágico, que va camino de ser premonitorio.

Eloy Cuadra, escritor y activista social

La pregunta, por muy incómoda que sea se hace inevitable: ¿por qué siguen insistiendo en una receta que ya no funciona?, ¿no entienden que ya se les acabó su tiempo, que solo restan, que harían mejor si se disolvieran y se dedicaran a otra cosa? Porque el problema no es solo electoral, es político, es cultural y es territorial. La izquierda estatal que propone estas uniones se ha convertido en una izquierda elitista, excesivamente intelectualizada, desconectada de la vida material de la gente común, y también del territorio, de lo local, de lo que ocurre en cada comunidad ¿O son acaso parecidas las realidades locales de Canarias y las del País Vasco?

Ya no sirven estas estructuras verticales con sede en Madrid, sin bases, sin suelo de pueblo, construidas sobre figuras que han salido en la tele un tiempo, con discursos universales, de consignas bien formuladas y debates identitarios casi siempre importados, cada vez menos arraigadas en los conflictos reales de los barrios, los pueblos y las comunidades. Son partidos que hablan en nombre de “la gente” mientras deciden lejos de ella, que reclaman pluralidad pero funcionan como aparatos cerrados, que se presentan como nuevos aunque repiten los vicios clásicos de la política estatal. Todo esto que les cuento, yo lo estoy analizando y argumentando con razones, y la mayoría del electorado español lo siente y lo percibe aún sin verbalizarlo, y sale huyendo cuando oye hablar de la unidad de las izquierdas, porque les suena a estafa.

Por suerte, frente a este modelo agotado, hay otra vía posible, que además está demostrando ser eficaz. Me refiero a la construcción de movimientos progresistas de ámbito autonómico, soberanistas, independentistas o regionalistas de izquierdas. Espacios políticos con raíces en su territorio, sin obediencia estatal, con agenda propia y con una relación directa con su comunidad. Los ejemplos están ahí y son incontestables. En el País Vasco, EH Bildu no solo resiste: crece y disputa hegemonía. En Cataluña, ERC y la CUP, con todas sus diferencias, han construido una izquierda vinculada a la soberanía y al conflicto real con el Estado. En Galicia, el BNG se ha consolidado como fuerza central del espacio progresista. En Aragón, la Chunta Aragonesista demuestra que el arraigo territorial puede ser también allí fortaleza. ¿Qué tienen en común estos proyectos? No nacen de despachos madrileños. No se construyen como sumas de siglas fracasadas o figurines mediáticos ya gastados. No dependen de cuanto salga uno en la tele ni de modas ideológicas. Se apoyan en una identidad política ligada al territorio, en conflictos concretos y en una militancia que no vive la política como una carrera profesional en la que hay que perpetuarse como una casta, la sienten como herramienta de defensa colectiva.

Lo puedo decir más alto pero no más claro: la lucha contra la ultraderecha y el neofascismo no se gana con grandes alianzas abstractas ni con frentes amplios diseñados desde arriba. Se gana desde lo local, desde la cercanía, desde proyectos que la gente sienta como propios, la trinchera del barrio, el desahucio que se para, el abuelo al que se acompaña, la cultura que se defiende o el macropelotazo urbanístico que se frena. Solo donde haya comunidad política real, se podrá frenar a la ultraderecha. ¿Cuántos de Vox hay en el Parlamento Vasco o en el Navarro? ¿Qué les pasó a Vito Quiles o a Dani Desokupa cuando quisieron aparecer por allÍ? Y puestos a ver quién piensa más en España, se da la paradoja de que partidos como Bildu o Esquerra Republicana, con toda la matraquilla de terroristas o independentistas han sido los que más propuestas han sacado adelante en Madrid en favor de la justicia social de todos los españoles.

