Versus Sistema Contra el Sistema
A raíz de la última denuncia de la AR Lolo Dorta a propósito de una mujer a la que el Gobierno de Canarias tiene “secuestrada” y precaria desde hace 16 meses a través de la Fundación Pública FUCAS, después de que nuestra denuncia trascendiera en algunos digitales y radios y de que grabáremos algún vídeo censurado en algunas redes sociales, han contactado con nosotros algunas personas afectadas para comunicarnos nuevas irregularidades de FUCAS y a la par hemos ido descubriendo otras cuestiones de aparente gravedad. Por tal motivo hemos comunicado con la Consejera de Asuntos Sociales Candelaria Delgado, como máxima responsable de lo que ocurre en esta fundación y lo que les pasa a las personas discapacitadas en Canarias, hemos solicitado reunión urgente con ella y estamos a la espera de que nos contesten (se adjunta pantallazo del correo remitido).
A título informativo, para que todos y todas entiendan bien lo que está ocurriendo, es importante apuntar que la Ley 8/2021 promulgada en ese año cambió el paradigma en el tratamiento a las personas con discapacidad, pasando de estar tuteladas a otra modalidad llamada curatela, donde se prima la autonomía de las personas curateladas para que puedan valerse por sí mismas y administrar su economía, su salud y su vida de la manera más libre y autónoma posible. Con esta nueva ley como referente, lo que estamos observando con la Fundación FUCAS es que parece que viven todavía en los tiempos en los que esta ley no existía.
A continuación resumimos algunas de las actuaciones observadas que pudieran no ajustarse a la legalidad:
I.-En primer lugar incidimos en el caso de María Arantzazu, una señora de Arona (Tenerife) bien formada profesional e intelectualmente, con una pensión que supera los 2000 euros, con vivienda propia y con informes facultativos ya antiguos que demuestran que está perfectamente capacitada para valerse por sí misma en todo. Con estos antecedentes la señora lleva más de un año viviendo con los 800 euros que le pasan desde FUCAS en un sobre en mano sin recibo ninguno (del resto de su pensión una parte se supone que va para pagar recibos domiciliados, pero queda un remanente de aproximadamente 550 euros que no se sabe dónde están). A la par la señora ha dejado de recibir en su cuenta su pensión durante seis meses, dado que desde FUCAS se cambió el titular de su cuenta sin su consentimiento para poner como titular al director de FUCAS, y el banco no admitía la pensión en la cuenta de otra persona. Por este motivo ha tenido problemas para hacer frente a sus domiciliaciones debiendo pedir dinero prestado a amigos o aportarlo ella misma. También lleva desde mayo del año pasado esperando a que la llamen del Instituto de Medicina Legal para evaluar su situación de salud y decretar su lógica libertad, pero ese trámite, como todo su expediente judicial, están parados. La señora María Arantzazu ha denunciado su caso pidiendo ayuda a la Diputada del Común pero la señora Lola Padrón ha rechazado ayudarla; también ha escrito numerosos correos a FUCAS pidiendo explicaciones y soluciones, y desde hace meses todos los correos que envía a FUCAS los remite también a la Consejería de Asuntos Sociales, pero ni la Fundación ni la Consejería contestan y no le solucionan absolutamente nada. En su desesperación, insistiendo en remitir correos pidiendo respuesta y solución, el colmo del absurdo, la abogada que está encargada de llevar su curatela económica en FUCAS ha denunciado a la señora María Arantzazu y a su hijo por un supuesto delito penal de acoso, aportando a la denuncia datos que no debería por ser datos personales de especial reserva. Y es el colmo del absurdo porque nunca se ha visto que la persona encargada de cuidar de otra persona discapacitada la denuncie penalmente, es como si la señora abogada de FUCAS se estuviera denunciando a sí misma mostrando su incapacidad para llevar bien la curatela de María Arantzazu, hasta el punto de haberla llevado a esos extremos de desesperación.
A día de hoy la señora María Arantzazu sigue luchando por su libertad, ha tenido que contratar a una abogada privada para su defensa que le supone gastos que tendrá difícil asumir, y entretanto su salud se deteriora después de tantos meses de secuestro, de abusos y de no encontrar ayuda prácticamente en ninguna administración u organismo. Así las cosas, en la AR Lolo Dorta tememos seriamente por lo que pueda pasarle a María Arantzazu si no se soluciona su situación en breve y se la libera.