Conformar poder local, es casi el único camino. Lo cual no significa renunciar a alianzas estatales y luchas más globales. Significa replantearlas. Primero hay que construir fuerza real en cada territorio. Después, desde esa pluralidad soberana, ya se articularán acuerdos para gobernar en Madrid si hace falta. Pero no al revés: empezando por la unidad estatal esperando que luego baje al territorio. Ese es justo el camino que nos ha traído hasta aquí. Por cierto, ¿se han fijado que ni Bildu ni ERC están por la labor de sumarse a esta historia? Porque saben que perderán apoyos electorales, y muchos. ¿Quiénes son los que plantean esta solución simplista?: los que llevan años perdiendo y menguando. ¿Por qué insisten?: porque saben que si les compran el tinglado podrán seguir con su puestito cobrando de aquí o de allá otros cuatro años. Es así. Solo tratan de salvar su culo.

Conviene aclarar en todo caso, que no es tan sencillo como armar batiburrillos locales con los mismos cabecillas de siempre, aceptando a los mismos líderes que llevan toda la vida intentándolo y fracasando, sin un trabajo real de base, de calle, de compromiso. Si no hay base ni trabajo previo, como puede ocurrir en lugares como Canarias, Andalucía y otros territorios de poca lucha auténtica, pues habrá que trabajar duro para construir esa base sólida. Créanme, no hay más fórmula. La gente no es tonta, ya no engañan a nadie.

En conclusión, más allá de lo que estamos pagando todos por la locura mesiánica de Sánchez, la solución para movilizar a esa otra España que existe a la izquierda del PSOE, no es la unión de las izquierdas tal y como se plantea, es romper con el centralismo, abandonar las élites ilustradas y volver a pisar tierra, desde abajo, sin tutelas, comunidad a comunidad, conflicto a conflicto, una batalla tras otra.

Eloy Cuadra, escritor y activista social.

Lo que van a leer a continuación, es una historia teatralizada basada en hechos reales, a modo de denuncia de una realidad muy dolorosa y recurrente en España desde hace muchos años. Se buscan actrices, y actores, dispuestos a representarla.

PERSONAJES
– LA VOZ (narrador / voz en off)
– LA MADRE
– EL PADRE
– LA ADMINISTRACIÓN (MUJER 1, MUJER 2, y EL HOMBRE RUDO)
– LA MUJER FAMOSA
– LA NIÑA (interpretada por una persona adulta en distintas edades)

———————————ESCENA I – EL HOGAR——————————

(Escenario sencillo. Cuatro sillas de distinto tamaño, alineadas, representan a los cuatro hijos, de distintas edades. LA MADRE y EL PADRE aprecen de pie, junto a las sillas. Luz cálida.)

LA VOZ (en off):
Hubo un tiempo -no tan remoto, nada legendario-
en que una familia vivía sin más riqueza
que la certeza de estar juntos.
Una madre. Un padre. Cuatro hijos.
Nada sobraba. Nada faltaba.
(LA MADRE coloca una mano sobre una de las sillas, la más pequeña, con gesto de ternura. EL PADRE la mira, parece feliz. Silencio breve.)

LA VOZ:
Era una vida humilde.
Y por eso mismo, vulnerable.
(Oscuro breve.)

———————ESCENA II – LA CAÍDA————————-

(Luz fría. LA MADRE recibe una llamada de teléfono, noticia inaudible, algo terrible ha sucedido. Su cuerpo se encoge. EL PADRE intenta sostenerla.)

LA VOZ:
Entonces llegó la muerte.
Sin aviso previo.
Por dos veces.
Primero el padre.
Después el hermano.
(LA MADRE cae de rodillas.)
LA VOZ:
Algo de ella también parece morir.
No por debilidad.
Por humanidad.
(EL PADRE permanece a su lado. Nadie más.)

———————-ESCENA III – LA PROMESA

(En la casa, entra LA ADMINISTRACIÓN. Sonrientes, dos mujeres portan carpetas. Doble gesto: dulzura en el rostro, rigidez en el cuerpo. Acompaña un hombre de rudo aspecto.)

LA ADMINISTRACIÓN (MUJER 1):
Es solo por un tiempo.
Seis meses; hasta que te recuperes.
Para proteger.
Para ayudar.
(LA MADRE escucha absorta sentada en una silla, mirando al suelo. Mientras la MUJER 1 habla, la MUJER 2 acaricia a la madre como queriendo consolarla.)

EL PADRE (avanza):
¡Yo puedo cuidar de ellos!
¡Hay familia!
¡Hay casa!
¡No están solos!
(LA ADMINISTRACIÓN no lo mira; EL HOMBRE RUDO separa al PADRE de la escena.)

LA VOZ:
Las decisiones ya estaban escritas
antes de pronunciarse las palabras.
(LA MUJER 1 y LA MUJER 2 retiran las sillas. LA MADRE permanece inmóvil, EL PADRE intenta impedirlo, pero el hombre rudo lo detiene. No puede.)

LA VOZ:
Y así, sin gritos ni cadenas,
los hijos fueron separados de su madre y de su padre.

———————ESCENA IV – LA ELECCIÓN———————-

(Han pasado ya varios años: tres sillas aparecen juntas a un lado, tristes. Una silla pequeña queda aparte. Entra LA MUJER FAMOSA, exagerada, segura, teatral. En la escena también están LA MUJER 1 y LA MUJER 2.)

LA VOZ:
Y entonces apareció ella.
La que habla de justicia.
La que dice conoce el dolor…
siempre que no sea el suyo.

LA MUJER FAMOSA (histirónica, sobreactuada):
¡Quiero cuidar!
¡Quiero dar amor!
¡Quiero una niña!
(LA ADMINISTRACIÓN asiente. La silla pequeña es entregada.)

LA VOZ:
Y la niña fue arrancada también de sus hermanos.
Trasladada lejos.
Renombrada.
Reeducada en el olvido.

———————-ESCENA V – LA NIÑA

(LA NIÑA, ocupa la silla pequeña, y se hace preguntas para sí misma.)

LA NIÑA:
¿Por qué no puedo ver a mis hermanos?
¿Por qué no vivo con mi familia?
¿Por qué tengo que llamarla mamá?
(LA MUJER FAMOSA sonríe mientras se acicala en un espejo.)

LA VOZ:
Las preguntas no desaparecen.
Solo esperan.

—————————–ESCENA VI – LA ESPERA

(LA MADRE y EL PADRE frente a LA ADMINISTRACIÓN.)
LA MADRE (en primer plano, EL PADRE aguarda detrás de ella.):
Estoy bien.
Tengo trabajo.
Tengo fuerza.
Devuélvanme a mis hijos.
LA MUJER 1:
Falta un informe.
Falta tiempo.
Falta algo… ¡Psicóloga!
(LA MUJER 1 reclama a la MUJER 2 que le pase más informes, LA MUJER 2 le da más papeles.)

LA MUJER 1:
Lo ves…
No estás bien. Falta tiempo.
¡Siempre falta algo!
LA VOZ:
Así es, siempre falta algo,
cuando no se quiere devolver lo robado.

———————ESCENA VII – EL POR QUÉ———————

(Escenario casi desnudo. LA NIÑA, ahora adulta, frente a LA MUJER FAMOSA. La luz es dura, sin matices. La silla pequeña permanece al fondo, vacía.)

LA NIÑA:
Necesito saberlo.
Quiero la verdad.
¿Por qué no volví nunca a casa?
¿Por qué crecí lejos de mis hermanos?
¿Por qué mi madre se quedó al otro lado
como si hubiera hecho algo imperdonable?
(LA MUJER FAMOSA evita la mirada. Silencio tenso.)

LA NIÑA (insiste):
¿Por qué me cambiaron la vida
sin preguntarme?

LA MUJER FAMOSA (con voz firme, defensiva):
Porque aquí estás mejor.
Porque… saliste de la pobreza.
Porque ahora tienes oportunidades
que allí no habrías tenido.

LA NIÑA:
¿Mejor para quién?

LA MUJER FAMOSA:
Tienes estudios.
Tienes estabilidad.
No pasaste necesidades.
Yo te di todo eso…

LA NIÑA (elevando el tono):
¿A cambio de qué?