II.-Relacionado con lo que le sucede a María Arantzazu, hemos recibido una denuncia de un familiar de una persona curatelada por FUCAS en Tenerife, donde el familiar afirma que han desaparecido 5.000 euros de la cuenta de la persona curatelada por FUCAS y que mantienen a su familiar con limitaciones. A falta de recabar más datos adjuntamos pantallazo, donde literalmente se lee: Estamos en la misma situación y con la misma fundación en Tenerife, tienen la tutela de mi hermano pero mi hermano convive con nosotros y ellos gestionan el dinero de él a sus anchas sin darnos nada. Aparte de quitarnos de su cuenta de ahorros 5000 euros que no nos quieren devolver por más reclamos que hemos hecho.
III.-También nos preocupa la situación laboral de los trabajadores y trabajadoras de FUCAS y el subsiguiente deterioro del servicio que se presta en la Fundación, ya que por distintas vías nos están llegando informes que pudieran indicar malas condiciones laborales y asistenciales. Así, en el diario La Provincia de fecha 19 de septiembre de 2022 leemos los siguiente: Los trabajadores de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (Fucas), dependiente de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias llevan meses de lucha para hacerse oír ante lo que consideran unas condiciones precarias y que no se ajustan a la realidad del sector. Denuncian que a finales de año 34 de los 102 trabajadores que conforman la plantilla serán despedidos si no se toman medidas antes. De momento, han remitido escritos a las consejerías de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y a Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos sin que hayan recibido una respuesta. También se han dirigido al Diputado del Común para informarle del caso.
Según la información disponible en el Portal de Transparencia de la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (FUCAS), las condiciones laborales de su personal están reguladas por el XV Convenio Colectivo de Centros y Servicios de Atención a Personas con Discapacidad que data de 2019, no habiendo por tanto datos que apunten a la firma de un nuevo convenio mejorado.
En la misma línea, preocupante, de mermas en la calidad del servicio, hemos tenido acceso a una licitación de FUCAS para un puesto de auxiliar sanitario para el que concurren dos empresas. Con igual puntuación de ambas en casi todo, FUCAS opta por seleccionar a la empresa que concurría al puesto por 4.000 euros menos que la otra empresa, en lo que pudiera ser una baja temeraria que redundaría en una mala calidad del servicio, cuando además la empresa seleccionada no se dedica al sector sanitario y tiene un amplio historial de irregularidades, impagos y denuncias laborales que se pueden ver perfectamente en la prensa con una simple búsqueda. ¿Por qué contrata la Administración Pública a empresas tan lamentables?
Y estos son solo algunos apuntes (también observamos posibles irregularidades en materia de riesgos laborales, de protección de datos, de equipamientos, de gastos o de contratación de personal), que nos vemos obligados a denunciar y a poner en conocimiento de la población y de las autoridades, puesto que no se trata de una fundación privada (caso Fundescan), estamos hablando de una fundación pública de la que participamos todos. En la AR Lolo Dorta, comprometidos tanto con la transparencia como con la ética en la gestión de la información, por respeto a los procedimientos legales, para no entorpecer posibles investigaciones futuras, no creemos conveniente divulgar detalles específicos y otras cuestiones graves en este momento. Nuestra prioridad es garantizar que se tomen las medidas adecuadas para esclarecer estos hechos y asegurar el correcto funcionamiento de las instituciones públicas, empezando por la situación desesperada y angustiante de María Arantzazu.
De nuevo, los medios de comunicación tienen oportunidad de informar de un asunto grave que pudiera estar afectando a más de 1.200 personas curateladas en Canarias. Somos conscientes de que la mayoría se deben al político que los ampara o al empresario que les paga, pero apelamos a la ética periodística profesional y al honor y la nobleza que debería caracterizar el buen periodismo en Canarias.
Rogamos máxima difusión.
3 de abril, en Santa Cruz de Tenerife,
ACAMPADA REIVINDICATIVA LOLO DORTA