LA MUJER FAMOSA (alzando la voz):
A cambio de salvarte.
De sacarte de una vida limitada.
De ofrecerte algo más grande… ¡Estúpida desagradecida!
(Breve silencio.)

LA NIÑA (con voz rota, lamentosa, y exaltada):
¡¿Y por qué nadie me explicó
por qué mi madre no podía quererme
desde la tristeza?!
¡¿Por qué castigaron así su dolor?! ¡¿Qué ser humano abominable idea esto?!
¡¿Por qué su duelo se convirtió en una condena para todos?!
(La MUJER FAMOSA intenta tocarla. LA NIÑA se aparta.)

LA NIÑA (más fuerte):
¡¿Por qué me obligaron a llamarte madre
cuando ya tenía una?!
(Silencio.)

LA NIÑA (gritando):
¡¿Por qué?!
(Una pausa. Luego el “por qué” se repite, primero sola, luego acompañada.)

LA NIÑA (cada vez más desesperada):
¡¿Por qué?!
¡¿Por qué?!
¡¿Por qué?!
(Se suman voces en off, femeninas, maternales, corales.)

VOCES:
¡¿Por qué?!
¡¿Por qué?!
¡¿Por qué?!
(El “por qué” se convierte en un lamento colectivo, casi un rezo roto.)

LA VOZ (narrador, sentencia final):
Y no hubo respuesta.
Porque hay preguntas
que ningún privilegio puede silenciar.
Porque el dolor arrancado de raíz
no se compensa con comodidades.
Y porque algún día,
alguien tendrá que explicar
por qué el amor de una joven y humilde madre
fue considerado insuficiente.
(Oscuro final.)

FIN

A ver si me explico. Prohibir o limitar el acceso de los menores a las redes sociales no altera el reparto de poder económico. No pone en cuestión a las grandes plataformas tecnológicas, que ya veremos en la segunda parte cómo se pasan por el forro estas prohibiciones para saltárselas. Y ya puestos, viendo lo preocupados que están PP y PSOE por la salud y el bienestar de nuestros menores, bien podrían seguir preocupados para cuando cumplan la mayoría de edad, y que tengan acceso a una vivienda digna, a salarios decentes, sanidad, etc., etc. Pero no, no caerá esa suerte. Al bipartidismo español y a la política en general, no se les ocurre intentar afectar o limitar a los fondos de inversión que controlan el mundo, tampoco tocan o intervienen en el mercado de la vivienda, ni en el sistema laboral, ni en la estructura energética, no legislan contra las farmacéuticas, contra los lobbies alimentarios o contra la locura armamentística y ultrabelicista. En realidad no tienen nada para ofrecer a las nuevas generaciones que no sea un horizonte vital de precariedad permanente. Su intervención se limita así a actuar sobre un síntoma, que no afecta en absoluto al sistema que lo provoca, aprovechando que es moralmente vendible, políticamente barato y puede incluso gustar a mucha gente, en esta deriva neoconservadora en la que vivimos hoy.

Es una cuestión de incapacidad política, no hay más. El poder político, en especial es países como España, completamente vendidos al mercado (téngase en cuenta que en España apenas tiene peso el sector público en su economía, un porcentaje muy por debajo de la media europea, a años luz de países como Alemania, Francia, Suecia, Austria o Finlandia), no pueden -o no quieren- intervenir de verdad en el mercado de la vivienda porque chocaría con la especulación inmobiliaria y los grandes propietarios. Del mismo modo que no pueden controlar una sanidad crecientemente privatizada porque supondría enfrentarse a los grupos empresariales y farmacéuticas que dominan el sector de la salud. Como tampoco pueden recuperar la soberanía sobre la energía o el transporte, porque todo eso ya se vendió hace décadas.

Y es aquí donde el bipartidismo queda completamente desnudo, como el rey del cuento, y así hay que decirlo. Gobiernan solo sobre lo accesorio porque lo fundamental ya no está en sus manos. Regulan hábitos individuales al tiempo que aceptan como intocable un sistema económico que precariza, expulsa y empobrece. Se atreven a legislar sobre pantallas, pero no sobre el reparto del poder y la riqueza. Pero hay además un patrón más profundo que conviene señalar.

Y es que el sistema político actual, cobarde y rastrero como pocos, sí es capaz de entrar de lleno en la vida de las personas cuando son menores de edad o son débiles. Sí se atreve con los niños que aún son incapaces, con las familias humildes, con los sin hogar o con los ancianos. A ellos sí, les imponen lo que pueden ver, qué consumir, cómo se educan, con quién o en qué condiciones viven, o bajo qué tutela quedan. Puede prohibir, vigilar, intervenir, pueden separar. Y en nombre de la protección, el Estado demuestra una enorme capacidad de control y disciplinamiento, en especial sobre la infancia. Por eso legisla el acceso a las redes sociales, del mismo modo que controla la infancia a través del sistema de tutelas, administrando vidas infantiles como mercancía, con escaso control democrático y amplios márgenes de impunidad. Todo, justo hasta que cumplen 18 años. En ese instante simbólico se los arroja al mundo de la “libertad”, entonces, el sistema se retira de todo lo que realmente importa.

Hipocresía y paradoja se dan aquí la mano, en algo que no es accidental, es biopolítica, en el sentido preciso que lo formuló Michel Foucault: un poder que administra la vida, regula cuerpos y conductas, y decide cuándo intervenir y cuándo retirarse. La infancia es su terreno privilegiado, el espacio donde el control se legitima como cuidado. Pero la biopolítica -como hemos visto- tiene un límite muy claro: no actúa sobre las condiciones materiales de la existencia. Al alcanzar la mayoría de edad la persona deja de ser un sujeto a proteger y pasa a ser un sujeto a responsabilizar, y, en último caso, si no se “portan bien”, a perseguir, a criminalizar y a castigar. Esta es, queridos lectores, la libertad exigua que nos queda. Recuérdenlo cuando les hablen de ella todos esos adalides hoy tan de moda.

Foucault explicó con crudeza todo esto que hoy vivimos, anticipándose unas cuantas décadas. Nos presentó al Estado regulando la vida cuando todavía puede moldearla, y desentendiéndose de ella cuando debería sostenerla. Simone Weil fue todavía más lejos en este análisis, unas cuantas décadas antes que Foucault, cuando nos advirtió que la forma más eficaz de dominación no es la violencia directa, es el desarraigo resultante de privar a las personas de las condiciones materiales que les permiten habitar el mundo con dignidad (trabajo estable, vivienda, salud, comunidad), hasta convertir la libertad en una palabra vacía, limitada a la libertad del consumidor pasivo.

Y esto, lo que acaban de leer, si han conseguido acompañarme hasta aquí, es lo que se esconde detrás de esta nueva medida. El problema no son las redes sociales, es un sistema político que ha renunciado a garantizar las condiciones materiales mínimas para llevar una vida digna, y para disimular esa renuncia se refugia en la gestión moral de las conductas, como si con eso pudieran cambiar algo. Y esta hipocresía, esta gran mentira, cada vez más gente la percibe, la nota, sin necesidad de diseccionarla como yo lo he hecho, y reaccionan, aún sin saberlo. Por eso, frente al bipartidismo incapaz y mentiroso, hoy florecen corrientes aparentemente rebeldes, llamémoslas Vox, Alvise o como queramos. Pero cuidado, porque las opciones que hoy se presentan como alternativa, envueltas en una pose antisistema y una retórica de ruptura, no parecen tener tampoco intención alguna de ir contra la superestructura que genera los problemas. Se limitan a señalar chivos expiatorios convenientes -el diferente, el débil, el libertino, el ateo, el último de la fila- canalizando la rabia hacia los de abajo, siempre contra los de abajo, donde estamos la mayoría, para que nunca miremos hacia arriba. En serio, ¿ese es el cambio que quieren?

Eloy Cuadra, escritor y activista social.